“Nos echaron como a perros”

El dedo moreno y campesino de Ezequiel Welmer pasa las fotos sobre el móvil como si viera un documental en sepia sobre la violencia de los años 80. Mientras mueve torpemente el dedo sobre la pantalla, musita los nombres de sus vecinos: "Esta era la casa de Don Alfonso, esta la de Américo, aquella la del Mapache, esta la de Cresencio, la iglesia...".

Repasa con calma las fotos de la que fue su aldea, hoy reducida a cenizas por el Ejército de Guatemala, en cumplimiento de una orden judicial. "Nos echaron como a perros del lugar donde vivimos y donde han nacido nuestros hijos", explica bajo un techo de plástico por el que se cuela la lluvia. Desde hace dos semanas, Ezequiel y otros 400 campesinos q'eqchí acampan en la frontera entre México y Guatemala, después de ser desalojados de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, que limita con Campeche.

El viernes 2 de junio, más de 1.200 uniformados, con estricta puntualidad suiza, ejecutaron, con estricta brutalidad militar chapina, tan conocida en Petén, la orden de desalojo emitida por un juzgado. Unas horas antes, 32 ancianos, 119 niños, 13 bebes, 82 adolescentes, 148 adultos y tres mujeres embarazadas, cargaron todo lo posible a lomos de las bestias, abandonaron el lugar y empezaron a caminar hacia México, a pocos kilómetros de ahí, hasta que se detuvieron justo en la raya.

Cuando, por la mañana, los militares llegaron solo encontraron en la aldea algunas gallinas y las casas de madera y lámina de Don Alfonso, Américo, El Mapache, Cresencio... a las que prendieron fuego y cortaron los pilares con sierras mecánicas por si pretendían volver.

La intervención de los soldados y la PNC llegó después de que un juzgado del Petén diera la razón al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala ordenando la expulsión de la comunidad de acuerdo con una sentencia para el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. La zona, sin embargo, es un importante paso de tráfico de drogas y un rosario de explotaciones que van desde petróleo a minas.

"Nos acusan de talamontes y narcotraficantes, ¿usted cree que si fuera narcos estaría aquí tirado casi enfermo?", dice en su miserable carpa Obdulio Chomá, señalando un montón de bolsas de basura con ropa sobre la que duermen los pequeños.

En los mapas y las aplicaciones de celular, la frontera es una línea respetada y reconocida en los tratados internacionales. Sobre el terreno es, en realidad, un horno de 40 grados y una humedad del 95%, rodeada de plantaciones de chihua y asediada por mosquitos y alacranes, sobre el que no ha dejado de llover. Una franja de tierra y lodo de tres metros de ancho que separa los dos países, en la que un surrealista cartel en medio de la nada, indica donde empieza un país y termina el otro.

Ante la delicada situación médica —varios niños han sido atendidos con erupciones en la piel, diarreas y vómitos y una embarazada de tres meses perdió a su bebe, aseguran los pobladores— el presidente Jimmy Morales ha encargado a uno de sus hombres cercanos, Rafael Cardona, la solución del conflicto.

El Gobierno guatemalteco ha ofrecido alojarlos en un albergue, algo que rechazan. "Ahí solo llegas con la ropa que llevas encima. Te dan de comer 15 días y luego te botan a la calle", explica Henry Córdoba, quien recuerda que en 2009 este mismo juzgado autorizó el desalojo de la comunidad Centro Uno, en la Sierra del Lacandón, pero las familias nunca fueron realojadas y siguen viviendo en las calles a orillas de la comunidad retalteco en condiciones miserables.

La última propuesta que corre de forma esperanzadora de boca en boca entre los campesinos es que el Gobierno pueda adquirir una finca donde reubicarlos. "Ni queremos ir a un albergue ni ser refugiados en México, sino volver a nuestras tierras. Somos 100 familias de campesinos que vivíamos del campo en nuestro propio país. Nos han quitado la casa y la forma de ganarnos el pan", añade.

Según Amnistía Internacional (AI) el desalojo no tiene que ver con razones medioambientales y se enmarca "en la larga disputa por la tenencia de la tierra en el Petén" y el control de los recursos naturales. En consecuencia, en los próximos días 200 personas más saldrán de El Sacrificio y otras tantas de La Mestiza, en cumplimiento de fallos judiciales emitidos esta semana lo que "podría dar lugar a la llegada de decenas de familias (...) a los campamentos improvisados en la frontera" señala AI.

"Firmamos la paz para que los campesinos sin tierra tuviéramos donde trabajar y ahora no se cumple nada de eso", explica Córdoba, quien ya hizo este camino de Guatemala a México hace tres décadas huyendo de la violencia de la guerra. "Pero hoy no nos fuimos por una violencia militar", dice meciéndose en la hamaca mientras cae la lluvia: "Nos fuimos por una violencia económica".