Honduras, una olla exprés electoral

Una avioneta Piper procedente de Venezuela con 500 kilos de cocaína aterriza en la zona de La Mosquitia, un impenetrable lugar al este del país a medio camino entre Colombia y las costas de Estados Unidos. Rápidamente, aparece el Ejército y comienza un intercambio de disparos y se incauta de 440 kilos. No hace falta tener un gran olfato investigador para sentarse cualquier noche y escuchar el zumbido de las avionetas cargadas de droga pasar o encontrarse con pistas clandestinas en esta remota zona del país. La novedad es que en esta ocasión la incautación es rápidamente aireada en la prensa y ...

Una avioneta Piper procedente de Venezuela con 500 kilos de cocaína aterriza en la zona de La Mosquitia, un impenetrable lugar al este del país a medio camino entre Colombia y las costas de Estados Unidos. Rápidamente, aparece el Ejército y comienza un intercambio de disparos y se incauta de 440 kilos. No hace falta tener un gran olfato investigador para sentarse cualquier noche y escuchar el zumbido de las avionetas cargadas de droga pasar o encontrarse con pistas clandestinas en esta remota zona del país. La novedad es que en esta ocasión la incautación es rápidamente aireada en la prensa y en los noticieros de todo el país. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, descrito hasta el cansancio en una corte de Nueva York por dos poderosos narcotraficantes como el hombre que les dio protección a cambio de sobres con miles de dólares, se esfuerza en la recta final de su Gobierno por presentarse como un eficaz soldado en el combate el narcotráfico, que destruye pistas ilegales y deporta capos. Su legado, sin embargo, va más allá de las cortes de Nueva York.

Este domingo Honduras acude a las urnas para elegir nuevo presidente en un ambiente cargado de tensión. El país, de 10 millones de habitantes, tiene ante sí dos caminos contrapuestos, el oficialista de Nasry Asfura, el actual alcalde de Tegucigalpa, y la izquierda de Xiomara Castro, al frente del partido Libertad y Refundación (Libre). Los sondeos, prohibidos en el país desde hace semanas, describen el peor escenario para un país al límite: la máxima igualdad entre ambos candidatos. En tercer lugar se ubica Yani Rosenthal, del Partido Liberal, quien vuelve a la arena política después de cumplir una condena de tres años en EE UU por lavado de dinero. Las elecciones de este domingo suponen el punto álgido a una crisis política que comenzó doce años antes, tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

En junio de 2009, los militares hondureños sacaron del poder a Zelaya en pijama y por la noche. Cuando se despertó, el presidente que coqueteaba con Cuba y Hugo Chávez, tenía un arma en la cabeza y una hora después estaba dentro de un avión rumbo a Costa Rica.

Las protestas posteriores fueron duramente reprimidas y durante muchos meses, la OEA, Estados Unidos, México, Lula, Hugo Chávez y el planeta entero se volcó tratando de solucionar el conflicto, pero nada aplacó las iras de La Resistencia, el movimiento de protesta de donde ahora surge su esposa, Xiomara Castro.

La consolidación del golpe llegó cuatro meses después. Concretamente, el 14 de octubre a las nueve de la noche, cuando, en el minuto 63, el delantero garífuna Carlos Pavón se levantó por encima de la defensa de El Salvador y de un cabezazo dio el triunfo a su selección que le daba el pase al Mundial de Sudáfrica. Aquella noche Honduras vivió el éxtasis. Miles de personas se echaron a la calle para celebrar el regreso de su selección a la élite del fútbol y el presidente provisional, Roberto Micheletti, colocado ahí por los militares y empresarios golpistas, recibió a los jugadores en el Palacio presidencial y frente la virgen de Suyapa. Nunca más se volvió a hablar de Zelaya. El golpe había triunfado.

Desde entonces el Partido Nacional ha controlado el poder, primero con Porfirio Lobo (2010-2014), quien pasa sus días sorteando la justicia después de que su hijo fuera condenado a 24 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y de que su nombre apareciera en los Pandora Papers. Posteriormente llegó al poder Juan Orlando Hernández, también de su partido. Cuando en 2017 estaba a punto de terminar su presidencia, se inventó una ley que le permitió reelegirse, algo prohibido hasta entonces en la Constitución, y prolongó su Gobierno cuatro años más. La reelección, no obstante, estuvo plagada de irregularidades tras un apagón informático a la mexicana durante el recuento. Cuando regresó la luz Juan Orlando Hernández ganaba por una diferencia mínima de votos que le permitió retener la presidencia hasta enero de 2022.

