La oposición presiona a Macri a un año de la detención de la líder social Milagro Sala

La líder social kirchnerista y diputada del Parlasur Milagro Sala cumple un año en prisión preventiva en el norte de Argentina, convertida en uno de los puntos débiles para la imagen internacional de Mauricio Macri. Su detención es considerada "arbitraria" por la oposición, movimientos sociales y organismos internacionales, que este lunes reforzaron la presión sobre el Gobierno para exigir su liberación inmediata. El Ejecutivo macrista argumenta que se trata de una decisión judicial y no puede intervenir. Sala está acusada de supuesta malversación de fondos, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros cargos distribuidos en media docena expedientes judiciales. Hasta el momento, la justicia provincial de Jujuy la ha condenado por dos causas menores: a tres años de prisión en suspenso por un escrache y a una multa y a una inhabilitación por una protesta de la organización que encabeza, la Tupac Amaru, contra el gobernador Gerardo Morales. Las condenas no han aminorado las voces críticas contra la detención de Sala sino que las han avivado por las supuestas irregularidades detectadas en ambas causas.

El kirchnerismo considera a Sala una presa política, víctima de una persecución orquestrada por Morales, tal y como se repitió hoy en reiteradas ocasiones durante la multitudinaria rueda de prensa celebrada en la sede de la Tupac Amaru en Buenos Aires. "La detención es arbitraria, es injusta e ilegal", aseguró el Comité por la libertad de Milagro Sala en la conferencia. "Lo de Milagro Sala demuestra un deterioro gravísimo del Estado de derecho nacional. Por una obcecación del gobernador estamos haciendo un tremendo papelón internacional", agregó el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni, otro de los presentes. Las muestras de apoyo se multiplicaron por todo el país: centenares de personas cortaron uno de los accesos de entrada a la capital argentina, en una decena de ciudades argentinas se registraron movilizaciones para exigir su libertad y #UnAñoPresaPolítica se convirtió en trending topic en las redes sociales. "Hoy se cumple un año de la privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala, presa política", escribió la expresidenta argentina Cristina Fernández en Twitter y su mensaje fue retuiteado más de 2.000 veces.

El Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas considera que las autoridades judiciales no han podido justificar adecuadamente que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación para mantener presa a Sala. Con motivo del aniversario de su detención, Amnistía Internacional recordó en un nuevo comunicado que "los procesos contra Sala ocurrieron en un contexto de vulneración de la independencia judicial". Como supuesta prueba, la defensa de la dirigente kirchnerista esgrime los correos electrónicos enviados por el abogado Federico Wagner, quien representó al gobernador jujeño en una de las querellas contra Sala, para diseñar una estrategia conjunta de cara a la futura visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los correos, que fueron publicados el domingo por el diario Página 12, darán pie a una nueva denuncia en los próximos días contra Wagner y los fiscales y jueces implicados. Además, los abogados preparan también una presentación judicial contra Morales por presuntamente "comprar un testigo" en la causa por el escrache por la que fue condenada a tres años de cárcel.

Sala fue una de las grandes aliadas territoriales de los Kirchner. Al frente de la Tupac Amaru, llegó a construir un estado paralelo en Jujuy que facilitaba vivienda, educación y salud a sus militantes. Nacida en 1998, la agrupación tuvo a su cargo la construcción de 8.000 viviendas gracias a los aportes que recibía del Gobierno de Cristina Fernández. Tras el cambio de poder nacional y provincial, Sala organizó una acampada frente a la Gobernación de Jujuy. La respuesta de Morales no se hizo esperar: la detuvo por "tumulto" y con el correr de los meses ha sumado media docena de causas más contra ella. Entre ellas, hay dos que investigan el desarrollo de las obras llevadas a cabo por la Tupac Amaru, donde la Fiscalía ve un supuesto fraude al Estado por más de 45 millones de dólares. "Ella utilizaba un sistema extorsivo para entregar las viviendas, decidía a quién, exigía fidelidad. Tres jueces distintos lo están evaluando y coinciden. Era un régimen cuasimilitar, fascista", opina Morales.

El encarcelamiento de Sala y la interrupción de los fondos nacionales que recibía la agrupación kirchnerista ha debilitado su poder local, pero los pedidos por su liberación cuentan con un fuerte respaldo nacional e internacional. Aún así, el Gobierno de Macri mantiene la estrategia de mantenerse al margen y dejar en manos de la Justicia el destino de la dirigente social.