Crece la presión internacional por el operativo del Ejército en Colombia que dejó civiles muertos
La CIDH y la ONU llaman al Gobierno de Duque a investigar por qué lanzó la operación en una fiesta con decenas de personas. El Ejército ha justificado la muerte de una mujer embarazada y un menor
A dos semanas y media de un operativo del Ejército colombiano en Putumayo que dejó 11 muertos, entre ellos varios civiles, crece la presión internacional para que el Gobierno de Iván Duque aclare e investigue una operación que terminó en masacre. Entre los fallecidos, que estaban en una fiesta local, hay una mujer embarazada, un menor de edad y el gobernador de un pueblo indígena.
“Según el Derecho Internaciona...
A dos semanas y media de un operativo del Ejército colombiano en Putumayo que dejó 11 muertos, entre ellos varios civiles, crece la presión internacional para que el Gobierno de Iván Duque aclare e investigue una operación que terminó en masacre. Entre los fallecidos, que estaban en una fiesta local, hay una mujer embarazada, un menor de edad y el gobernador de un pueblo indígena.
“Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”, aseguró este miércoles la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia al recomendar que se tomen “todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso”.
Después de una visita a la zona, la ONU constató que en el operativo “se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres. Como resultado de la operación militar y del uso de la fuerza letal en Alto Remanso resultaron muertas unas 11 personas y cinco más quedaron heridas”. Las voces que exigen una investigación exhaustiva se escucharon también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York.
La incursión militar del 28 de marzo en la vereda El Alto Remanso, una población rural ubicada en la frontera entre Colombia y Ecuador, fue presentada por el Ejército como un éxito contra las disidencias de las FARC, grupos armados que surgieron tras el acuerdo de paz con el Estado firmado en 2016. El presidente Iván Duque afirmó que habían “neutralizado a 11 criminales de las disidencias” y habían capturado a cuatro más. Con el transcurso de los días, y tras las denuncias de pobladores y medios de comunicación, se supo que entre los muertos había civiles y la Fiscalía confirmó que nunca hubo capturados.
Una decena de testimonios recogidos por EL PAÍS en Putumayo, una zona con presencia de cultivos de hoja de coca, indican que había civiles y combatientes entre los muertos. Las imágenes obtenidas por este diario demuestran que al menos un cuerpo, el del menor de edad Brayan Santiago Pama, fue manipulado y movido del lugar donde cayó. En una de las imágenes el cuerpo aparece en un bote, sin armas, y en otra ya se le ve con un fusil puesto sobre su cuerpo. El hecho ha recordado a los falsos positivos, como se llamó en el país a los cerca de 6.402 asesinatos de civiles a manos de militares, jóvenes de barrios pobres o campesinos que eran disfrazados de combatientes y presentados como bajas en combate por parte del Ejército.
El presidente Duque y la cúpula militar han cerrado filas en torno a su versión, mantienen que los 11 muertos en Putumayo eran combatientes y que el bazar comunitario era un espacio para comprar coca. “No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes”, justificó el jefe del Ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, aunque estos no son blancos legítimos. De acuerdo con varias fuentes, la mujer murió desangrada porque no recibió primeros auxilios durante una hora y media.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también llamó al Gobierno a “brindar información clara, especialmente, sobre la cantidad de personas fallecidas, heridas, capturadas y desaparecidas” durante el operativo militar e instó también a hacer investigaciones “bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas”.
El ministro de Defensa, Diego Molano, deberá comparecer ante el Congreso para responder a las inconsistencias del operativo, un plan militar cuyo objetivo era la captura de alias Bruno, que no se logró. También tendrá que explicar por qué los hombres del Ejército, según la comunidad, se presentaron vestidos de negro, sin identificarse, dispararon contra un bazar donde había civiles y manipularon la escena.
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