Al menos siete muertos en disturbios en Bogotá tras la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial
La policía carga contra manifestantes que se enfrentaron a los uniformados y quemaron instalaciones, vehículos y contenedores en la capital colombiana
El profundo malestar social derivado de la muerte del abogado Javier Ordóñez bajo custodia policial desembocó la noche de este miércoles en disturbios y múltiples enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en distintos puntos de Bogotá. Los incidentes se concentraron en un primer momento de la tarde en los alrededores del Comando de Acción Inmediata (CAI) en el occidente d...
El profundo malestar social derivado de la muerte del abogado Javier Ordóñez bajo custodia policial desembocó la noche de este miércoles en disturbios y múltiples enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en distintos puntos de Bogotá. Los incidentes se concentraron en un primer momento de la tarde en los alrededores del Comando de Acción Inmediata (CAI) en el occidente de la capital colombiana al que había sido llevado Ordóñez en la madrugada, después de que dos agentes lo sometieran a incesantes descargas de electrochoques, como quedó registrado en un vídeo, y antes de que lo trasladaran a una clínica a la que llegó sin signos vitales. Una larga noche de violencia se saldó con siete muertos y 248 ciudadanos heridos, 58 de ellos por arma de fuego, informaron las autoridades a primera hora de este jueves.
La mayoría de las víctimas mortales eran jóvenes alcanzados por disparos en la calle. Entre aquellas de las que se conocen detalles está Julieth Ramírez, una estudiante de psicología e inglés de 19 años víctima de una bala perdida. También dos domiciliarios que recibieron tiros en la cabeza, Cristian Hérnandez, de 24 años, y Germán Smith Puentes, de 25. Jaider Fonseca, de 17 años, recibió cuatro impactos mientras participaba en las manifestaciones; su esposa asegura que vio a los policías abrir fuego. Dos de los asesinatos ocurrieron en el municipio de Soacha, en las afueras de Bogotá.
La “velatón” pacífica que precedió los disturbios, convocada para exigir justicia, terminó en destrozos. Al grito de “asesinos”, los manifestantes en el sector de Villa Luz, en la localidad de Engativá, atacaron el CAI, quemaron al menos dos motos, destruyeron la camioneta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que estaba en el lugar para recabar las pruebas y prendieron fuego a varios contenedores de basura que desplegaron a manera de barricadas. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en medio de una lluvia de piedras, los dispersó con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Más de un centenar de policías resultaron lesionados en los enfrentamientos. En diversos sitios de Bogotá retumbaron protestas contra los abusos policiales y el uso excesivo de la fuerza. Al caer la noche, el caos se propagó por varias zonas donde una veintena de instalaciones de la policía fueron incendiadas.
“Se necesita una reforma estructural de la policía, pero destruir a Bogotá no va a arreglar la policía, no va a restablecer el evidente déficit de confianza y legitimidad que hay en la policía y en los cuerpos de seguridad”, declaró en la madrugada la alcaldesa de la capital, Claudia López, al lamentar las nuevas muertes y pedir al presidente Iván Duque encabezar esa reforma. “Esto requiere compromiso verdadero al más alto nivel”, señaló. La regidora ha afirmado que el de Ordóñez no es un caso aislado y que el distrito ha recibido 137 denuncias por actuaciones de uniformados en lo que va de 2020. “Hay una conducta no sistemática, pero sí recurrente”, dijo. “Es incomprensible que cuando se le piden cuentas a la policía afirmen que solo conocen de 38 casos”, agregó. Más de la mitad de las agresiones policiales se han concentrado –según un informe de la Secretaría de Gobierno de la capital– en hombres; un 28% en mujeres y el resto en la comunidad trans; y hay denuncias de amenazas, agresiones, un homicidio y una violación sexual.
Las imágenes del momento en que dos policías sometían a Ordóñez con un arma tipo Taser a pesar de que ya se mostraba desarmado y les rogaba detenerse conmocionaron al país y reavivaron el debate sobre la brutalidad policial. Los agentes se le arrodillaron encima en una escena similar a la muerte de George Floyd en Estados Unidos. “Por favor, no más, me ahogo”, se le escucha suplicar a Ordóñez, agitado en medio de los electrochoques, en el angustiante vídeo de más de dos minutos de duración. “¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo por favor?” le increpan los testigos a los policías al advertirles repetidamente que los estaban grabando.
De acuerdo con los testigos, Ordóñez, un abogado e ingeniero aeronáutico de 43 años que conducía un taxi, padre de dos hijos de 15 y 11 años, se encontraba reunido con varios amigos y habían bebido alcohol, cuya venta está restringida como parte de las medidas para atender la pandemia del coronavirus. Cuando salieron a la calle los detuvieron los agentes. “De esta no se salva”, le dijo uno de los policías. Ordóñez le contestó que le pusiera la multa, que él la pagaba, y después comenzaron a someterlo con repetidas descargas eléctricas en las imágenes que han inundado las redes sociales.
A los familiares les han manifestado que Javier Ordóñez recibió más de una decena de prolongadas descargas, le dijo a EL PAÍS su cuñada, Eliana Garzón. Aún se espera el dictamen del Instituto de Medicina Legal. “A él lo asesinaron dos policías, nosotros no queremos un proceso disciplinario sino uno penal. Queremos que esto se esclarezca”, señala Garzón. “Javier deja dos pequeños y una mamá que tiene que venir de Barcelona [donde reside hace años] a enterrar a su hijo”. La madre enfrenta el obstáculo adicional de que las frecuencias internacionales aún se encuentran suspendidos por la pandemia, y depende de las gestiones oficiales para montarse en uno de los vuelos humanitarios.
El caso de Ordóñez también recordó el homicidio de Dilan Cruz, víctima mortal de un disparo policial en 2019, y puso de manifiesto el debate sobre el uso de armas llamadas no letales en manos de la policía y la necesidad de una reforma que impida que estos casos sean tratados por la justicia penal militar. En ese sentido la alcaldesa propuso radicar en el Congreso de la República un proyecto para que las denuncias de abuso policial sean investigadas primero por instancias como la Procuraduría y la Fiscalía. “Una de las razones que permiten la recurrencia de estos hechos es un claro conflicto de interés de la policía. Es necesario que haya una instancia que diga si esos casos son por uso o abuso”, dijo. Y sobre las armas consideradas no letales pidió que se revise el protocolo, tal como se hizo en el caso de Dilan Cruz.