La crisis constitucional de Túnez entra en punto muerto
El presidente Said se resiste a nombrar a otro primer ministro y a aclarar su hoja de ruta para el país
Los días inmediatamente posteriores al 25 de julio, cuando el presidente Kais Said abrió una profunda crisis política al arrogarse plenos poderes en base a un artículo de la Constitución reservado para situaciones de “peligro inminente”, los acontecimientos se desarrollaron en Túnez a un ritmo frenético: miles de personas celebraron el órdago de Said ...
Los días inmediatamente posteriores al 25 de julio, cuando el presidente Kais Said abrió una profunda crisis política al arrogarse plenos poderes en base a un artículo de la Constitución reservado para situaciones de “peligro inminente”, los acontecimientos se desarrollaron en Túnez a un ritmo frenético: miles de personas celebraron el órdago de Said en las calles; el principal partido opositor, los islamistas de Ennahda, lo calificó de “golpe de Estado”; hubo altercados entre manifestantes de distinto signo frente al Parlamento; la policía cerró la sede de la cadena Al Jazeera y arrestó a varios diputados… Pasada esta fase inicial, la crisis constitucional ha caído en punto muerto, ya sea porque los actores políticos han templado sus comportamientos o porque están midiendo con cuidado los próximos pasos a dar.
La parsimonia de Said, un populista heterodoxo elegido en las urnas en 2019, es la que despierta una mayor atención tanto dentro como fuera del país. Casi dos semanas después de haber sacudido la escena política destituyendo al primer ministro, Hichem Mechichi, y congelando las labores del Parlamento durante un mes, Said todavía no ha nombrado un nuevo primer ministro, ni tampoco ha explicado cuál es su hoja de ruta. Ni las presiones de los aliados occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, ni de las principales organizaciones de la sociedad civil tunecina, como el poderoso sindicato UGTT, apremiándole para escoger un nuevo jefe del Ejecutivo han surtido efecto. En varias latitudes existe preocupación por el futuro del experimento democrático tunecino, el único que todavía sobrevive entre los países de la llamada Primavera Árabe.
“Es posible que a Said le esté costando formar un Gobierno. Su círculo de personas de confianza es muy estrecho. No tiene partido político ni conexiones con el ámbito empresarial”, explica la politóloga Rosa Álvarez, afincada en Túnez. Según varias fuentes, la primera opción de Said para presidir el nuevo Gobierno es Marouane Abbassi, director del Banco Central de Túnez, con el que se entrevistó el pasado domingo. Entre los otros nombres que ha barajado la prensa tunecina figuran también aspirantes de marcado perfil económico, lo que da una idea de cuál es la prioridad del presidente. De hecho, antes del golpe de fuerza de Said, el Gobierno se hallaba en una fase avanzada de la negociación de un crédito con el FMI que aleje el escenario de la bancarrota.
Si bien el presidente tunecino no ha tomado todavía ninguna decisión de calado, sí que ha ido anunciando nombramientos con cuentagotas y, entre otros cargos, ya ha relevado a los ministros de Economía, Tecnología, Interior y Defensa. En teoría, sus sustitutos no tienen el rango de ministros, sino de “encargados interinos” de los diversos ministerios, pues según la Constitución, solo el primer ministro puede escoger a los miembros de su Gabinete.
El sistema político de Túnez es semipresidencialista como el francés, y cuenta con un Ejecutivo bicéfalo formado por un presidente elegido en las urnas y un primer ministro nombrado por el Parlamento. Precisamente, el conflicto de competencias entre estas dos figuras, unido a la grave crisis económica, social y sanitaria que padece el país, se halla en la raíz del conflicto actual. El hecho de que Túnez no disponga todavía de Tribunal Constitucional ha complicado la salida al conflicto actual entre instituciones.
Entre las medidas excepcionales adoptadas por Said el 25 de julio figura la retirada de la inmunidad a todos los miembros del Parlamento. Ello se tradujo enseguida en la detención de varios diputados opositores, lo cual, sumado al interrogatorio a dos dirigentes de Ennahda, hizo temer una caza de brujas. No obstante, tan solo un diputado, Yacine Ayari, condenado en 2018 por insultar al Ejército y al presidente, ha sido finalmente encarcelado. El resto de parlamentarios, pertenecientes a la ultraconservadora Coalición Karama, han sido puestos en libertad y se han retirado los cargos en su contra. “Es posible que la presión de Francia o EEUU se haya dejado sentir. Pero la situación aún es fluida, y se podría perseguir a otros diputados bajo una campaña anticorrupción. Eso sí, dudo que se atrevan con la gran corrupción, la de los poderes fácticos”, sostiene Álvarez.
También Ennahda ha hecho marcha atrás hacia posiciones más moderadas. Tras rectificar y renunciar a convocar protestas en las calles, sus principales líderes ya no hablan de “golpe de Estado”, sino más bien de “golpe constitucional”, y apelan a un diálogo nacional para solventar la crisis. La formación islamista moderada experimenta una rebelión interna, y crecen las voces que exigen la retirada de su líder histórico, Rachid Ghannouchi.
El principal éxito de Said hasta la fecha ha sido arrancar un compromiso por parte de varias asociaciones empresariales de rebajar los precios de algunos productos básicos, como la leche, el queso, los derivados de los cereales o las verduras. Además, el presidente tunecino ha tomado varias decisiones con el objetivo de controlar la grave crisis sanitaria provocada por la Covid-19 , y que se ha saldado con una media de unas 200 defunciones diarias en un país de unos 11 millones de habitantes.