El bloguero que se atrevió a contar los abusos laborales en Qatar

Qatar ha acusado a un inmigrante keniano que escribía sobre su vida como guardia de seguridad en ese rico emirato del Golfo, de recibir dinero para difundir desinformación. Malcolm Bidali, que publicaba un blog bajo seudónimo, ha pasado un mes detenido antes de ser liberado bajo fianza. Su caso, denunciado por varias organizaciones de derechos humanos, pone en entredicho la libertad de expresión y ...

Qatar ha acusado a un inmigrante keniano que escribía sobre su vida como guardia de seguridad en ese rico emirato del Golfo, de recibir dinero para difundir desinformación. Malcolm Bidali, que publicaba un blog bajo seudónimo, ha pasado un mes detenido antes de ser liberado bajo fianza. Su caso, denunciado por varias organizaciones de derechos humanos, pone en entredicho la libertad de expresión y las condiciones de vida de los trabajadores extranjeros de bajos ingresos en el país anfitrión del próximo Mundial de fútbol, en 2022.

“El señor Malcolm Bidali ha sido liberado bajo fianza. El procedimento sigue su curso”, declara a EL PAÍS una fuente catarí con conocimiento del caso. El mismo interlocutor afirma que “la OIT [Organización Internacional del Trabajo] le ha facilitado un abogado, en coordinación con la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC)”. Un portavoz de la OIT, cuya oficina en Doha está siguiendo el asunto, precisa en un intercambio de mensajes que no es la OIT, sino la ITUC quien “está brindando apoyo para la defensa legal independiente del Sr. Bidali”. Aunque la oficina no comenta las acusaciones, considera “esencial que tenga un proceso justo”.

Migrant Rights, una organización que promueve los derechos de los trabajadores migrantes en Oriente Próximo y cuya web albergaba el blog del activista, ha confirmado su liberación a mediados de la semana pasada, pero apunta que hasta ese momento “no había recibido asistencia letrada”. También recuerda que se mantiene su imputación. “Las acusaciones contra él solo pretenden silenciarlo y todos los cargos relacionados con su activismo deben retirarse”, pide el grupo en un tuit.

Bidali, de 28 años, fue detenido el pasado 4 de mayo, aunque las autoridades cataríes no lo reconocieron hasta ocho días después y solo el día 20 le permitieron recibir la visita del embajador de Kenia y hacer una llamada a su madre. La semana anterior a su arresto, el activista había descrito sus experiencias en una videoconferencia con varios grupos de sociedad civil y organizaciones sindicales. Horas más tarde, fue objeto de un ataque de suplantación de identidad (phishing) que reveló su dirección IP (protocolo de internet en inglés, una dirección única que identifica la conexión) y posiblemente su ubicación, según Amnistía Internacional (AI).

“Aunque no podemos confirmar quién fue responsable del ataque de phishing a Malcolm Bidali, su detención poco después sugiere que fue objetivo del mismo por su activismo”, asegura AI en un comunicado que también firman Migrant Rights, Fair Square, Human Rights Watch (HRW) y Busines & Human Rights Resoruce Centre.

Disidentes y opositores políticos han sido objeto de acciones similares en otras monarquías del Golfo. De acuerdo con los expertos, para lograr su objetivo, esas operaciones requieren acceso a información confidencial que las compañías telefónicas solo entregan a las autoridades o las agencias de seguridad del país concernido.

La Oficina de Comunicación del Gobierno catarí notificó el 29 de mayo que Bidali había sido “acusado formalmente de delitos relativos a pagos recibidos de un agente extranjero para crear y distribuir desinformación dentro del Estado de Qatar”. El comunicado no aporta datos que respalden la alegación.

