Alberto Fernández renuncia a nacionalizar el gigante agroexportador Vicentin

El pasado 9 de junio, Alberto Fernández ordenó por decreto que el Estado asumiera el control del gigante cerealero Vicentin. El viernes 31 de julio anuló el decreto. El paso en falso del presidente argentino le ha costado grandes protestas de la oposición y de las patronales agrarias, primero, y quejas ahora desde su propio ámbito político por dar marcha a...

El pasado 9 de junio, Alberto Fernández ordenó por decreto que el Estado asumiera el control del gigante cerealero Vicentin. El viernes 31 de julio anuló el decreto. El paso en falso del presidente argentino le ha costado grandes protestas de la oposición y de las patronales agrarias, primero, y quejas ahora desde su propio ámbito político por dar marcha atrás. Pero Fernández ha decidido pagar ese precio por distanciarse de un asunto envenenado. Vicentin, en suspensión de pagos, está en el centro de un escándalo económico y político. La gestión de sus directivos es objeto de una investigación penal.

El “caso Vicentin” reúne ingredientes explosivos: una poderosa dinastía agraria, la mayor suspensión de pagos en la historia de la provincia de Santa Fe, una deuda de 1.344 millones de dólares, más de 2.500 acreedores, presuntas presiones del expresidente Mauricio Macri a un banco público para que siguiera concediendo créditos a una empresa ya en colapso, y una denuncia por estafa piramidal.

La historia remota comienza en 1929, cuando tres hermanos recién llegados de Italia establecieron en Avellaneda, una localidad al norte de Santa Fe, un modesto almacén de algodón y lino. En las siguientes décadas, el almacén creció, incorporó molinos, aprovechó la irrupción del cultivo de soja (la principal exportación argentina) y en su 90 aniversario, el año pasado, Vicentin era ya la sexta empresa exportadora del país. Los Vicentin nunca se movieron de las ciudades gemelas de Avellaneda y Reconquista y se ganaron el respeto de los habitantes de la zona: proporcionaban trabajo, financiaban actividades culturales y recreativas y encarnaban la prosperidad. Un dato da idea de su importancia: el 30% de los ingresos de la municipalidad de Avellaneda corresponde a impuestos pagados por los Vicentin. La familia también controla la Bolsa de Comercio de Rosario y el puerto de la ciudad.

Pero algo pasó en 2019. Tras las elecciones primarias de agosto, cuando se hizo evidente que el presidente Mauricio Macri no sería reelegido y que el peronismo volvería al Gobierno, el peso se desplomó frente al dólar. Y los productores de grano de la región se apresuraron a vender sus cosechas, convencidos de que (como finalmente ocurrió) el Gobierno de Alberto Fernández iba a aumentar las retenciones. Vicentin compró las cosechas y prometió pagar en dólares. Fue el principio del desastre.

En noviembre, la empresa estaba al borde de la insolvencia, si no había caído ya en ella. El Banco Nación, de propiedad pública, le concedió sin embargo un nuevo crédito de ocho millones de dólares, pese a la opinión contraria de los propios analistas internos. Los datos del teléfono móvil de Darío Nieto (secretario del expresidente Mauricio Macri), incautado judicialmente por un sumario de presunto espionaje ilegal, parecen indicar que la Casa Rosada presionó al Banco Nación para que se prestara dinero a los Vicentin. Esa ayuda política se correspondería con el hecho de que los Vicentin fueron los principales financiadores, con 13,5 millones de pesos (unos 200.000 dólares al cambio oficial), de la campaña presidencial de Macri. El entonces presidente del banco, Javier González Fraga, ha sido imputado por la presunta irregularidad.

El 4 de diciembre, el grupo Vicentin suspendió pagos y entró en default. El 10 de febrero, presentó concurso de acreedores y quedó bajo tutela judicial. La tutela correspondió al titular del juzgado número 2 de lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Silvano Lorenzini, un hombre de 44 años que vivió siempre en la región y cuya experiencia como juez no alcanzaba los dos años. “Soy parte de esta comunidad”, dijo Lorenzini en 2018, cuando ganó la plaza. Lorenzini, admirador de los Vicentin como la gran mayoría de sus conciudadanos, no sabía que en poco tiempo iba a hacerse famoso.

El 8 de junio, Alberto Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para intervenir Vicentin. Dijo que lo hacía para que el Estado garantizara el pago a los acreedores, muchos de ellos pequeños productores en situación agónica tras el default del grupo, y en nombre de la “soberanía alimentaria” argentina.