En estos ocho años Honduras ha dejado de ser el país más violento del mundo al pasar de 85 a 36 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Sigue siendo uno de los doce países más sangrientos del planeta, pero muy lejos de las cifras de hace diez años. Económicamente, el país estabilizó sus cuentas y creció por encima del 3,5%, uno de los índices más altos de la región. Sin embargo, en pocos lugares como Honduras la macroeconomía ha estado tan lejos de la tierra. A pesar de este crecimiento, el país centroamericano es desde hace años una máquina de exportar a sus jóvenes, la mitad de los votantes de mañana. Por violencia, hambre o fenómenos meteorológicos 200 familias piden diariamente asilo en Estados Unidos. En dirección inversa, todos los meses, sin fallar uno solo, llegan 4.000 hondureños deportados desde Estados Unidos, México o Guatemala. Una rueda de emigración-deportación-emigración que no se detuvo ni con la Covid, pero ha servido de válvula de escape del país. La pandemia hundió un 7,5% la economía, a lo que hay que sumar un 3% más a consecuencia de los huracanes Eta e Iota de hace un año, mientas tanto las remesas se han convertido en el único sector al alza y suponen ya el 25% del PIB del país. Si nada lo impide Honduras terminará el año con 700.000 nuevos pobres, según el Banco Mundial.

El desencanto colectivo convive con un cruel sistema neoliberal donde los medioambientalistas hondureños son los más asesinados del mundo, la gasolina (1,15 dólares el litro) o la luz tienen precios casi europeos, las empresas extractivistas horadan el país y se construyen hidroeléctricas controladas por diputados que se otorgan las concesiones a sí mismos.

En lo social, los doce años de gobierno conservador ha endurecido las leyes del aborto y ha bloqueado los matrimonios entre personas del mismo sexo al tiempo que la putrefacción se extendía entre instituciones como la justicia, el Ejército o la Asamblea. El exministro de Justicia de Perú Juan Jiménez Mayor recibió en 2013 el encargo de la OEA de poner en marcha la Maccih, una comisión anticorrupción organizada por primera vez por la OEA. Durante los tres años que estuvo en el cargo abrió una investigación contra 70 diputados acusados de desviar recursos públicos para obras públicas que jamás se realizaron. Según su denuncia, dos terceras partes del Congreso cobraban sobresueldos no fiscalizados, pero a medida que su trabajo apuntaba más alto, se hizo más incómodo. Finalmente, Hernández ordenó su salida del país con el aval de Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Según el analista Víctor Meza, director de la ONG Centro de Documentación, el estado anímico del país es de tensión debido a que ambos partidos han agitado el fantasma del fraude y será “peligroso para la estabilidad del país”. El primer desafío para el nuevo Gobierno será “reconstruir el tejido institucional. Es un Estado degradado y parcialmente cooptado por el crimen organizado”.

La gota que colmó la paciencia fue la adquisición de hospitales móviles para combatir la covid. En plena pandemia el Gobierno de Juan Orlando Hernández anunció a bombo y platillo la compra de siete hospitales móviles de vanguardia por los que se pagaron 58 millones de dólares. La realidad es que los hospitales llegados de Turquía eran vulgares contenedores de carga con camillas rotas, respiradores de segunda mano y ventiladores viejos, que costaron en realidad 14 millones de dólares. Para mayor provocación, casi al mismo tiempo, el vecino presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presumía del moderno hospital construido en un tiempo récord en el centro de San Salvador con 200 camas UCI.

Fuera de casa, a Hernández no le ha ido mejor. En 2019 la palabra “narcoestado” referida a Honduras se escuchó en una corte de Nueva York durante el juicio contra su hermano Tony por la compra de miles de kilos de cocaína. En el mismo, su nombre —identificado como C4— aparece 104 veces. Un testigo incluso contó que asistió en 2013 a una reunión en la que Joaquín El Chapo Guzmán, exjefe del cartel de Sinaloa, entregó a Tony Hernández un millón de dólares para la campaña presidencial de su hermano. De todo ello ha salido bien librado el mandatario hasta ahora, gracias a su buena relación con Donald Trump y su facilidad para plegarse a Washington. “Es verosímil lo que dijeron los narcos en Nueva York, porque el poder de la droga está demasiado cerca del poder en Honduras. Pero hay que reconocer que Juan Orlando Hernández impulsó la extradición de narcos que estaba prohibida en la Constitución y hay que medir la importancia que esto tiene. En Colombia esto causó una guerra y supuso pasar de narcotráfico a terrorismo. Ha extraditado a cerca de 15 grandes capos y es posible que sea una venganza. La calidad de las pruebas será determinante”, dijo el exresponsable de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, en una entrevista reciente con EL PAÍS.

Con un índice de popularidad del 26%, uno de los más bajos del continente, la sensación, sin embargo, es que los hondureños ya han condenado a su presidente, mucho antes de que su caso pueda llegar a los tribunales de Estados Unidos.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región