“Las vulneraciones del Estado de derecho en Polonia y Hungría son un problema sistémico”

Didier Reynders (Lieja, 62 años) es uno de los políticos con más experiencia del Gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tras haber sido ministro en varios Ejecutivos belgas, este político liberal es ahora comisario europeo de Justicia. Reynders recibe a EL PAÍS pocos días después de haber publicado el primer informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, que vuelve a apuntar a un deterioro de la ...

Didier Reynders (Lieja, 62 años) es uno de los políticos con más experiencia del Gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tras haber sido ministro en varios Ejecutivos belgas, este político liberal es ahora comisario europeo de Justicia. Reynders recibe a EL PAÍS pocos días después de haber publicado el primer informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, que vuelve a apuntar a un deterioro de la independencia judicial y el pluralismo informativo en Polonia y Hungría.

Pregunta. ¿Los poderes extraordinarios que han asumido los Gobiernos para hacer frente a la pandemia han derivado en un retroceso del Estado de derecho en la UE?

Respuesta. La pandemia ha sido una prueba sobre la resiliencia de los países sobre el Estado de derecho. Durante la pandemia hemos visto un traspaso de competencias de los parlamentos a los gobiernos. Y es lógico cuando hay que tomar decisiones rápidas. En algunos países había un control del Parlamento, que podía negarse, e incluso de los tribunales. En otros, hemos expresado preocupaciones. En el caso de Hungría, el estado de emergencia no tenía límite temporal y tuvimos problemas con algunas disposiciones penales adoptadas para castigar presuntas desinformaciones. En Polonia hubo la intención de celebrar elecciones presidenciales sin que hubiera una campaña real. Pero finalmente se halló una salida gracias a la presión, no solo de la Comisión Europea.

P. Pero la pandemia no ha finalizado. ¿Han detectado alguna otra deriva?

R. Estamos siguiendo la situación en todos los países, porque aún hay estados y medidas de emergencia. Es importante que los parlamentos y el sistema judicial estén alerta y reaccionen, si es necesario. Y nuestro trabajo es ir a los tribunales si también lo es. Recuerdo que ha sido durante los estados de emergencia cuando algunos Estados han vulnerado la ley europea, en concreto la que protege los derechos de los pasajeros, lo que nos obligó a intervenir.

P. Se ha referido a Hungría y Polonia, que son los dos países con más fisuras en su Estado de derecho. ¿Qué clase de democracia están construyendo?

R. No se puede decir que no sean democracias porque hay un proceso democrático. En algunos Estados miembros tenemos preocupaciones, pero en otros más que eso. Se trata de un problema sistémico más amplio. En Polonia se trata de la independencia judicial y de la discriminación, por ejemplo, a personas transgénero o al colectivo LGTBI+. Las preocupaciones son más importantes porque tenemos la certeza de que hay un riesgo sistémico.

P. Ya hemos visto la dificultad de sancionar mediante el artículo 7 a ambos países. ¿Cree que se podrá hacer mediante el presupuesto de la UE?

R. Tenemos varios instrumentos y queremos otro para proteger el presupuesto europeo del fraude o la corrupción mediante la fiscalía general de la UE.

P. Pero la fiscal no podrá actuar ni en Hungría ni Polonia porque esos países no se han adherido a esa institución...

R. Para eso tenemos otra propuesta más de la Comisión para proteger el presupuesto ante un incumplimiento generalizado del Estado de Derecho. De acuerdo, tenemos problemas en algunos países miembros. Pero hemos visto reformas, por ejemplo, en el sistema judicial de Malta que vamos a seguir. Es complicado apreciarlo porque ha ocurrido a raíz del golpe por el asesinato de una periodista, las turbulencias políticas en el país y la presión de Bruselas y la sociedad civil. No digo que sea perfecto, pero el cambio es posible.

P. En el caso de España, señalan la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Espera que el Parlamento español adopte medidas para abordarlo?

R. Lo espero. Entiendo que es complicado alcanzar un acuerdo entre los principales partidos políticos sobre la renovación, pero llevamos desde 2018. Hemos expresado una preocupación mayor sobre esa situación en otros países miembros. Eso significa que si eso persiste, cuando se debata sobre la situación de Hungría o Polonia los gobiernos de esos países podrán escudarse en que ese asunto en España aún no se ha solucionado. Y en el caso de España no es el mismo problema sistémico, sino que es muy puntual.

P. En España destacan el aumento de ataques a periodistas. ¿A qué los atribuyen?

R. En Europa hay una tendencia negativa sobre la libertad de prensa y el lugar de los medios y los periodistas. Hay varios motivos. El primero al que debemos prestar atención es económico, a causa de la irrupción de nuevas plataformas o el papel de Google y el coste de la digitalización. Eso supone que para proteger el pluralismo tal vez haya que ayudar a la prensa, de una manera equitativa. Más allá de esto, hemos visto agresiones, intimidaciones y asesinatos en Malta o la República Checa. Y también cómo en algunos países hay entre 20 o 30 actuaciones abiertas contra los mismos periodistas de investigación.

P. ¿La Comisión puede hacer algo?

R. Estamos haciendo un mapa de la situación, pero también pensando en medidas, si son necesarias, legislativas. O en crear un pool de abogados y expertos a nivel europeo para ponerlo a disposición de los afectados.

P. En el informe sobre España no hay ni una palabra sobre el juicio del procés. ¿Significa eso que no hay preocupación en la Comisión?

R. Lo hemos seguido muy de cerca, pero es un asunto interno. Y tenemos plena confianza en la independencia judicial y en el orden constitucional español. Y como se desprende del informe, no es un país donde haya un elevado grado de preocupación sobre la independencia judicial, salvo por la cuestión del fiscal general.

P. El eurodiputado Carles Puigdemont ha denunciado que no haya incluido ninguna de las 13 contribuciones que le hicieron llegar sobre el juicio...

R. Hemos recibido observaciones de grupos de interés al respecto y las hemos publicado porque hemos querido ser transparentes. No están en el informe porque no consideramos que sea un problema sistémico. Es un problema interno de España, que debe gestionarse de acuerdo con su orden constitucional.

P. ¿Está entre sus planes reformar la euroorden?

R. Con los números que tenemos, vemos que suben las órdenes, pero también las respuestas positivas. Sé del caso Puigdemont, pero es una excepción. Y un caso muy específico no nos puede llevar a decir que no funciona. Estoy abierto a llevar el asunto al Consejo si hay una mayoría parlamentaria para la reforma. Pero me da miedo abrir la caja de Pandora y que lleguen muchísimos cambios para uno de los mejores instrumentos que tenemos.

P. ¿Cree que los países no serían tan ambiciosos como lo fueron en su día en el alcance de la orden?

R. Es el riesgo. Por ello, estamos más sobre la implementación que en abrir la puerta a un debate general para algunos cambios. Y ahí tiene que ver el Estado de derecho también. Por ejemplo, los jueces de Ámsterdam rechazaron extradiciones a Polonia y ahora Varsovia hace lo mismo. Sin confianza será difícil organizar una cooperación entre países, pero desde hace unos meses hemos recibido comentarios de varias empresas que nos dicen que no invierten porque no confían en acudir a la justicia de algún Estado en caso de problemas con las autoridades.

P. ¿Prepara la Comisión un expediente contra Alemania por la sentencia contra el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo?

R. La presidenta ha dicho que hemos de garantizar la primacía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la independencia del Banco Central Europeo y ha pedido consejo a los servicios legales porque para ir al TJUE necesitamos tener una base legal sólida. Así que hay que verlo.