Castillo decreta el estado de emergencia en Lima y la gente no podrá salir a la calle

Pedro Castillo ha decretado el estado de emergencia en Lima para este martes, que impide a las personas salir de sus domicilios y transitar, excepto si trabajan en servicios esenciales. El transporte no opera hoy, a excepción de la única línea de Metro existente, y miles de personas que no se enteraron de la medida caminan por las calles intentando retornar a sus casas o llegar al trabajo. El presidente de Perú toma esta decisión en medio de...

Pedro Castillo ha decretado el estado de emergencia en Lima para este martes, que impide a las personas salir de sus domicilios y transitar, excepto si trabajan en servicios esenciales. El transporte no opera hoy, a excepción de la única línea de Metro existente, y miles de personas que no se enteraron de la medida caminan por las calles intentando retornar a sus casas o llegar al trabajo. El presidente de Perú toma esta decisión en medio de las protestas de transportistas y agricultores por el alza de precios y los rumores de saqueos en la capital. La Defensoría del Pueblo ha calificado la medida de “inconstitucional por la ausencia de una debida motivación” y desproporcionada.

Castillo se encuentra en el peor momento en sus ocho meses de gestión. La tarde del martes se reunirá con la junta de portavoces del Congreso para discutir salidas a la enésima crisis política que afronta. Cerca del 75% de la población tiene en Perú una ocupación informal, y desde mediados de 2021, el costo de vida se ha incrementado debido a una mayor la inflación y el alza de precios de productos que dependen de insumos importados como el maíz para la crianza de los pollos, los fertilizantes y los combustibles. El Gobierno de Castillo llegó al poder ofreciendo créditos baratos para la agricultura familiar -que atraviesa una crisis por deudas- y medidas para los transportistas, que pedían, entre otras cosas, la revisión de los contratos de peajes porque tienen tarifas caras pese a que las vías están descuidadas o son inseguras. Ambos grupos de trabajadores iniciaron las protestas la semana pasada ante el incumplimiento de las promesas del Gobierno.

La gestión del mandatario tiene un 68% de desaprobación, según una encuesta de fines de marzo del Instituto de Estudios Peruanos, y un 71% de consultados cree que no concluirá su mandato. Hasta el momento, la oposición ha intentado destituirlo mediante la figura de la “vacancia por incapacidad moral”: una primera moción no logró votos suficientes para ser debatida en el pleno en diciembre, y el lunes pasado una nueva moción, discutida en el hemiciclo, no prosperó por falta de votos. Castillo afronta una investigación fiscal por posible tráfico de influencias respecto de ascensos militares y dos de sus sobrinos y el ex secretario general de la presidencia tienen órdenes de detención, mientras el Ministerio Público los investiga por favorecer a empresas en contratos con el Estado, coludidos con una gestora de intereses.

El decreto supremo que se publicó a medianoche del lunes señala que un documento reservado del la policía recomienda la prórroga de un estado de emergencia previo en Lima y Callao -que concluyó el 20 de marzo- debido al “paro nacional indefinido de transportistas, convocado por la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas del Perú”. El Gobierno ha exceptuado de la inmovilización obligatoria al personal de los servicios de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, funerarias, y transporte de carga y mercancías. El aeropuerto de Lima continúa sus operaciones con normalidad.

El mensaje del presidente fue tan tardía, y tan a deshoras, que mucha gente no se enteró. Muchos ciudadanos fueron a trabajar, de compras o a la playa. Por la tarde, cientos de personas llegaron en marcha al centro de la capital para manifestarse contra Castillo, algunos procedentes de uno de los distritos de clase alta, el de San Isidro.

El sábado pasado, después de seis días de bloqueo de carreteras en la región Junín, la policía reprimió por igual a manifestantes y vándalos infiltrados: el saldo fue de 15 heridos -dos de ellos con lesión ocular- y 22 detenidos. Un adolescente murió ahogado en un río el viernes al escapar de la violencia policial y una mujer que participaba en las protesta falleció el lunes pasado atropellada por un vehículo que sorteaba los bloqueos. En Huancayo, capital de Junín, una delegación de ministros negoció el sábado con los dirigentes del agro y el transporte y planteó reducir el impuesto selectivo al consumo en seis tipos de combustible y logró una tregua por cinco días. La medida entró en vigencia el lunes tras ser publicada el domingo en el diario oficial.

La semana arrancó con nuevos bloqueos de carreteras en otras regiones, donde las clases presenciales fueron suspendidas para evitar poner en riesgo a los estudiantes; y, vándalos saquearon estaciones de servicio en Ica (costa sur) y en Piura (costa norte). Un hipermercado fue asaltado en Trujillo (costa norte) y la delincuencia generó disturbios en Jaén (Cajamarca). Desde el mediodía, especialmente vía Whatsapp y por el boca a boca, en Lima hubo intensos rumores infundados de saqueos. Algunos líderes de opinión compartieron en Twitter fotos y vídeos de autobuses vandalizados en el pasado, pero reportándolos como si fueran hechos cometidos en la jornada. En un punto de salida hacia la Carretera Central, al este de la capital, un piquete de manifestantes bloqueó por algunas horas una vía, pero fue despejada por la policía.

Aunque el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, anunció que habría un consejo de ministros por la noche, para buscar soluciones a la situación, el resultado fue el decreto del estado de emergencia, que no resuelve las demandas y por el contrario genera más problemas en el día a día de los ciudadanos. En febrero, el Gobierno dispuso el estado de emergencia en esas dos jurisdicciones, por 45 días, con el fin de que las fuerzas armadas colaboren en la lucha contra la delincuencia. La norma indica que la suspensión de los derechos al tránsito, de reunión, seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio es necesaria para “proteger el orden público y el orden interno, así como la vida y la salud de los peruanos”.

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