Yecenia Armenta y el eco de la tortura
Una juez ratifica la condena a una acusada de homicidio que pudo sufrir abusos para confesar
La tortura a detenidos, fenómeno "generalizado" en México según la ONU, es la sombra que arrastran multitud de procesos judiciales en este país. Uno de referencia, abanderado por la ONG Amnistía Internacional, es el de Yecenia Armenta, presa desde 2012 bajo la acusación de mandar matar a su marido pese a que ella denuncia que fue sometida a abusos durante horas hasta estampar su firma en la confesión. El último capítulo del caso es que la fiscalía competente, del Estado de Sinaloa, lo ha revisado y ha ratificado que debe seguir encarcelada.
La resolución, que responde a la orden de 2015 de un juez federal de investigar la posible tortura, concluye que los elementos de delito están "plenamente demostrados", aunque, girando sobre el eje de la cuestión de partida, ordena "analizar la denuncia de tortura".
Amnistía Internacional afirma que el caso está "en una etapa crucial". "Es importante que la justicia entienda que la evidencia principal contra ella (su "confesión") ha sido obtenida con tortura. El resto de la evidencia es totalmente insuficiente y también ha sido obtenida por violaciones a derechos humanos de otros co-acusados", dice Mariano Machain, miembro de la organización.
Los abusos en México
El informe de 2015 de la ONU sobre tortura en México afirmaba que "no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura, y se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul [manual de la ONU para evaluar estos casos]".
Entre 2005 y 2013, aporta el informe, en México sólo hubo cinco condenas por torturas. Un dato mínimo que choca con el aumento vertiginoso de las denuncias por este motivo registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: de un promedio de 320 entre 2001 y 2007 a 2100 en 2012, un salto relacionado con la crisis de violencia en los últimos años de lucha contra el crimen organizado y sus subsecuentes excesos de mano dura policial y militar, favorecidos por la ineficiencia del sistema judicial (nueve de cada 10 delitos quedan impunes).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos evaluó el proceso y consideró que se habían violado los derechos de Armenta y que se deberían investigar a los agentes involucrados.
La denuncia de Armenta fue analizada en 2014 por médicos del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura, una agrupación internacional no gubernamental. Ellos detectaron "indicios compatibles con el relato de tortura", según Amnistía Internacional. Por contra, ni los estudios de la Procuraduría General de la República (Fiscalía federal) ni los de la Fiscalía estatal de Sinaloa han detectado muestras de que Armenta sufriera torturas. La ONG sostiene, tanto en este como en otros casos de supuestas torturas, que México debe crear un mecanismo para que los peritos que los escrutan sean independientes de los organismos fiscales y no parte de su personal.
El relato de la acusada recogido por Amnistía Internacional dice: "La obligaron a desnudarse y la esposaron con las manos en la espalda antes de envolverla con una manta. Fue colgada cabeza abajo, la golpearon en todo el cuerpo y la agredieron sexualmente. Pero se mantuvo firme en su decisión de no confesar haber participado en el asesinato de su esposo, hasta que los agentes policiales le dijeron que se llevarían a sus hijos para violarlos y asesinarlos". "Le hicieron firmar una confesión después de casi 15 horas de tortura y malos tratos".
Su marido, un médico especialista en lesiones deportivas, fue asesinado en julio de 2012 por la mañana cuando salía de desayunar de una cafetería. Un sicario lo acribilló a balazos. La Fiscalía de Sinaloa se encargó de la averiguación y determinó que el asesino a sueldo había recibido de Armenta unos 4.500 dólares por cometer el crimen.
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