El kirchnerismo vitoreó al presidente. En un sector estratégico y con creciente presencia de las multinacionales, la nacionalización de una gran empresa ofrecía al Estado la posibilidad de influir directamente en el mercado. Pero las patronales agrarias, la mayoría de los vecinos de Avellaneda y Reconquista y la oposición macrista organizaron banderazos, caceroladas y marchas de protesta. Diversos juristas advirtieron, por su parte, sobre la posible inconstitucionalidad de la intervención, en un momento en que el grupo Vicentin estaba tutelado por un juez.

Fabián Silvano Lorenzini, el modesto juez de Reconquista, se convirtió en un dique contra la nacionalización. Cuando los interventores designados por Alberto Fernández llegaron a la sede central de Avellaneda, se encontraron con que Lorenzini les había convertido en simples “veedores” sin ningún poder ejecutivo. Lorenzini, además, mantuvo en su puesto a todo el consejo directivo. La familia seguía al frente de la empresa.

El 13 de julio, Alberto Fernández empezó a rectificar. “Me equivoqué con el tema Vicentin”, declaró a la radio La Patriada. “Creí que la situación de crisis estaba más asumida. Cuando se anunció que el Estado iba a ayudar a recuperar la empresa, pensé que todos iban a salir a festejar. No festejaron, nos acusaron de cosas horribles”. Y añadió: “Cuando digo que me preocupa Vicentin, la primera exportadora de oleaginosas del país, me dicen que soy un chavista que quiere expropiar. Si fuera así, no nacionalizaría una empresa en quiebra, lo haría con una floreciente”.

Un fideicomiso fallido

El último intento del presidente fue un plan por el que el Gobierno de la provincia de Santa Fe, en manos del peronista Omar Perotti, se haría cargo temporalmente de la gestión a través de un fideicomiso. Perotti exigió a la familia Vicentin que se apartara de los cargos directivos, algo que reclamaban los principales acreedores, pero la familia se negó. Quería seguir teniendo representación, aunque fuera mínima. Según el Gobierno de Santa Fe, los Vicentin reclamaron además inmunidad judicial, algo que a Perotti le pareció inaceptable. La opción del fideicomiso provincial quedó invalidada.

Los Vicentin tenían motivos para preocuparse por la justicia. El juez federal Julián Ercolini ya había imputado al expresidente de Banco Nación, Javier González Fraga, junto con otros directivos de la entidad, y a ocho directivos del grupo Vicentin, por el préstamo presuntamente irregular de noviembre y por presunto lavado de dinero. Varios bancos extranjeros habían reclamado ante un tribunal de Nueva York una investigación sobre el destino del dinero que habían prestado a Vicentin, ya que sospechaban que la empresa evadía dólares a través de filiales en paraísos fiscales. Y en Rosario (Santa Fe) tres acreedores acababan de presentar una denuncia por presunta asociación ilícita, estafa, abuso de confianza y falsificación de balance.

Gustavo Feldman, el abogado que lleva la denuncia de Rosario, considera que Vicentin funcionaba últimamente según el llamado “sistema Ponzi” o “estafa piramidal”, pagando créditos antiguos con nuevos créditos y almacenando un grano que no usaba. El abogado señala como ejemplo el caso de la empresa La Clementina, a la que Vicentin compró grano el 4 de diciembre por la mañana, unas horas antes de suspender pagos: “Sabían que no iban a pagar”. Según Feldman, el grupo está en quiebra técnica: “El pasivo es 20 veces superior a los activos”.

Ante este panorama, Alberto Fernández renunció el viernes a la nacionalización. El presidente acusó al juez Lorenzini de no permitir que el Estado conociera la deuda real de la compañía (de hecho, Vicentin ni siquiera ha presentado sus cuentas de 2019) y dijo que no comprometería recursos públicos mientras la familia siguiera controlando la empresa. “Nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en que la empresa ha caído”, explicó a través de su cuenta en Twitter. “No estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, agregó.

Para los sectores más radicales de la coalición gobernante, Fernández había claudicado ante la presión de los empresarios agrícolas, enemigos feroces del kirchnerismo desde 2008, cuando el aumento de las retenciones puso al campo en guerra contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La decepción de estos sectores se reflejó en las redes sociales, al igual que la sensación de victoria de las patronales y el macrismo.

Portavoces de Vicentin insistieron en que el fideicomiso habría significado “una expropiación sin indemnización” y aseguraron que seguirían trabajando para “encontrar una solución dentro del concurso de acreedores”, captando inversiones nuevas.