La OEA aprueba una investigación externa a su secretario general sobre su relación con una empleada
Un denunciante anónimo acusa a Luis Almagro de haber ascendido arbitrariamente a su pareja para convertirla en su asesora personal
El Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha aprobado este viernes casi por unanimidad la apertura de una investigación externa a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, para determinar si incurrió en una supuesta “conducta indebida” en su relación sentimental con una empleada de la institución.
En la sesión en la sede de la OEA en Washington, la resolución presentada por Uruguay y Antigua y Barbuda y denominada “Auto...
El Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha aprobado este viernes casi por unanimidad la apertura de una investigación externa a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, para determinar si incurrió en una supuesta “conducta indebida” en su relación sentimental con una empleada de la institución.
En la sesión en la sede de la OEA en Washington, la resolución presentada por Uruguay y Antigua y Barbuda y denominada “Autorización para que una empresa externa investigue las acusaciones contra el Secretario General” recibió el sí de treinta países y la abstención de otros dos, Belice y Haití. Un último país, Granada, no se encontraba presente en la reunión.
La empresa que quede seleccionada para completar la pesquisa tendrá tres meses a partir de su contratación para elaborar un informe que presentará a la presidencia del Consejo Permanente.
La saga había comenzado en junio, cuando la OEA recibió en un correo electrónico una denuncia anónima en la que se acusaba a Almagro de haber promocionado de manera indebida a una funcionaria con la que mantenía una relación sentimental. La empleada había pasado de ocupar un cargo intermedio en la institución a convertirse en asesora principal del dirigente.
En octubre, un periodista publicó una noticia en la que se refería el caso e incluía detalles. Almagro, de 59 años, indicó que había informado a la oficina del inspector general de la organización sobre la denuncia anónima. La oficina indicó que el acusador desconocido no había aportado detalles que justificaran una investigación. Pero sí encontró que los detalles aportados por el periodista merecían una pesquisa, y recomendó que se encargara a una compañía ajena a la institución.
El denunciante anónimo acusa en su correo a Almagro de haber mantenido “una relación personal íntima con una funcionaria” mexicana, y de haberla ascendido, “súbitamente y sin concurso, de un puesto de nivel medio a asesora principal”.
Almagro reconoce la existencia de la relación sentimental, públicamente conocida en los círculos de la OEA, con la politóloga mexicana Marian Vidaurri, pero niega que cometiera ninguna acción indebida o que violara los códigos éticos de la institución. Tras el voto del Consejo Permanente, el secretario general tomó la palabra para “confirmar y superconfirmar” la existencia del vínculo amoroso, conocido por “prácticamente todos”, que duró cerca de tres años -”personalmente, quizá los mejores de mi vida”- y finalizó hace varios meses. E insistió en que apoya la resolución y que la investigación dé “el mejor resultado con fruto”.
El código ético de la OEA estipula que sus trabajadores “no deberían consentir que ninguna relación íntima con otro miembro del personal o colaborador interfiera en el ejercicio de sus funciones ni represente un obstáculo para otros en el puesto de trabajo”.
Almagro también será investigado por otra acusación del denunciante anónimo, que sostiene que el alto funcionario no protegió adecuadamente y despidió a una exempleada doméstica que trabajaba en la residencia oficial de la OEA y que había sido agredida por la exesposa del secretario general. La pesquisa deberá determinar si Almagro tenía conocimiento de esos supuestos abusos y la causa del despido de la trabajadora.
El actual secretario general de la OEA, que llegó al cargo en 2015, ha atravesado otras polémicas durante su mandato. Naciones como México o Argentina han pedido su renuncia. Una corte de la organización determinó que Almagro había causado “daños morales, personales y profesionales” al brasileño Paulo Abrao por sus declaraciones cuando decidió no renovar el mandato del activista al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobada por unanimidad siete meses antes. El alto funcionario uruguayo justificó entonces su decisión al asegurar que defendía los interereses de los empleados que habían presentado quejas por supuesto favoritismo y conflictos de interés contra Abrao y la CIDH.
El caso abierto ahora contra Almagro evoca lo ocurrido en otra institución con sede en Washington y de interés latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estadounidense Mauricio Claver-Carone, presidente de esta entidad, fue destituido en octubre después de que una investigación determinara que había mantenido una relación sentimental con una empleada del banco, a la que otorgó un trato de favor.
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