Las dudas sobre los tribunales polacos amenazan la cooperación judicial en Europa

El Tribunal de Justicia europeo ha sentenciado este jueves que las órdenes europeas de detención y entrega cursadas por Polonia pueden ejecutarse a pesar de las deficiencias generalizadas del sistema judicial polaco. Pero el veredicto añade que, dada la situación de ese país de Europa central, las autoridades judiciales de los Estados miembros deberán llevar a cabo antes de la entrega “una evaluación precisa del riesgo” que corre la persona detenida de no tener un juicio justo. La creciente resisten...

El Tribunal de Justicia europeo ha sentenciado este jueves que las órdenes europeas de detención y entrega cursadas por Polonia pueden ejecutarse a pesar de las deficiencias generalizadas del sistema judicial polaco. Pero el veredicto añade que, dada la situación de ese país de Europa central, las autoridades judiciales de los Estados miembros deberán llevar a cabo antes de la entrega “una evaluación precisa del riesgo” que corre la persona detenida de no tener un juicio justo. La creciente resistencia de los tribunales de varios países europeos a colaborar con las autoridades polacas revela el riesgo que supone el deterioro del Estado de derecho en Polonia o Hungría para una cooperación judicial europea construida lenta y laboriosamente a base de fomentar la confianza mutua.

Por segunda vez en apenas dos años, la Corte europea, con sede en Luxemburgo, ha tenido que intervenir para resolver las dudas de un tribunal, en este caso holandés, para tramitar las órdenes de detención y entrega de Polonia. Antes de proceder a la ejecución de las órdenes (una para una persona acusada de tráfico de estupefacientes y otra para cumplir condena), el tribunal holandés remitió una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia europeo para verificar si se debía proceder a la solicitud a la vista de las deficiencias del sistema judicial polaco y de la merma en la independencia de sus tribunales.

Los jueces europeos han tramitado la consulta por la vía de urgencia, señal clara de la importancia que conceden al mantenimiento de una cooperación judicial fluida en Europa y del riesgo que la creciente desconfianza hacia algunos Estados miembros supone para esa colaboración. Irlanda, Alemania y Países Bajos ya han planteado resistencias a seguir ejecutando las órdenes procedentes de Polonia que, curiosamente, es además el país que más las utiliza.

El Tribunal europeo señala, en primer lugar, que las deficiencias generalizadas en la independencia de un sistema judicial no bastan, por muy serias que sean, para considerar que todos los tribunales de un país están invalidados para emitir órdenes de detención y entrega. En el caso de Polonia, por tanto, esas órdenes siguen siendo ejecutables. “Esta sentencia tiene una doble lectura: por una parte, confirma la desconfianza creciente de algunos tribunales europeos en la justicia polaca, lo que nos aísla todavía más de la UE, pero también muestra que aún hay jueces independientes en nuestro país, porque no ha avalado las deficiencias sistémicas”, explica al teléfono Adam Krzywon, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Varsovia.

Lo que dicta el Tribunal de Luxemburgo es que una vez que se constaten las deficiencias de un sistema judicial, como es el caso de Polonia y Hungría según Bruselas, los jueces encargados de tramitar la orden de detención deben “ejercer la vigilancia” y evaluar el riesgo de que la persona detenida pueda afrontar un proceso con pocas garantías.

Los criterios fijados por la sentencia apuntan a que la entrega de un detenido podrá denegarse siempre que concurran circunstancias concretas, como puede ser la persecución contra ciertas organizaciones no gubernamentales o las políticas discriminatorias contra ciertos colectivos como los homosexuales. Pero se deja margen de interpretación a los tribunales nacionales, lo que puede llevar al rechazo de órdenes, sobre todo, porque el deterioro de la situación judicial en Polonia continúa.

Este mismo jueves, el Abogado del Tribunal europeo se ha pronunciado a favor de declarar ilegal la ley polaca de 2019 que suprimió el derecho del órgano colegiado de los jueces a revisar los nombramientos para el Tribunal Supremo. Los casos similares contra Polonia se suceden en Luxemburgo, bien por denuncias de la Comisión Europea o por consultas prejudiciales de jueces polacos o de otros países europeos.

Una reforma judicial en el punto de mira de Bruselas

Polonia, hasta ahora, ha sido condenada una vez tras otra desde que el partido ultraconservador Ley y Justicia llegara al poder en 2015 y comenzara una reforma judicial que ha deteriorado la división de poderes. De hecho, la justicia europea ha llegado a suspender cautelarmente alguna de estas reformas para frenar la deriva autoritaria de Varsovia, como lo hizo el pasado abril cuando suspendió la ley para supervisar a los jueces. “Pero el Gobierno sigue haciendo lo que quiere con la justicia polaca. A pesar de estar suspendida cautelarmente, han utilizado esa ley disciplinaria para expedientar y quitar la inmunidad a los magistrados que han defendido públicamente la independencia judicial”, sostiene Krzywon.

La sentencia precisa que la suspensión generalizada de la cooperación judicial con Polonia solo sería posible si el Consejo de la UE declarase, vía artículo 7 del Tratado, que ese país ya no respeta los principios fundamentales de la Unión. Polonia, al igual que Hungría, está sometida a un expediente en base al artículo 7, pero el Consejo nunca ha logrado tramitarlo por falta de consenso entre los Estados miembros.

El Gobierno del PiS acusa a Bruselas de lo que considera una continua injerencia de las instituciones en aspectos clave de la soberanía nacional, como es el sistema judicial. “Han acudido al Tribunal Constitucional, una institución capturada políticamente, para que se pronuncie sobre si la justicia europea tiene competencias para suspender el régimen jurídico de un país. Todavía no se conoce el fallo, pero todos sospechamos lo que puede dictaminar este tribunal, que ha perdido legitimidad tras años de reformas”, critica el jurista polaco.

La primera víctima de la falta de colaboración sería Polonia, que año tras año es el país que más órdenes de detención expide. En 2018, el último año del que la Comisión Europea tiene datos, los tribunales polacos emitieron 2.394 solicitudes de detención y entrega, casi el triple que España (824) y casi el doble que Francia (1.311) o Italia (1.362). Los tribunales holandeses recibieron ese año 307 solicitudes procedentes de Polonia frente a 173 de Alemania o 23 del Reino Unido. En estos tres países, principalmente en el Reino Unido, se asienta la mayoría de la inmigración polaca en el continente.

La desconfianza generalizada pondría en peligro la orden de detención y entrega, que es la fórmula que los socios de la UE estrenaron en 2014 para agilizar y simplificar los procelosos de extradición. A pesar de las dificultades puntuales de la orden, como ha ocurrido a veces entre Bélgica y España (la más reciente a cuenta de la orden cursada contra Carles Puigdemont), la Comisión Europea hace un balance positivo de un modelo de cooperación judicial que ha facilitado la expedición de 185.575 órdenes entre 2005 y 2018 y la ejecución de 56.298.