Las organizaciones de derechos humanos antes citadas insisten en que “no hay ninguna prueba de que esté detenido por algo que no sea su legítima defensa de los derechos humanos: por ejercer su libertad de expresión y destacar el trato que Qatar da a los trabajadores migrantes”. Doha modificó su código penal el año pasado para castigar a quien publique “rumores, declaraciones, noticias falsas o maliciosas o propaganda sensacionalista” con hasta cinco años de cárcel y 100.000 riales cataríes (22.500 euros) de multa, según HRW.

Cuatro baños para 54 personas

Bidali llegó a Qatar por primera vez en 2016. Con lo que ganó intentó montar un negocio en su Kenia natal, pero no tuvo éxito. Así que en septiembre de 2018 regresó contratado como guarda de seguridad por GSS Certis International (GSSCI), una empresa de mano de obra. Trabajaba en turnos de 12 horas, 26 días al mes. Nada inusual entre los trabajadores inmigrantes que constituyen la inmensa mayoría de los 2,8 millones de habitantes de Qatar, o en cualquiera de las otras monarquías de la península Arábiga. En ninguno de esos países están permitidos los sindicatos.

Pero este keniano, uno de los 50.000 que trabajan en Qatar, decidió compartir las penalidades de su vida de inmigrante y hace un año empezó a escribir artículos bajo el seudónimo de Noah para la organización Migrants Rights. Ya en su primer texto, Tu hogar está donde tu patrón decide, Bidali exponía las condiciones en que les alojan: hasta 8 y 10 personas hacinadas en pequeñas habitaciones de 16 metros cuadrados, e incluso aprovechando el cuarto de estar para colocar más literas. “Hay cuatro cuartos de baño para 54 de nosotros”, exponía.

Desde su elección como sede del Mundial de Fútbol de 2022, Qatar ha cedido a la presión internacional para mejorar las condiciones de los trabajadores inmigrantes. El año pasado introdujo el primer salario mínimo no discriminatorio en Oriente Próximo y anunció una reforma laboral que elimina el permiso del empleador para cambiar de trabajo, un paso que según la OIT “desmantela” el controvertido sistema de patrocinio (kafala) que funciona en todas las monarquías del Golfo. Sin embargo, según los activistas, el empresariado local lo rechaza y el Gobierno no está siendo estricto en su aplicación.

El testimonio de Bidali cuestionaba esos avances. Pero su último texto fue más lejos y apuntó directamente a la jequesa Mozah, madre del actual emir y presidenta de Qatar Foundation, una organización que se declara dedicada a “promover el potencial humano” y que desde 2013 cuenta con un código de “normas de bienestar para los trabajadores migrantes”. “Uno pensaría que esas normas se harían realidad allá donde pusiera sus pies”, manifiesta el bloguero antes de admitir su desilusión.

Entre febrero y marzo de este año, Bidali/Noah relató en Twitter los abusos que sufren sus compañeros destinados en Msheireb Properties, una entidad de Qatar Foundation. Utilizando las 26 letras del alfabeto en inglés para proteger sus identidades, contó que “S trabaja 12 horas al día, no recibe un complemento por las cuatro horas extra, gana 1.250 riales cataríes”, el equivalente a 280 euros, muy por debajo de los sueldos mínimos de cataríes y expatriados occidentales. También reveló que “W no ha recibido aún una copia de su contrato después de un año y tres meses”.

Al acabar con el caso de Z explicó que, durante una visita de la jequesa a Msheireb Properties a principios del pasado julio, “los vigilantes fueron obligados a permanecer de pie en el exterior desde dos horas antes de su llegada hasta tres horas después de su salida, sin descanso”. A partir de aquel día, denuncia, los responsables dejaron de aplicar la prohibición de trabajar en el exterior entre las 11.30 y las 15.00 durante el verano, cuando el termómetro llega a superar los 50º C. Este año el Gobierno acaba de ampliar ese periodo dos horas, de 10.00 a 15.30, y varias semanas, desde principio de junio hasta mediados de septiembre. Pero Bidali / Noah no podrá dar testimonio de si se les aplica a sus compañeros.