Una jueza ordena que la brigada de EE UU desplegada en Colombia suspenda sus actividades

El presidente de Colombia, Iván Duque, debió haber pedido autorización al Congreso para la llegada de una brigada estadounidense que se encuentra desde el mes pasado en el país brindando asesoría el Ejército en operaciones antinarcóticos. Así por lo menos lo determinó una jueza del departamento de Cundinamarca, en el centro del país, al ordenar que los militares extranjeros suspendan sus actividades y el mandatario remita al Senado de la República, en un plazo de 48 horas, “toda la información y antecedentes relacionad...

El presidente de Colombia, Iván Duque, debió haber pedido autorización al Congreso para la llegada de una brigada estadounidense que se encuentra desde el mes pasado en el país brindando asesoría el Ejército en operaciones antinarcóticos. Así por lo menos lo determinó una jueza del departamento de Cundinamarca, en el centro del país, al ordenar que los militares extranjeros suspendan sus actividades y el mandatario remita al Senado de la República, en un plazo de 48 horas, “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia” de la brigada en cuestión.

El Senado podrá ejercer así su función de control político, señala el fallo de la magistrada Bertha Lucy Ceballos, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante una acción interpuesta por un grupo de congresistas de diversos partidos. Los demandantes, que consideraban vulnerado su derecho a la participación política, incluyen a Iván Cepeda, del Polo Democrático; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; el izquierdista Gustavo Petro, rival de Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, o varios miembros del partido FARC, con representación en el legislativo por cuenta del acuerdo de paz. “Me complace enormemente que la justicia en Colombia restaure nuestros derechos y nuestra soberanía”, celebró Cepeda. “Esperamos que el Congreso esté a la altura, y que niegue esa presencia invasora y hostil en nuestro territorio”, añadió.

En un escueto pronunciamiento, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó que el Gobierno es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de poderes, y “en consecuencia se dará cumplimiento a la orden judicial”. Anunció, sin embargo, que impugnarán la decisión, ya que consideran que la presencia estadounidense en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento “no requiere el permiso del Senado de la República”.

A finales de mayo, la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa informaron de la llegada a Colombia de una brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), “para ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos”. De acuerdo con la embajada, el despliegue de esa unidad especializada, que comenzó a principios de junio, se extendería por varios meses. “La misión de SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”, declaró en su momento el almirante Craig Faller, comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.

Desde el anuncio, la llegada de las uniformados activó recelos y suspicacias. Acrecentadas además por la estrategia de la Casa Blanca de intensificar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en la vecina Venezuela. Varios congresistas se quejaron de no haber sido informados, y el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, recordó que el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución, exige la intervención de diversas autoridades. El Ejecutivo defendió que el papel de los militares estadounidenses se enmarcaba en la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, y por tanto no equivalía al tránsito de tropas ni a una brigada de combate.

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Después de haber alcanzado máximos históricos de 171.000 hectáreas, los narcocultivos comienzan a mostrar una tendencia a la baja en el Gobierno Duque, marcado por un regreso al prohibicionismo. La superficie total destinada a la hoja de coca, materia prima de la cocaína, pasó de 169.000 a 154.000 hectáreas al cierre del año pasado, de acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI).