Los familiares de víctimas de ejecuciones del Ejército en Colombia celebran la detención de Uribe: “Es el mejor día de nuestras vidas”
Las Madres de Soacha y el senador Iván Cepeda aplauden el paso dado por la justicia colombiana contra el expresidente
“Van a meter preso a Uribe. Es el mejor día de nuestras vidas”. La reacción de las madres de Soacha, familiares de los jóvenes asesinados por el Ejército durante la Administración de Álvaro Uribe, fue una de las más simbólicas de las víctimas ante el arresto domiciliario preventivo decretado el martes por la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra el expresidente.
En 2008, sus hijos o hermanos, muchachos de barrios vul...
“Van a meter preso a Uribe. Es el mejor día de nuestras vidas”. La reacción de las madres de Soacha, familiares de los jóvenes asesinados por el Ejército durante la Administración de Álvaro Uribe, fue una de las más simbólicas de las víctimas ante el arresto domiciliario preventivo decretado el martes por la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra el expresidente.
En 2008, sus hijos o hermanos, muchachos de barrios vulnerables, fueron reclutados con falsas promesas laborales y asesinados por militares que los vestían como guerrilleros para obtener a cambio permisos e incentivos. El entonces presidente Uribe sugirió que no eran ciudadanos inocentes, aunque la Fiscalía General de la Nación confirmó que no solo estos jóvenes sino al menos 2.248 civiles fueron víctimas de esa práctica conocida como falsos positivos. Uribe llegó a decir que si fueron asesinados “no estarían recogiendo café”, algo que le valió una demanda por parte de las Madres de Soacha. Las mujeres le ganaron al expresidente y él tuvo que retractarse de sus declaraciones.
No han sido los únicos casos en los que el expresidente ha sido denunciado directamente. Hasta el año pasado cursaban contra él 14 investigaciones en etapa preliminar y una de carácter formal por fraude procesal y falsos testigos, la que avanzó finalmente en la Corte Suprema. En esta última, su contraparte fue el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático. “Lo que demuestra esta decisión es que no hay personas que estén por encima de la justicia y de la ley, esa es una lección que tenemos que asumir con serenidad”, dijo el senador que aseguró estar feliz por la decisión.
Este caso comenzó en 2014 durante un debate en el Congreso en el cual Cepeda mostró testimonios de ex paramilitares que señalaban que un bloque de las autodefensas habría sido creado en una finca de propiedad de la familia Uribe. El expresidente demandó a Cepeda por presuntamente buscar testimonios en su contra, pero la Corte Suprema cerró el caso contra el senador y en su lugar abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos. De acuerdo con la investigación, con grabaciones y 40 testigos, abogados del expresidente visitaron cárceles buscando ex paramilitares y habrían ofrecido dádivas judiciales y dinero a cambio de incriminar a Cepeda.
Un caso muy similar vivió el jurista Iván Velásquez, que ahora ganó una demanda y será indemnizado por la el Gobierno. En 2007, cuando Colombia empezó a conocer las relaciones entre paramilitares y políticos, Velásquez era el investigador estrella de la Corte Suprema de Justicia. Jefes paramilitares señalaron a Mario Uribe, primo del expresidente, como uno de los suyos. A partir de ahí Álvaro Uribe se enfrentó públicamente al magistrado, lo acusó de buscar testigos en su contra. Y poco tiempo después, Velásquez terminó siendo víctima de espionaje ilegal del Departamento Administrativo de Seguridad, la policía secreta de la presidencia. Tuvo que exiliarse para proteger a su familia.
“Toda la persecución que hubo entre 2007 y 2009 contra mi familia y contra mí fue dirigida desde la Casa de Nariño, hay que tener en cuenta que Uribe es alguien con absoluto control de todas las cosas”, ha dicho Velásquez, quien luego del exilio fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). “Romper el velo de la impunidad marcaría el precedente frente a la cantidad de investigaciones que han estado paralizadas frente al expresidente Uribe”, dijo horas antes de conocerse la privación de la libertad contra Uribe.
Además del caso por manipulación de testigos, en la Corte hay otra investigación contra el expresidente por la presunta vinculación con el asesinato, en 1998, del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle y la masacre de El Aro, ocurrida a manos de paramilitares cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Uribe se ha defendido diciendo que discutió con Valle en público, como suele hacer, pero que en ningún caso es un delincuente. “Son presiones en mi contra, nada creíble que me comprometa”, dijo en su momento y lo ha repetido en varios casos.