El Congreso peruano otorga la confianza a Vizcarra, pero no garantiza la reforma política

El Parlamento evita su disolución y debatirá leyes enviadas por el Ejecutivo para contrarrestar la corrupción en la esfera pública

El presidente peruano Martín Vizcarra, en mayo pasado. GUADALUPE PARDO (REUTERS)

Moción de confianza superada, sí, pero sin claridad sobre el futuro de la reforma política. El Gobierno peruano, presidido por Martín Vizcarra, envió al Congreso hace casi un mes 12 proyectos de ley de reforma política, que el Legislativo no puso en agenda y empezó a desechar hace un par de semanas. Este martes, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, planteó al Parlamento la cuestión de confianza para seis de esas iniciativas legales, con el objetivo principal de luchar contra la corru...

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Moción de confianza superada, sí, pero sin claridad sobre el futuro de la reforma política. El Gobierno peruano, presidido por Martín Vizcarra, envió al Congreso hace casi un mes 12 proyectos de ley de reforma política, que el Legislativo no puso en agenda y empezó a desechar hace un par de semanas. Este martes, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, planteó al Parlamento la cuestión de confianza para seis de esas iniciativas legales, con el objetivo principal de luchar contra la corrupción en la política, y este miércoles, poco después del mediodía, el Legislativo la ha otorgado, evitando así la disolución de ese poder del Estado. Pese a la contundencia, la votación de este miércoles —77 sufragios a favor y 44 en contra— no significa un respaldo automático a la reforma anticorrupción del Ejecutivo.

Vizcarra asumió como presidente en marzo del año tras la caída en desgracia de Pedro Pablo Kuczynski. Casi medio año antes, el Gobierno de Kuczynski había plantado una primera cuestión de confianza para evitar la destitución de la ministra de Educación, Marilú Martens, y el Legislativo la rechazó. Por ello, si por segunda vez el Congreso la denegaba, de acuerdo a la Constitución, el presidente se habría visto abocado a disolverlo y a convocar unas nuevas elecciones legislativas.

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Dos de los proyectos de ley que persigue el Ejecutivo de Vizcarra obligan a realizar reformas constitucionales. Y para que éstas rijan en las elecciones de 2021, se requiere que los congresistas las voten en la presente legislatura, que termina el 15 de este mes, ratificando el voto en la siguiente, que comienza a finales de julio. Por ello, cuando el jueves pasado el primer ministro Del Solar solicitó por escrito al Legislativo que lo recibiese para plantear la cuestión de confianza, aludió a la celeridad que requería la primera votación: "Si ese plazo es excedido valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada". La carta de la mano derecha de Vizcarra desató las críticas de los parlamentarios de las bancadas opositoras —el fujimorista Fuerza Popular y el Partido Aprista—, que rechazaban el ultimátum que planteaba el Ejecutivo.

Además, el jefe del Ejecutivo solicitó en el documento que el Legislativo mantuviera la esencia de los proyectos de ley, después de que el año pasado Vizcarra pidiese la confianza por otras cuatro iniciativas de ley y que el Congreso, tras otorgárselo, acabase modificando totalmente una de ellas. Los cambios fueron sometidos a referéndum y la norma que el fujimorismo desvirtuó fue finalmente rechazada en una consulta ciudadana.

El miércoles por la mañana, cuando Del Solar planteó el pedido al Parlamento, afirmó que era una "solicitud de respaldo político a las iniciativas". Es lógico, dijo, "que dicho respaldo, de conseguirse, no desnaturalice lo propuesto". El proyecto que el Ejecutivo plantea con prioridad es justamente el que la comisión de Constitución del Congreso mandó al archivo hace un par de semanas: plantea que un órgano autónomo decida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. En el último año, el fujimorismo protegió a un congresista sentenciado por robo de gasolina al Ejército cuando era comandante general de esa institución. Está prófugo hace más de un mes.

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Las otras propuestas buscan prohibir el financiamiento sucio de las campañas políticas, impedir las candidaturas de sentenciados por delitos con pena mayor a cuatro años, que los partidos elijan a sus candidatos en elecciones primarias abiertas a todos los ciudadanos y que se elimine el voto preferencial (en congresistas). Además, considera que las listas de candidatos al parlamento deben ser elaboradas con los criterios de paridad y alternancia para que las mujeres tengan mayores oportunidades de acceder a cargos de elección popular.

Sin garantías

El otorgamiento de la confianza, sin embargo, dista mucho de ser un respaldo claro a la urgencia del Gobierno —y de la mayor parte de la ciudadanía— de limpiar la política de la corrupción. "Vamos a tratar los proyectos de ley de la mejor manera, son malos. Ojalá que al mejorarlos no digan 'ah, usted los ha desnaturalizado'. Ellos [el Ejecutivo] no tienen la posibilidad de decir que el voto es contrario a lo que aprobaron [al dar la confianza]", comentó a la emisora Radioprogramas el congresista del Partido Aprista Mauricio Mulder al final de la votación del miércoles.

"El [proyecto de ley] que debería ir directo al archivo es el de las elecciones internas en un partido, porque es un mamarracho", añadió Mulder, quien votó contra el otorgamiento de la confianza. La presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Rosa Bartra, junto con Mulder, argumentaron largamente, en el debate del pleno, contra el Gobierno de Vizcarra por el pedido de confianza. "El tiempo de los parlamentos vasallos ha pasado", dijo Bartra este miércoles.

Un sector de la izquierda, la bancada de Nuevo Perú, votó contra la cuestión de confianza, respondiendo al sector mayoritario de la opinión pública que espera el cierre del Congreso. "Este parlamento no merece confianza hoy. Es posible que hagan lo mismo (con los proyectos de ley) del referéndum", dijo la parlamentaria de Nuevo Perú, Marisa Glave.

Glave informó en la radio Radioprogramas que mientras discutían la cuestión de confianza recibieron de la Comisión de Constitución un proyecto de ley sobre la democracia interna en los partidos, que no contemplaba ninguno de los aspectos referidos en la propuesta que remitió el Ejecutivo. Dicho texto sería discutido esta tarde.

Incluso el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, también congresista, declaró que "subsiste la duda" de lo que ocurriría si transcurre el tiempo y la oposición no aprueba las normas o las modifica en su esencia. "Corresponde acelerar las reformas políticas en un plazo razonable. Hay compromisos políticos", declaró en uno de los pasillos del Congreso a la prensa.

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