El Departamento de Justicia de EE UU interviene para defender a Trump en un caso de difamación

Los abogados del Departamento de Justicia se pondrán al servicio del presidente de Estados Unidos en un caso de difamación contra él, una maniobra en que los críticos ven un nuevo ejemplo de cómo la Administración republicana fuerza el brazo del fiscal general, William Barr, para defender los intereses personales de Donald Trump. Excepto que un juez federal se pronuncie en contra, el Gobierno de Estados Unidos será el acusado, en lugar del mandatario, en un caso de difamación derivado de la acusación hecha el año pasado por ...

Los abogados del Departamento de Justicia se pondrán al servicio del presidente de Estados Unidos en un caso de difamación contra él, una maniobra en que los críticos ven un nuevo ejemplo de cómo la Administración republicana fuerza el brazo del fiscal general, William Barr, para defender los intereses personales de Donald Trump. Excepto que un juez federal se pronuncie en contra, el Gobierno de Estados Unidos será el acusado, en lugar del mandatario, en un caso de difamación derivado de la acusación hecha el año pasado por la escritora y columnista E. Jean Carroll de que el presidente la violó en unos conocidos grandes almacenes de Nueva York en los años noventa.

La demanda se basa en que el presidente, según Carroll, mintió al decir que no la conocía y aseguró que la violación nunca se produjo y que no se podría haber producido porque Carroll no era su “tipo”. El Departamento de Justicia argumenta que los comentarios de Trump fueron realizados mientras estaba en el ejercicio de sus deberes en la Casa Blanca como presidente, por lo que los abogados de la Administración deberían de asumir su defensa en lugar de sus letrados privados. Esto tiene dos consecuencias inmediatas: que el contribuyente norteamericano pagará las costas de ese proceso y, la más importante, que al Departamento de Justicia no se le puede demandar por difamación, por lo que el caso moriría inmediatamente.

En la publicación de un libro el año pasado, la famosa articulista de 76 años relataba seis agresiones sexuales de las que supuestamente fue víctima por parte de diferentes hombres, entre ellos, el magnate inmobiliario que luego se convertiría en el 45º presidente de Estados Unidos. Trump negó las acusaciones con unas declaraciones despectivas que motivaron la denuncia por difamación de Carroll, quien no podía llevar a un tribunal al presidente por violación porque ese presunto delito ya había prescrito.

“Incluso en el mundo de hoy, el argumento [que hace Justicia] es cuando menos sorprendente. Me ofende como abogada, pero me ofende todavía más como ciudadana. Los esfuerzos de Trump para hacer uso del poder del Gobierno de EE UU para evadir su responsabilidad por un mal comportamiento privado no tiene precedentes y muestra de manera todavía más obvia cómo de lejos está dispuesto a llegar para prevenir que se conozca la verdad”, ha declarado la abogada de Carroll, Roberta Kaplan.

En términos institucionales, la decisión del Departamento de Justicia casi no tiene precedentes en la historia de EE UU, según informa al diario The New York Times Steve Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Texas. Según Vladeck, hay que remontarse a 2005 para encontrar un caso similar. Entonces, una corte federal de Washington determinó que los abogados del Gobierno podían ejercer la defensa de Cass Ballenger, un legislador republicano de Carolina del Norte que había sido denunciado por el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR, en inglés). Pero se trataba de un congresista, no del presidente de EE UU.

En su uso particular de la Justicia, el pasado mes, Trump insinuó en una entrevista con la cadena Fox que si el fiscal general William Barr quería pasar a la posteridad como uno de los grandes lo que tenía que hacer era investigar al expresidente Barack Obama y su número dos, Joe Biden, hoy su contrincante en la carrera por la Casa Blanca, por la trama rusa. Barr confirmó poco después de que ninguno de los dos hombres está bajo el escrutinio de la Fiscalía.

Carroll asegura que conserva el vestido que llevaba cuando el asalto se produjo en el probador del exclusivo Bergdorf Goodman y que podría usarse para obtener pruebas de ADN que impliquen al presidente. A 54 días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en las que Trump se juega la reelección, la vuelta a los titulares de otro acto de sexismo y violencia contra las mujeres puede hacer daño a la campaña del republicano, razón por la que estaría intentando echar balones fuera y quitarse del foco de la denuncia.

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