El Supremo de Venezuela solicita a España la extradición de Leopoldo López
El líder opositor está condenado a 14 años de prisión en su país, de donde salió a través de la frontera con Colombia el pasado octubre
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha solicitado este martes a España la extradición del dirigente opositor Leopoldo López, quien reside en Madrid desde octubre pasado. López dejó ese mes la residencia del embajador español en Caracas, donde estaba refugiado desde el 30 de abril de 2019, tras ser condenado a casi 14 años de prisión domiciliaria.
“La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar al Reino de España la extradición activa de...
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha solicitado este martes a España la extradición del dirigente opositor Leopoldo López, quien reside en Madrid desde octubre pasado. López dejó ese mes la residencia del embajador español en Caracas, donde estaba refugiado desde el 30 de abril de 2019, tras ser condenado a casi 14 años de prisión domiciliaria.
“La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar al Reino de España la extradición activa del ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza, para el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano”, ha informado el Tribunal en una nota de prensa.
En abril, el Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab, abrió la solicitud de extradición del coordinador del partido Voluntad Popular ante un juzgado de Caracas, que remitió el expediente al Supremo. Saab vincula a López a delitos relacionados con su participación en el alzamiento de 2020, cuando se produjo su fuga, y la llamada Operación Gedeón, un intento de incursión militar ocurrido el 3 de mayo de 2020, frustrado por las autoridades.
Semanas atrás, ante la solicitud del fiscal, López denunció la ilegalidad de la petición por tratarse de un “TSJ ilegítimo, de una tiranía criminal”. “Es una nueva maniobra para intimidar a la oposición, nadie nos callará”, advirtió el dirigente opositor. “No me callaron con casi siete años de detención arbitraria, con torturas y con la persecución contra mi familia; la dictadura nos subestima si piensa que esta nueva maniobra va a poder intimidarnos. Todo lo contrario”, dijo.
López fue condenado en 2015 a casi 14 años de cárcel en un largo proceso judicial plagado de irregularidades. Los fiscales lo responsabilizaron de incitar desde sus discursos los hechos de violencia registrados en febrero de 2014, en el marco de unas intensas manifestaciones antigubernamentales que se saldaron con 43 muertos y unos 3.000 heridos.
El líder opositor estuvo tres años en la prisión militar de Ramo Verde, hasta que en 2017, tras una serie de negociaciones políticas mediadas por el exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, logró una medida de casa por cárcel. López fue liberado por sus guardianes el 30 de abril de 2019, día en que participó en un fallido alzamiento de un grupo de militares contra el presidente Nicolás Maduro . Tras el fracaso del levantamiento, el político se refugió en la casa del embajador de España en Caracas, Jesús Silva, donde se encontraba en calidad de huésped hasta que partió a Madrid el 24 de octubre del año pasado. El Gobierno de Maduro acusó entonces al diplomático de ser “cómplice” en la “fuga” de López y ordenó “revisar a fondo” la relación con Madrid.
López se encuentra en España desde el 26 de octubre del año pasado, cuando finalmente se reunió con su esposa, hijos y padres, ya residentes en ese país. Fue recibido como un exiliado político tras su salida de la embajada española en Caracas.
No es la primera vez que el chavismo pide extradiciones a España y otros países europeos. El fiscal Saab ha hecho solicitudes similares contra exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez juzgados por presunta corrupción, sin obtener respuestas favorables de la Justicia española. La crisis de legitimidad institucional que vive Venezuela pone en un terreno difuso esta nueva petición. La mayoría de los representantes de los poderes en ejercicio, incluido el presidente del Supremo, Maickel Moreno, están sancionados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.
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