El Constitucional francés veta la inmersión lingüística en las escuelas públicas

No habrá inmersión lingüística en las escuelas de Francia. El Consejo Constitucional anuló el viernes un artículo clave de la ley para la protección y la promoción de las lenguas regionales. El artículo permitía la enseñanza en lengua autóctona en las escuelas públicas de regiones donde se habla bretón, catalán o euskera. La ley suponía una revolución educativa en una nación fundada en la uniformidad lingüística y el centralismo. E...

No habrá inmersión lingüística en las escuelas de Francia. El Consejo Constitucional anuló el viernes un artículo clave de la ley para la protección y la promoción de las lenguas regionales. El artículo permitía la enseñanza en lengua autóctona en las escuelas públicas de regiones donde se habla bretón, catalán o euskera. La ley suponía una revolución educativa en una nación fundada en la uniformidad lingüística y el centralismo. El Constitucional frenó en seco el intento y recordó que la ley fundamental proclama: “La lengua de la República es el francés”.

La alegría de los militantes de las lenguas regionales y de algunos de sus hablantes duró poco. Si habían creído que un día la enseñanza en otras lenguas distintas a la dominante podría equipararse en Francia a la del catalán o el euskera en España, el sueño se evaporó enseguida.

El 8 de abril se había abierto una ventana insólita. Ese día el Parlamento adoptó la ley que, en su artículo 4, daba la posibilidad, pero no la obligación, de ofrecer una enseñanza inmersiva en la escuela. Es decir, predominantemente en otra lengua distinta del francés y en centros donde la lengua principal de comunicación podía acabar siendo otra que el francés.

El Constitucional cerró la puerta a esta opción. El órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes remite al artículo 2 de la ley fundamental, que establece que el francés es la lengua de la República. Y deduce que, en la relación entre la Administración y los particulares, estos “no pueden arrogarse (...) del derecho a usar otra lengua que no sea el francés, ni ser obligados a tal uso”.

El diputado bretón Paul Molac, artífice de la ley y miembro del pequeño grupo Libertades y territorios, juzga con severidad la decisión del Constitucional. “Son nacionalistas franceses, personas que no soportan que un francés no sea al mismo tiempo de cultura francesa”, dijo a El PAÍS. “Para ellos es una cuestión de principios: el francés debe aplastarlo todo”.

No es que la demanda de inmersión sea masiva. De los 12 millones de alumnos en el sistema escolar francés, unos 170.000 reciben clases en sus lenguas regionales. Y de estos, una minoría reducida frecuenta escuelas privadas donde se practicaba la inmersión, hasta ahora no regulada.

Nadie tenía claro qué significaba la inmersión en Francia; en todo caso, era inconcebible, incluso con la nueva ley, un modelo como el catalán. De lo que se trataba, según la ley Molac, era de ofrecer la opción en algunas escuelas, y siempre que los padres y educadores lo solicitasen. La proporción de asignaturas en la lengua regional quedaba abierta.

“Yo, en la ley, decía que podía hacerse más del 50% en lenguas regionales en la enseñanza pública”, aclara Molac, quien teme que la decisión del Constitucional acabe afectando a las escuelas privadas donde rige la inmersión, como los centros de la red Diwan en Bretaña.

El Constitucional, en la misma decisión, declaró legales las subvenciones a escuelas privadas que enseñen la lengua regional, pero vetó el uso en los documentos del estado civil grafías no francesas, como la ‘ñ’ del nombre bretón Fañch. El argumento es el mismo que el de la inmersión: admitir que los particulares usen en sus relaciones con la Administración y el servicio público otra lengua que no sea el francés vulnera el artículo 2 de la Constitución.

La decisión, en su conjunto, representa una victoria para el centralismo frente al regionalismo, corrientes que dividen Francia como mínimo desde los años revolucionarios de finales del siglo XVIII cuando se enfrentaban jacobinos contra girondinos. Los primeros prevalecieron. Y tanto el centralismo político como la uniformidad lingüística en nombre de la igualdad y la abolición de los privilegios del Antiguo Régimen acabaron considerándose esenciales para la cohesión nacional y la construcción de la República.

Las lenguas regionales quedaron al borde de la extinción o en extrema precariedad. Pero ni la idea girondina, ni el regionalismo desapareció del todo. Su manifestación más reciente fue la adopción hace cinco semanas de la ley de las lenguas regionales, hoy parcialmente liquidada. “Para ellos”, dice el diputado Molac en alusión a los miembros del Constitucional, “la escuela debe servir para formatear al ciudadano. Piensan que es el Estado el que hace al ciudadano, y no a la inversa”.