El FBI registró la mansión de Donald Trump sin conocimiento de Biden, según la Casa Blanca

El FBI registró la mansión de Donald Trump en Florida sin conocimiento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según sostiene la Casa Blanca. La portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, ha asegurado este martes que pese a lo delicado y excepcional de la actuación, el Departamento de Justicia no informó previamente a Biden. El registro ha provocado un terremoto político que puede condicionar tanto las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre como ...

El FBI registró la mansión de Donald Trump en Florida sin conocimiento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según sostiene la Casa Blanca. La portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, ha asegurado este martes que pese a lo delicado y excepcional de la actuación, el Departamento de Justicia no informó previamente a Biden. El registro ha provocado un terremoto político que puede condicionar tanto las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre como las presidenciales de 2024 y que está agravando la polarización política en todo el país.

“No. El presidente no fue informado, no estaba al tanto. Nadie en la Casa Blanca fue avisado” ha dicho Jean-Pierre. Por increíble que aparezca, la Casa Blanca asegura que Biden se enteró del registro por las noticias como un ciudadano más. Y ha declinado hacer comentarios sobre la actuación: “El Departamento de Justicia lleva a cabo sus investigaciones de forma independiente y dejamos en sus manos cualquier asunto relacionado con la aplicación de la ley. No sería apropiado que comentáramos ninguna investigación en curso”, ha dicho la portavoz.

Jean-Pierre ha dado este martes su rueda de prensa diaria después de que durante todo el día ni la Oficina Federal de Investigación (FBI) ni el Departamento de Justicia hayan dado explicación algunas sobre las razones del registro efectuado en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida) por agentes federales. El FBI se ha atenido a su política habitual de no dar explicaciones sobre investigaciones en curso, aunque este no sea un caso cualquiera.

Por ahora hay más incógnitas que certezas, pero han ido trascendiendo algunos detalles de la investigación, que se centra en el manejo de documentos, entre ellos papeles secretos, por parte de Trump. La ley considera de propiedad pública los informes, documentos e incluso notas manuscritas que los presidentes manejan en el ejercicio de su cargo y les obliga a entregarlos a los Archivos Nacionales al cesar.

Trump incumplió inicialmente esa obligación. En mayo de 2021, el personal de los Archivos Nacionales se dirigió al ya expresidente para interesarse por documentación que no había entregado. En paralelo, la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 reclamó a Trump la entrega de esos escritos, y el expresidente impugnó judicialmente esa orden. El Tribunal Supremo rechazó su petición de mantener en su poder los documentos.

En enero de 2022, ante la amenaza de actuaciones más drásticas, Trump entregó 15 cajas con documentos. Entre ellos se encontraron cartas del líder norcoreano Kim Jong-un y la nota que le dejó su antecesor, Barack Obama, en su último día en el Despacho Oval. Además, había documentos clasificados como secretos, según comunicó al Congreso la oficina de los Archivos. En febrero trascendió que los Archivos habían pedido al Departamento de Justicia que abriese una investigación.

Ahora se ha sabido que agentes federales acudieron la primavera pasada a Mar-a-Lago, se reunieron con abogados de Trump y pidieron que les mostrasen si el expresidente conserva aún documentos presidenciales y dónde los tenía. En esa visita, cuatro investigadores se reunieron con dos abogados de Trump. El propio expresidente estaba por entonces en su mansión y les saludó. Los agentes comprobaron que Trump aún tenía registros y pidieron que se mantuvieran bien custodiados, según han afirmado los medios estadounidenses.

Aparentemente, a ese proceso se refería Trump este lunes en el comunicado en que dio a conocer que su mansión estaba siendo registrada. “Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, afirmó Trump en el comunicado en que compraba disparatadamente ese registro con autorización judicial con el espionaje al Partido Demócrata del caso Watergate.

La legislación penal estadounidense castiga a quien “oculta, elimina, mutila, borra, falsifica o destruye voluntaria e ilegalmente” documentos federales bajo su custodia con penas que van de multa a tres años de prisión y con inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Otra norma castiga con penas de uno a cinco años a quienes se apoderan o destruyen documentos clasificados. Trump no era nada escrupuloso en la materia pese a la dura campaña que había emprendido contra Hillary Clinton antes de las elecciones de 2016 por el uso de una cuenta de correo privada para asuntos oficiales. La antigua portavoz de Trump, Stephanie Grisham, ha reconocido este martes en la CNN ese manejo inapropiado de documentos y registros.

La última revelación muestra fotografías de notas supuestamente manuscritas por el expresidente tiradas al retrete. Antes, durante sus años de mandato, numerosas informaciones señalaron que Trump rompía informes, documentos y memorandos después de leerlos y los empleados de la Casa Blanca tenían que ir por detrás recomponiéndolos con cinta adhesiva.

Los Archivos confirmaron a principios de año a través de un comunicado que entre la documentación devuelta se incluían papeles que habían sido rasgados por el expresidente Trump, de los que algunos estaban pegados y de otros solo quedaban pedazos. En la misma nota se señalaba que, aparte de las 15 cajas, el personal de Trump seguía buscando documentos pendientes de entregar. La investigación abierta al respecto ha desembocado en la operación del lunes.

No obstante, se desconoce qué documentos estaban buscando los agentes del FBI en su registro de este lunes y por qué lo han realizado ahora y algunos cuestionan que ese manejo inapropiado de los registros sea suficiente para justificar una actuación sin precedentes como la realizada. Para lograr la orden judicial, es necesario mostrar al juez indicios de delito y convencerle de que no hay otra forma de conseguir las pruebas menos dañosa que una entrada en un domicilio privado, más aún si cabe tratándose de un expresidente.

Los republicanos y los seguidores de Trump piden explicaciones sobre el registro y han criticado la actuación como una instrumentalización de la justicia propia de un estado policial. Incluso Mike Pence, que fue vicepresidente con Trump, pero que se ha distanciado de él se unió a la solicitud. El fiscal general, dijo, “debe dar completa cuenta al pueblo estadounidense de por qué se ha efectuado esta actuación y debe hacerlo inmediatamente”.

El expresidente ha difundido este martes en su red social el vídeo con el que fue presentado en el congreso conservador del pasado sábado, en el que hace un retrato apocalíptico de Estados Unidos con un tono de campaña electoral que parece indicar que quiere optar a la presidencia de nuevo en 2024.

Biden, mientras, ha comparecido esta mañana para firmar la ley que impulsa la producción de microprocesadores en Estados Unidos, uno de sus recientes triunfos legislativos en el Congreso. Su discurso se ha visto deslucido por una tos persistente que le ha obligado a interrumpirlo en varias ocasiones. El presidente ha pronunciado una declaración sobre la ley sin admitir preguntas ni hacer ningún comentario en relación con el registro de Mar-a-Lago. Después, ha vuelto a aparecer para firmar los documentos de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero tampoco se ha salido del guion. La buena racha reciente de Biden se ha visto eclipsada de golpe por el registro de Mar-a-Lago.

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