20 años de prisión para dos estadounidenses que participaron en la incursión contra Maduro

Luke Denman y Airam Barry, exmilitares detenidos en mayo en las costas venezolanas, fueron condenados sin derecho a la defensa, según sus abogados

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante la celebración de un nuevo aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, el 4 de agosto.MIRAFLORES PALACE (Reuters)

Todo salió mal en el desembarco en las costas venezolanas del pasado mes de mayo, durante una supuesta invasión militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Los exmilitares estadounidenses, Luke Denman y Airan Barry, detenidos como parte de la llamada ...

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Todo salió mal en el desembarco en las costas venezolanas del pasado mes de mayo, durante una supuesta invasión militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Los exmilitares estadounidenses, Luke Denman y Airan Barry, detenidos como parte de la llamada Operación Gedeón, enfrentarán ahora 20 años de prisión en Venezuela. La condena por delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo se produjo este viernes en una audiencia en la que, denunció la defensa, los antiguos soldados no tuvieron derecho a la defensa ni tampoco acceso a sus abogados.

La decisión fue comunicada a través de Twitter por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien aseguró que los acusados habían admitido en una audiencia anterior su responsabilidad en los hechos. De acuerdo con la versión del chavismo, los estadounidenses fueron detenidos cuando se acercaban en una lancha a las costas de Choroní, en la región central de Venezuela. Los sorprendió un pescador con un arma casera, al que los mercenarios no opusieron resistencia. El hecho ocurrió horas después de que las autoridades informaran que habían asesinado a ocho exmilitares venezolanos que intentaron infiltrarse con armas por el litoral de La Guaira. Ambas incursiones eran parte de la conspiración llamada Operación Gedeón, organizada por el militar venezolano disidente Clíver Alcalá para deponer a Maduro y en la que dos asesores de Juan Guaidó habían participado inicialmente.

Pese a la decisión del tribunal, el rocambolesco episodio con graves implicaciones políticas en Venezuela todavía está cubierto de dudas. Para la fallida operación se contrató a la empresa de seguridad privada Silvercorp, con sede en Florida, dirigida por el exmilitar Jordan Goudreau. El contratista denunció el incumplimiento del pago por parte de los representantes del equipo de Guaidó con los que inició las negociaciones. El diputado Sergio Vergara y el consultor político Juan José Rendón alegaron que habían abortado el plan meses antes y luego de los señalamientos renunciaron a sus cargos en el gobierno interino de Guaidó. Alcalá se entregó a agentes de la DEA en Colombia, que lo buscaban por cargos de narcotráfico y terrorismo, luego de que se desarticuló el plan.

Lenman, Barry y otras 40 personas están detenidas por este caso. Se trata de la enésima conspiración y plan de magnicidio que el chavismo denuncia. A las horas de su detención, se divulgaron videos de los estadounidenses confesando el plan durante el interrogatorio. Según las grabaciones difundidas por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, la acción fue coordinada entre Estados Unidos y Colombia. Algo que ambos gobiernos han negado. “Colombia no participa en operetas ni sainetes en Venezuela”, dijo el presidente Iván Duque a EL PAIS en junio. En los videos, Barry explicó que su misión era entrenar hombres en tomas de espacios, edificios, calles y aeropuertos para ejecutar una extracción de Maduro hacia Estados Unidos.

La reciente visita en misión humanitaria del ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, buscaba mediar para la liberación de los ex veteranos nacidos en Texas, además de seis ex ejecutivos de Citgo. El lobby solo logró prisión domiciliaria para dos de los petroleros. El resto está recluido en la cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia venezolano y una de las principales prisiones políticas de Venezuela, donde este fin de semana se reportó la muerte de un detenido por covid-19, que ha encendido alarmas de familiares y defensores.

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