El Gobierno de Peña Nieto, acusado de espiar a la mujer de Javier Valdez tras el asesinato del periodista
Griselda Triana recibió mensajes infectados con el ‘malware’ Pegasus apenas diez días después de que mataran a su esposo
El caso Pegasus aparece de nuevo en el horizonte de la política mexicana. La trama de espionaje virtual presuntamente comandada por funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto trató de apoderarse del celular de Griselda Triana, esposa del periodista asesinado Javier Valdez. Pistoleros asesinaron a Valdez el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, la capital de Sinaloa. Diez días más tarde, Triana recibió dos mensajes enlazados a un malware, Pegasus. ...
El caso Pegasus aparece de nuevo en el horizonte de la política mexicana. La trama de espionaje virtual presuntamente comandada por funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto trató de apoderarse del celular de Griselda Triana, esposa del periodista asesinado Javier Valdez. Pistoleros asesinaron a Valdez el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, la capital de Sinaloa. Diez días más tarde, Triana recibió dos mensajes enlazados a un malware, Pegasus. Este programa convierte el celular infectado en su disfraz. Instalado en el teléfono, Pegasus tiene acceso a todos los archivos y aplicaciones.
Triana ha explicado este martes que nunca entró en los enlaces que aparecían junto a los mensajes. "Yo estaba en shock y no les di importancia. Pero a finales del año pasado, cuando se supo que dos compañeros de Javier en [la revista] Rio Doce habían recibido mensajes infectados por Pegasus, recordé que a mí me habían llegado también".
Desde 2017, la Fiscalía General de la República investiga la trama Pegasus, fecha en que se denunciaron los primeros intentos de espionaje. A la fecha se sabe que al menos 25 personas recibieron mensajes parecidos al de Triana, entre periodistas y activistas. Dos de los 25 son los de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, compañeros de Valdez en la revista Río Doce.
Pegasus es un software que una empresa israelí, NSO Group, vende a Gobiernos con el objetivo de apoyar la lucha antiterrorista. O esa es la versión que mantiene la empresa. Griselda Triana se preguntaba este martes por el peligro que ella le supone al Estado. "¿Qué razones había para espiarme? ¿Pensaban que yo tenía información sobre el crimen de Javier? No creo, pues su crimen sigue impune, pese a los avances. No tengo nada que esconder".
Hasta el momento, el único comprador conocido de Pegasus en el Gobierno es la propia Fiscalía. Es decir, que serían funcionarios de la institución los responsables de haber puesto en marcha el malware, de elegir los objetivos y tratar de engancharlos. Las preguntas de Triana vienen a cuento porque resulta difícil imaginar un motivo para tratar de infectar su celular. Y menos en el momento en que se hizo. Cuestionados al respecto, abogados que siguen de cerca la investigación de la trama apuntan a un intento por desacreditar las pesquisas; por encontrar información con la que elaborar y esparcir rumores sobre el móvil del asesinato de su esposo. Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19, ha dicho que la única hipótesis que se le ocurre es que "tuvieran intención de hacer descarrilar la investigación" del asesinato del periodista.
Luis Fernando García, responsable de la Red en Defensa de los Derechos Digitales ha señalado la gravedad de los casos de Triana y de los periodistas de Río Doce. "Los intentos de instalarles Pegasus se hicieron cuando ya eran públicos casos de abuso con el malware, lo que lo hace doblemente grave. Queda claro que al Gobierno anterior le importaban muy poco las denuncias. Lo mismo que a la empresa israelí". Para entonces ya se conocían por ejemplo, los intentos de espionaje contra la periodista Carmen Aristegui, que durante el Gobierno anterior denunció insistentemente casos de corrupción que involucraron a altos funcionarios, incluso al propio presidente; o al responsable de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, que en esos años estuvo dando batalla para aumentar los impuestos a la industria del refresco.
"Nos preocupa la investigación en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Libertad de Expresión", ha dicho García. "Las primeras denuncias se pusieron en junio de 2017. Sigue sin existir avance significativo en las investigaciones. Por el contrario, se han hecho públicas cuestiones que nos hacen pensar que muy probablemente en los últimos meses del Gobierno anterior existieron intentos deliberados de obstaculizar la investigación y destruir evidencia".
EL PAÍS se ha puesto en contacto con un portavoz de la Fiscalía para preguntarle por la investigación del caso Pegasus. "La investigación", ha dicho, "sigue abierta. No se puede decir que no hay avances, precisamente porque la investigación está en curso".