El Senado de Estados Unidos aprueba la ley fiscal, climática y sanitaria de Biden

Joe Biden madrugó este domingo y salió de la Casa Blanca con una amplia sonrisa. “Me siento genial”, dijo mientras se dirigía al Marine One, camino de su casa en la playa, en Reboboth (Delaware). El test de antígenos había vuelto a dar negativo. El presidente de Estados Unidos abandonaba el aislamiento por la covid, pero además veía encarrilada su ley estrella, que incluye medidas fiscales, contra el cambio climático y ...

Joe Biden madrugó este domingo y salió de la Casa Blanca con una amplia sonrisa. “Me siento genial”, dijo mientras se dirigía al Marine One, camino de su casa en la playa, en Reboboth (Delaware). El test de antígenos había vuelto a dar negativo. El presidente de Estados Unidos abandonaba el aislamiento por la covid, pero además veía encarrilada su ley estrella, que incluye medidas fiscales, contra el cambio climático y de rebaja del precio de las medicinas. “Creo que se va a aprobar”, dijo. Así ha sido. En una votación muy ajustada, y tras algunos retoques de última hora, el Senado ha dado vía libre a la norma, que ahora debe ser votada por la Cámara de Representantes. Supone una baza importante para Biden a solo tres meses de las elecciones legislativas de mitad de su mandato.

Los senadores se han pasado el primer fin de semana de agosto encerrados en el Capitolio. Tras una sesión maratoniana de enmiendas que se ha prolongado durante toda la noche del sábado y hasta la tarde del domingo, el pleno de la Cámara Alta ha votado la llamada Ley de Reducción de la Inflación, una denominación que responde más a una estrategia política que al contenido de la norma. Entre bostezos y caras de sueño, tras cerca de 30 horas de sesión, la vicepresidenta, Kamala Harris, ha roto el empate de un Senado dividido con 50 republicanos y 50 demócratas.

La norma, que aspira a movilizar unos 430.000 millones de dólares en 10 años y a generar ingresos por unos 740.000 millones, queda lejos de las ambiciones del plan inicial de Biden, el Build Back Better, de 3,5 billones. Una versión algo descafeinada del plan inicial llegó a ser aprobada por la Cámara de Representantes en noviembre pasado, pero naufragó en el Senado por el rechazo del senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin.

Bernie Sanders, uno de los senadores más izquierdistas de su partido, ha criticado en el debate de la nueva ley que se hayan dejado fuera gran parte de las medidas de aquel plan, que extendía el Estado del bienestar con guarderías gratis, permisos por maternidad y para cuidado de enfermos y otras ayudas. Sanders ha presentado sus propias enmiendas, pero se ha quedado solo, pues incluso los demócratas que estarían dispuestos a apoyarla son conscientes de que han llegado hasta donde ha sido posible.

El líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer, negoció en secreto el apoyo de Manchin, que ha pillado por sorpresa a los republicanos. Schumer también hizo concesiones a la senadora de su partido por Arizona, Kyrsten Sinema, otra demócrata díscola que no terminaba de dar su apoyo. Sinema ha impedido que se elimine un coladero fiscal que favorece a los ejecutivos de los fondos especulativos y las firmas de capital riesgo. Y a última hora ha librado a muchas empresas controladas por esas firmas del tipo mínimo en el impuesto de sociedades y ha puesto por momentos en peligro la aprobación de la ley. Cuando otra enmienda para compensar la recaudación perdida ha despejado el camino, Schumer ha podido cantar victoria. “Ha sido un camino largo, duro y sinuoso”, ha reconocido. Tras la votación, estaba exultante: “Esta ley va a cambiar Estados Unidos por décadas”, proclamó, acaso algo exageradamente.

Previamente, la llamada parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, una especie de letrada mayor que vela por los procedimientos de la Cámara Alta, también había sacado la tijera y eliminado de la ley la disposición que impedía a las farmacéuticas subir los precios a un ritmo superior al de la inflación. Según su criterio, esa norma no encajaba en la vía rápida de la reconciliación presupuestaria, el camino usado para aprobar la ley y que requiere de mayoría simple y no de los 60 votos necesarios para desbloquear una ley ordinaria. Por esa misma razón, y por la falta de apoyo republicano para llegar a los 60 votos, se ha quedado fuera de la ley una limitación al precio de la insulina.

Aunque venida a menos, la ley sigue siendo una reforma de calado que da a Biden algo de oxígeno a tres meses de las elecciones legislativas que afrontaba con su popularidad por los suelos.

La norma permite movilizar inversiones récord para hacer frente al calentamiento global. Son unos 369.000 millones de dólares (unos 362.300 millones de euros) en gastos e incentivos fiscales en 10 años para impulsar las energías limpias con el objetivo de reducir en un 40% para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero.

Es menos que el objetivo del 50% al que Biden se comprometió, pero resulta todo un alivio tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha socavado el poder de la agencia medioambiental para limitar las emisiones y ponía en entredicho la credibilidad de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. La ley, en todo caso, no limita las emisiones, así que su efecto dependerá de los precios de las diferentes fuentes de energía. Si se abaratasen los combustibles fósiles, la transición energética probablemente se frenaría.

La norma incluye una reforma fiscal para las grandes empresas. Establece un impuesto mínimo del 15% para las compañías que declaren en sus cuentas un beneficio de más de 1.000 millones de dólares, pero que utilizan deducciones, créditos fiscales y otras maniobras de ingeniería fiscal para reducir sus tipos impositivos e incluso librarse de pagar impuestos sobre beneficios. Inicialmente, la norma también aplicaba ese tipo mínimo a empresas controladas por firmas de inversión que individualmente no superaban los 1.000 millones de ganancias, pero sí lo hacían en conjunto. Sin embargo, Sinema y otros seis senadores demócratas han apoyado una enmienda republicana para impedirlo.

El otro aspecto clave de la ley es la rebaja del precio de los medicamentos con receta, en especial para los beneficiarios de Medicare, el seguro público para los mayores de 65 años, principalmente. La norma fija un límite por el que los beneficiarios de Medicare no podrán pagar más de 2.000 dólares anuales en fármacos, lo que favorecerá sobre todo a aquellos con enfermedades crónicas o muy graves. Además, por primera vez, Medicare podrá negociar directamente con las grandes farmacéuticas los precios de los medicamentos, lo que se espera que redunde en una rebaja. Eso, sin embargo, no se aplicará a todos los medicamentos y no entrará en vigor hasta 2026, de modo que la ley de Reducción de la Inflación no servirá para reducir la inflación ahora, que está en su máximo en cuatro décadas.

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