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Una interna sindical termina en una batalla campal en Argentina

El titular del sindicato de conductores de autobuses se atrinchera en una azotea mientras cientos de opositores intentan asaltar el edificio

Paro de colectivos UTA Buenos Aires
El intento de asalto al sindicato de chóferes, este lunes en Buenos Aires.

Como si se tratara del asalto a una fortaleza medieval, decenas de personas armadas con escaleras entraron desde la calle el primer piso de la sede del sindicato de los chóferes de autobuses de Buenos Aires, lanzaron por la ventana documentos, muebles y computadoras y obligaron al titular del gremio, Roberto Fernández, a ocultarse en la azotea. Desde el otro bando, el opositor Miguel Bustinduy clamaba por la cabeza de Fernández, al que acusaba de no apoyar el reclamo salarial de los chóferes que le responden. Después de 14 horas de guerra de baja intensidad y ocho heridos hospitalizados, los bandos acordaron una tregua. La interna de uno de los sindicatos peronistas más poderosos de Argentina no es una buena noticia para Alberto Fernández, que este martes cumple una semana en el poder.

La pelea estalló el lunes, cuando las comisiones internas que siguen a Bustinduy declararon una huelga en más de 50 líneas de buses, que cada día venden un millón de pasajes en Buenos Aires y su extrarradio (el 15% del total). La protesta no contó con el apoyo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato liderado por Fernández desde hace 12 años y único reconocido por el ministerio de Trabajo. El líder rebelde acusó a Fernández de no apoyar “la lucha de los trabajadores” y lo conminó a “respaldar el paro por tiempo indeterminado” convocado por su gente para reclamar mejoras salariales. Fernández no cedió a la presión y mediante un comunicado aclaró que la UTA “no avalaba” la huelga. Los hombres de Bustinduy decidieron entonces el asalto a la sede del sindicato.

La escena fue de película. Los manifestantes alcanzaron el primer piso del edificio con escaleras que montaron en la calle, luego rompieron los ventanales y desde las oficinas arrojaron mobiliario y papeles. Un coche estacionado en la puerta de ingreso terminó dado vuelta, mientras los chóferes atrincherados en el interior se defendían del ataque con extintores de incendio. La policía formó finalmente un cordón entre los bandos y puso un poco de paz. Fernández, en tanto, recluido en la azotea con algunos colaboradores, amenazaba con “matar a fierrazos” a cualquier opositor que osara pisar la última planta de su bastión y pedía a través de su teléfono móvil que lo rescataran. La toma duró más de 14 horas. Las partes acordaron finalmente una tregua hasta mediados de enero, sin que el gobierno de Fernández haya intervenido en una interna sindical atravesada por las peleas que dividen al peronismo. Tras los incidentes se oculta una larga disputa por el control del gremio.

Bustinduy está enfrentado con Fernández desde fines de agosto de 2018, cuando el ministerio de Trabajo impugnó su Lista Azul y lo dejó afuera de las elecciones en el sindicato. Fernández, que lidera el gremio desde hace 12 años, ganó sin oposición y garantizó su continuidad hasta 2023. Bustinduy acusó a Fernández de acordar con el Gobierno de Mauricio Macri la maniobra de escritorio que lo sacó de la carrera y se hizo fuerte en las empresas de transporte con asambleas más combativas. La huelga de esta semana en 50 líneas de buses fue una muestra de su poder como opositor. “Hoy el sindicato es solo un edificio vacío sin el calor de los trabajadores”, dijo Bustinduy.

La pelea es la exhibición de un sindicalismo que se acomoda a los nuevos tiempos, marcados por el regreso del peronismo al poder tras cuatro años de macrismo. La principal central de trabajadores, la CGT, con líderes que llevan décadas al frente de sus gremios, perdió fuerza entre las bases por su actitud “dialoguista” hacia el gobierno de Mauricio Macri y su pasividad hacia las consecuencias de la crisis. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, fruto de la inflación acumulada, y la subida del desempleo por encima del 10% quitó poder de fuego al sindicalismo tradicional peronista y dio alas a los grupos internos alineados con los partidos de extrema izquierda. Fernández deberá acordar con esos grupos, cada vez más refractarios a la llamada “burocracia sindical”, si pretende paz social.

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