Aliviar la crisis humanitaria y la vuelta de Venezuela al mercado petrolero: las claves del nuevo acuerdo entre Gobierno y oposición

El Gobierno y la oposición de Venezuela se volverán a sentar este fin de semana en Ciudad de México con un acuerdo sobre la mesa que ha sido negociado sigilosamente durante meses en Caracas. El pacto se concentra en aliviar las consecuencias sociales de la crisis humanitaria que ha azotado a Venezuela y se aleja de momento de cuestiones políticas, que siguen en discusión entre ambas partes, según ha podido saber EL PAÍS de cuatro fuentes...

El Gobierno y la oposición de Venezuela se volverán a sentar este fin de semana en Ciudad de México con un acuerdo sobre la mesa que ha sido negociado sigilosamente durante meses en Caracas. El pacto se concentra en aliviar las consecuencias sociales de la crisis humanitaria que ha azotado a Venezuela y se aleja de momento de cuestiones políticas, que siguen en discusión entre ambas partes, según ha podido saber EL PAÍS de cuatro fuentes al tanto de las negociaciones de todas las partes implicadas.

La intención es rubricar en público lo acordado en privado y así relanzar, de cara a la comunidad internacional, el diálogo. Y que todo esto sirva para poder llegar a acuerdos en materia política, es decir, garantías en la celebración de elecciones en 2024. En paralelo hay otra negociación, mucho más discreta si cabe: la que mantiene el Gobierno de Estados Unidos con el de Venezuela para volver a incorporar a Venezuela al mercado petrolero. Las fuentes consultadas dan por hecho que la Administración de Joe Biden dará una nueva licencia para que Chevron explote petróleo pesado y liviano en Venezuela. En caso de avanzar en México, Estados Unidos estudiaría rebajar las sanciones a los jerarcas del chavismo.

El Gobierno de Venezuela —con el liderazgo de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional— y la oposición mayoritaria, con Gerardo Blyde a la cabeza, iniciaron una ronda de negociaciones en México en agosto del año pasado, con la mediación de Noruega. Los contactos formales habían estado precedidos por conversaciones a decenas de bandas, más o menos secretas, que acabaron por naufragar cuando los representantes del Gobierno se levantaron de la mesa tras la extradición de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro, a EE UU. En los meses que siguieron hubo varios intentos de retomar la vía del diálogo y ciertos canales informales de comunicación permanecieron abiertos de forma intermitente.

No obstante, las conversaciones fueron “reimpulsadas”, según el término en el que coinciden varias fuentes, por Estados Unidos en marzo pasado, unos días después de que estallara la guerra de Ucrania y las preocupaciones geopolíticas de Washington se dispararan. Fue ese mismo mes cuando Maduro reconoció en un mensaje televisado que se había reunido con altos funcionarios estadounidenses en un ambiente “respetuoso, cordial y muy diplomático”. “Hemos acordado trabajar en una agenda desde el respeto y la esperanza del mundo, para así poder avanzar una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de la región”, dijo.

Relajar la tensión con Washington

En medio de las sanciones que Washington amagaba con imponer al petróleo y el gas de Rusia, se abrió también la posibilidad de normalizar las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos y poco después se anunció un canje de prisioneros. Entre los funcionarios estadounidenses que acudieron a la reunión en el Palacio de Miraflores se encontraban Juan González, asesor especial de la Casa Blanca para asuntos latinoamericanos; James Story, embajador para Venezuela, y Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes de Estados Unidos. Washington entendía que si destensaba las relaciones con la Venezuela de Maduro y buscaba vías para reincorporar a su régimen en el sistema internacional podía alejarlo del Kremlin y del Gobierno de Irán.

Las líneas rojas de la negociación quedaron claras tras el diálogo fugaz por México. Los enviados de Maduro buscaban recuperar el acceso a los activos que tenían congelados en el extranjero y que no podían usar para afrontar la crisis económica, así como la posibilidad de flexibilizar las sanciones de EE UU al petróleo venezolano y obtener nuevas licencias. La oposición quería garantías democráticas, como observadores internacionales en las elecciones, la liberación de presos y condiciones para competir con sus partidos por cargos públicos.

Las fuentes conocedoras del proceso apuntan que es evidente que Estados Unidos también está interesado en retomar los lazos comerciales para el petróleo de Venezuela, el segundo país del mundo por el volumen de reservas probadas de crudo. Según las fuentes consultadas, Estados Unidos dará una nueva licencia a Chevron para que explote crudo venezolano, una medida que se extenderá a otras multinacionales, como Repsol o Eni. La oposición ve con buenos ojos la vuelta de Venezuela al mercado internacional del petróleo y así tratar de rebajar la importancia que ahora tienen las relaciones con países como Irán, Rusia o Turquía.

Las dos negociaciones, en definitiva, corren en paralelo. Los diálogos entre los actores locales se retomaron antes del verano en una urbanización de Caracas. Ahí, decenas de veces, se fueron reuniendo los delegados de ambas partes para ir dando forma a la agenda que, bajo el auspicio de Noruega, país experto en resolución de conflictos, se había fijado.

El llamado “acuerdo social” que se presentará en México busca mandar el mensaje de que se puede avanzar en la consecución de una solución negociada. Estados Unidos también busca una admisión implícita del Gobierno de Maduro de que la crisis es real. Uno de los aspectos de ese acuerdo será la creación de un fondo de unos 3.000 millones de dólares, que será gestionado por organismos dependientes de la ONU, para facilitar el acceso a la salud, medicamentos y alimentos.

Los tiempos de la negociación siguen cursos diametralmente opuestos. Las personas cercanas al proceso aseguran que Maduro no tiene prisa por firmar un acuerdo global. Estados Unidos, en cambio, tiene plazos más acotados. De hecho, varias fuentes han afirmado por separado que hubo una pausa en los diálogos por la celebración de las elecciones intermedias del pasado 8 de noviembre. La ventana que ve la Administración de Biden se extiende hasta enero, en el inicio de la nueva legislatura estadounidense y ante la llegada inminente de una mayoría republicana, de línea más dura contra el chavismo, a la Cámara baja. La aparición de varios trumpistas al frente de comités y subcomités del Congreso dificulta la posibilidad de flexibilizar las sanciones sobre el Maduro y anticipa un mayor escrutinio y rechazo a negociar. Tras el anuncio oficial de que se retomará el diálogo en México, el Gobierno y la oposición de Venezuela intentarán una vez más encontrar una salida negociada a una crisis que se ha extendido por años.

El papel de la comunidad internacional, más allá de Estados Unidos, ha sido determinante para impulsar estos diálogos. Junto a Noruega, Francia ha sido el país europeo que más ha impulsado y facilitado las conversaciones, incluso alojando a diplomáticos de Estados Unidos en la embajada en Caracas, según dos fuentes al tanto de las conversaciones. La llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia y el restablecimiento de relaciones entre Caracas y Bogotá también ha servido de impulso, unido al papel de México, que ha estado encima de todos los avances desde que se habló por primera vez de un posible diálogo.

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