La captura de ‘Otoniel’ no altera el panorama del narcotráfico en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha celebrado con grandilocuencia la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, como el “golpe más importante de este siglo contra el narcotráfico” en el país andino. Más allá del peso simbólico de la caída de un gran capo que durante años había escapado del cerco de las fuerzas de seguridad, la detención del jefe del Clan del Golfo, considerada la mayor banda del narcotráfico con cerca de 3.000 hom...

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha celebrado con grandilocuencia la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, como el “golpe más importante de este siglo contra el narcotráfico” en el país andino. Más allá del peso simbólico de la caída de un gran capo que durante años había escapado del cerco de las fuerzas de seguridad, la detención del jefe del Clan del Golfo, considerada la mayor banda del narcotráfico con cerca de 3.000 hombres, abre incógnitas sobre el futuro tanto de esa organización criminal como de las dinámicas de la violencia en las regiones colombianas donde tiene presencia.

Una cárcel en Estados Unidos es el destino más probable del líder de El Clan del Golfo, una banda que ha pasado por varios nombres, se autodefine como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). “Otoniel debe ser extraditado a la mayor brevedad. Ese proceso debe ser ágil, y una vez cumpla sus condenas por narcotráfico en los EE UU deberá responder por todos sus crímenes en Colombia. La extradición de ese bandido es urgente para la seguridad del hemisferio, para que se conozca toda la red de vínculos entre los cárteles de los distintos países”, reafirmó Duque este lunes en una entrevista publicada por el periódico El Tiempo. “Otoniel y el Clan del Golfo son responsables de mover más de 160 toneladas de cocaína por año. Cifras así nunca fueron alcanzadas por Pablo Escobar, pero además este bandido podría ser más o igual de sanguinario que el cabecilla del cártel de Medellín”, insistió el mandatario, al defender una comparación que todos los observadores han considerado desproporcionada.

Analistas y políticos han felicitado al Gobierno y las fuerzas de seguridad por el éxito de la llamada operación Osiris, aunque su alcance sobre el terreno es difícil de pronosticar. Es improbable que reduzca la violencia, pues este tipo de capturas a menudo llevan a fenómenos de fragmentación y luchas por un relevo. “Por un lado, el Gobierno se merece esta ‘vuelta olímpica’, pero esto debería estar invitando a una reflexión mucho más profunda sobre la fallida guerra contra las drogas y las razones por las cuales no puede ser una victoria estructural”, apunta el analista Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis. “En este momento no sabemos realmente cuál es el impacto, pero en el largo plazo no va a cambiar nada. En cuanto al narcotráfico, mientras los consumidores sigan consumiendo y la prohibición continúe, esto no mueve realmente la aguja”, señala.

Reciclado varias veces en el mundo criminal después de haber sido miembro de la guerrilla del EPL y de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el prontuario de Úsuga incluía 122 órdenes de captura. Duque lo ha señalado como un asesino de policías, líderes sociales y centenares de personas, además de reclutador de menores, violador de niños y adolescentes y responsable de desplazamientos masivos. “Otoniel es uno de los responsables de la explotación sexual en Colombia. Lidera la trata de mujeres y niñas, y tal vez ninguno de estos crímenes quede en su prontuario de extradición”, señalaba la periodista Jineth Bedoya, símbolo de la lucha contra la violencia sexual en América Latina, con ocasión de su captura. Aunque el Gobierno sostiene que la detención marca el fin del Clan del Golfo, diversas voces han cuestionado esa afirmación.

“Mientras Duque hace énfasis en reclamar un lugar en la historia, en las regiones donde el Clan del Golfo es más poderoso tienen la certeza de que con este golpe la organización está lejos de quedar liquidada”, apunta el análisis de La Silla Vacía, el portal político de referencia. Las AGC son responsables de cerca de la mitad de la droga que ha salido de Colombia, según las autoridades. A pesar de que el Gobierno ha logrado reducir el área sembrada de hoja de coca –pasó de 154.000 a 143.000 hectáreas al cierre de 2020, según la ONU–, la producción de cocaína por hectárea se ha incrementado.

“Es un hito importante, un esfuerzo sostenido de más de cinco años”, apunta Jorge Mantilla, experto en las dinámicas del conflicto armado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sobre las operaciones militares. “Con la salida de Otoniel de alguna manera se acaba la generación de las tres guerras –la gente que estuvo en EPL, AUC y después se reencauchó en AGC– y eso representa un símbolo importante dentro del formato de ejército que pretendía montar Otoniel”, apunta. Con su captura se acaba también ese componente de clan, identitario, asociado fundamentalmente a los Úsuga, en un declive que ha incluido la caída de varios de sus parientes en la última década. Otoniel había intentado crear un discurso más político y había pedido pista para un proceso de sometimiento que nunca cristalizó.

“Las AGC seguirán siendo un actor determinante del conflicto en las zonas tradicionales de influencia –Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Bajo Cauca, partes del Chocó–, y ahí van a seguir amparados bajo la misma marca”, vaticina Mantilla. Esas zonas son una suerte de columna vertebral, pero tiene también estructuras en otras partes del país, donde son más probables los fenómenos de fragmentación. “El narcotráfico no se va a ver afectado. Las conexiones e intermediarios de los enclaves de producción de coca y de las rutas controladas por los mandos medios de AGC y compradores internacionales no sufrirán mayor afectación logística”, apunta. “Sin embargo, el otro reglón importante de la economía de las AGC son ejercicios de control criminal asociados a la extorsión, la minería ilegal, la captura de recursos públicos a través de las administraciones municipales. Ahí sí podemos esperar variaciones importantes”, matiza.

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