El chavismo hostiga a una ONG que gestiona comedores populares

Cada día una legión de cocineras en barrios populares de Venezuela prepara comida para 239 comedores en Caracas y 13 de los 23 Estados del país. Una labor silenciosa que desde hace cuatro años sostiene a 25.000 niños y sus familias, madres lactantes, embarazadas y adultos mayores en riesgo de desnutrición. Durante la pandemia, esas mujeres también han cocinado 65.000 almuerzos para trabajadores sanitarios de hospitales del ...

Cada día una legión de cocineras en barrios populares de Venezuela prepara comida para 239 comedores en Caracas y 13 de los 23 Estados del país. Una labor silenciosa que desde hace cuatro años sostiene a 25.000 niños y sus familias, madres lactantes, embarazadas y adultos mayores en riesgo de desnutrición. Durante la pandemia, esas mujeres también han cocinado 65.000 almuerzos para trabajadores sanitarios de hospitales del país a los que, como al 96% de los venezolanos, sus ingresos no les alcanzan para comer. Es el trabajo social que inició el dirigente juvenil, Roberto Patiño, con las organizaciones Caracas Mi Convive y Alimenta La Solidaridad. Una tarea sobre la que ahora pesa la persecución de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro. Este miércoles, comisiones de la Policía Nacional contra la Corrupción allanaron una de las sedes de la organización y la casa de los padres de Patiño y, además, la Superintendencia de Bancos ordenó congelar las cuentas de la ONG, lo que compromete su funcionamiento. Una orden de captura se ha girado contra su fundador, militante del partido Primero Justicia.

Pese a todos los señalamientos que han hecho organismos internacionales sobre la persecución a la oposición y el entorpecimiento de las labores de organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos, el chavismo continúa asfixiando a la disidencia. El expediente de abusos crece. Esta nueva arremetida se produce a menos de dos semanas de las cuestionadas elecciones parlamentarias a las que Maduro llega con sus bases desmovilizadas en medio de una crisis económica feroz. Unos comicios de los que la mayoría de la oposición se ha apartado por considerar que carecen de garantías.

En un país con el estómago vacío, la comida se ha vuelto el centro del trabajo social, comunitario y, también, político. A duras penas, el Gobierno ha logrado repartir este año, con muchos retrasos, algunas bolsas de comida a precios subsidiados a través de los polémicos y cuestionados por corrupción Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cuyo proveedor —el empresario colombiano Álex Saab—está detenido en Cabo Verde a la espera de una extradición a Estados Unidos. Actualmente, los paquetes no contienen más que arroz, harina y pasta. En esta campaña electoral se ha visto a los candidatos de Maduro repartir barras de mortadela casa por casa en busca de votos.

El trabajo de Alimenta la Solidaridad, sin embargo, es otro. Y ahora parte del Plan de Respuesta Humanitaria que las Naciones Unidas desplegó en el país el año pasado, cuando activó los protocolos que siguen en países en guerra o arrasados por desastres, pero que en Venezuela corresponden a atender lo que sus palabras llaman una “emergencia humanitaria compleja”, a la que llegó por las malas políticas del Gobierno y la corrupción que arrasó con la industria petrolera, y a la que ahora se ha sumado la pandemia de la covid-19 y el cerco diplomático y financiero contra Maduro.

De acuerdo con el monitoreo que hace en terreno la organización internacional católica Caritas, la desnutrición aguda en menores de cinco años había aumentado un 73% en los primeros tres meses del confinamiento por la pandemia, aunque desde antes el país venía arrastrando cifras preocupantes. La última Encuesta de Condiciones de Vida —realizada por tres universidades del país— señala que el 30% de los niños venezolanos tiene una talla por debajo de su edad y casi el 8% pesa menos de lo que debería. Aparte de ese grupo atienden los comedores de Alimenta la Solidaridad, donde también se hace un seguimiento nutricional de sus comensales.

Desde hace cinco años, organizaciones sociales han alertado sobre la crisis humanitaria que ha hecho estragos en una población, en su mayoría sin acceso a los alimentos, medicinas y servicios básicos, e impulsado la migración forzada de millones de venezolanos. En ese tiempo en que Maduro mayormente ha negado la situación, la tensión con las ONG que trabajan para paliar las carencias de algunos grupos vulnerables se ha ido agudizando. El paso dado contra Alimenta la Solidaridad ha levantado nuevas alarmas y ha movilizado incluso a las representaciones diplomáticas en el país, otras ONG y sociedad civil que han exigido frenar el acoso.

“El propósito de la labor humanitaria es salvar vidas, aliviar sufrimiento y contribuir a la recuperación de las condiciones de vida digna para personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad y proyectos como Alimenta la Solidaridad van en ese sentido”, explica Feliciano Reyna, activista de derechos humanos y director de Acción Solidaria, una ONG que apoya con la entrega de medicamentos para patologías crónicas. El proyecto de Patiño ha reclutado a mujeres en barrios pobres para la operación de los comedores, que se sustentan con donaciones de particulares. Parte de estas cocineras han sido formadas para hacer emprendimientos personales en torno a su oficio. Con la venta de almuerzos caseros enviados a domicilio, se paga a parte de este personal y la comida que entregan gratuitamente en comunidades más pobres, justo donde el chavismo ha perdido su histórico capital político.

“Si ese programa y otros están inscritos en el Plan de Respuesta Humanitaria, están trabajados con Naciones Unidas, que además coordina con el área de cooperación internacional de la Cancillería, si además hay un esfuerzo importante, constructivo y positivo por la comunidad, uno no comprende quién toma la decisión de afectar semejante trabajo. O no comprenden lo que significan estos programas y están intentando manipular desde el punto de vista político o es que no tienen el propósito de salvar vidas ni aliviar el sufrimiento”, se pregunta Reyna con preocupación.

El hostigamiento a Alimenta la Solidaridad se suma a la denuncia que hizo esta semana la organización internacional Médicos Sin Fronteras, que cuenta con cinco años de operaciones en el país, que debió retirarse de uno de los hospitales que asistía en Caracas por los obstáculos para el ingreso al país de su personal humanitario especializado en la atención de la covid-19. En un comunicado señalaron que a principios de año solicitaron los permisos de trabajo correspondientes para poder cubrir puestos claves de sus operaciones y aún no ha obtenido contestación. “Aunque el equipo internacional ha sido reemplazado casi a totalidad por cualificado personal venezolano y asesorías vía remota, necesitamos personal especializado in situ que esté familiarizado con los procesos internos de la organización y que nos permita asegurar los estándares de calidad que se requieren para este tipo de intervenciones. De ahí que tengamos que asumir esta difícil decisión”.

A principios de noviembre, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reiteró sus amenazas contra el trabajo de ONG de derechos humanos en Venezuela, a través de las cuales se ha canalizado gran parte de la ayuda internacional para la crisis sin fondo que atraviesa el país petrolero. Aseguró, además, que en la nueva Asamblea Nacional que elegirán el 6 de diciembre impulsará una ley para prohibir el financiamiento internacional de estas organizaciones, como también ha hecho el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, afín al chavismo.