Los retos de la seguridad para el próximo Gobierno colombiano

Faltan apenas unas semanas para la elección presidencial en Colombia. Las encuestas, análisis y proyecciones están a la orden del día. Ya los candidatos con más opciones han puesto las cartas sobre la mesa en los temas neurálgicos del país. Uno de ellos se refiere a los retos en materia de seguridad. Sin embargo, la mayoría de candidatos han caído en lugares comunes o en la famosa falacia del populismo punitivo. Todos coinciden en la necesidad de aumentar el pie de fuerza de la policía, en mejorar el sistema carcelario, en combatir la corrupción y en cuerpos especializados contra delitos urban...

Faltan apenas unas semanas para la elección presidencial en Colombia. Las encuestas, análisis y proyecciones están a la orden del día. Ya los candidatos con más opciones han puesto las cartas sobre la mesa en los temas neurálgicos del país. Uno de ellos se refiere a los retos en materia de seguridad. Sin embargo, la mayoría de candidatos han caído en lugares comunes o en la famosa falacia del populismo punitivo. Todos coinciden en la necesidad de aumentar el pie de fuerza de la policía, en mejorar el sistema carcelario, en combatir la corrupción y en cuerpos especializados contra delitos urbanos.

En todo caso, la mayoría de estas medidas, como se dice popularmente, son paños de agua tibia. Es decir, no resuelven los problemas de fondo en materia de seguridad. Son tan comunes y básicas las propuestas que no permiten ver con claridad el programa integral de seguridad de cada candidato. Colombia tiene seis grandes retos en materia de seguridad para el futuro. Nos centraremos en dos.

Tal vez, el principal reto tiene que ver con la seguridad rural del país. El diagnóstico es el siguiente, En primer lugar, actualmente 190 municipios de los 1.122 que tiene Colombia cuentan con una presencia importante de cultivos de hoja de coca, minería criminal o ruta de tráfico de armas o droga. Además, en estas zonas hay presencia de estructuras criminales con capacidad militar importante. En segundo lugar, la exguerrilla de las FARC operaba en 242 municipios. Ahora, 76 de ellos han sido copados por organizaciones criminales o por la guerrilla del ELN. Aquí llegaron primeros los criminales que el Estado y la estrategia de copamiento territorial de la Fuerza Pública colombiana no ha sido eficiente. En tercer lugar, apenas hay 10.000 policías rurales en Colombia para cubrir el 99% del territorio nacional. En muchas zonas la población colombiana no tiene servicio de justicia o seguridad y los habitantes terminan acudiendo a criminales para que regulen la vida social.

Lo complejo de este primer tema es que ningún candidato ha hablado de la seguridad rural. Hablan del narcotráfico en un sentido general, con políticas de represión, pero no delinean sus estrategias. Por ejemplo, habría que pasar de 10.000 a 50.000 policías en un periodo de no más de seis años. Habría que garantizar inspectores de policía al menos para 300 municipios donde antes los ilegales eran los que ofrecían servicios de justicia. Habría que discutir sin apasionamientos el rol de las Fuerzas Militares y la Policía para garantizar claridad operativa y, claro, habría que priorizar componentes permanentes rurales de militares y policías en varios corredores de movilidad.

El otro tema neurálgico de la seguridad tiene que ver con el asunto institucional. El diagnóstico es el siguiente. Primero: no hay una claridad institucional sobre la política de seguridad y convivencia. Hay una alta consejería adscrita a la Presidencia de la República, además está la dirección de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa y cada cual va por su lado. Segundo: Colombia no ha logrado diseñar una política criminal. Tercero: Colombia está intentando entrar a la OCDE y para ello necesita desmilitarizar a la Policía, que por el conflicto con las FARC está adscrita al Ministerio de Defensa. Pero en un país democrático eso es insostenible.

En definitiva, no existe un camino definido de soluciones. En el tema institucional hay opciones, pero todas son bastante debatibles. Por ejemplo, para algunos la mejor solución es crear un Ministerio para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, el cual debería tener a cargo la elaboración y seguimiento de la política de seguridad y controlar la Policía Nacional, al igual que el sistema penitenciario y carcelario. Para otros, esto generaría mucho debate político y lo mejor sería hacer ajustes estructurales en el Ministerio de Defensa que den cuenta de los retos del país en el futuro. Pero el resumen es que hay mucho que debatir, algunas opciones son más viables que otras y las campañas presidenciales todavía no han tomado posición en varios de estos temas.