Guerrero avanza hacia la descomposición

Hace unas horas, 3500 militares y 200 policías han llegado al pueblo de Chilapa, en el estado mexicano de Guerrero, para contener al crimen organizado y acabar –otra vez– con las ejecuciones, los secuestros, las desapariciones. El gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, del PRI, concretó en esta ocasión que la intención es evitar la irrupción de grupos de civiles armados. El hecho es que Chilapa es uno de los focos rojos del estado, junto a su capital, Chilpancingo y la joya turística costera, Acapulco. Con 120.000 habitantes, la proporción de soldados y policías por vecino en Chilapa es probablemente una de las más altas del país.

De acuerdo a las cifras divulgadas hace unos días por la Secretaría de Gobernación, Guerrero terminó 2015 con 2721 homicidios, la mayoría –2016– dolosos, es decir, intencionales.  El año pasado fue el más violento en la entidad desde al menos 2007, de acuerdo a las cifras de instituto nacional de estadística. Si atendemos a la metodología de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la tasa de homicidios en Guerrero por cada 100000 habitantes asciende a 57,6, la más alta de todo el país. En 2014, la tasa fue de 43,2. En el Estado de México, la entidad más poblada de la república, que en 2015 registró 2303 homicidios dolosos, la tasa es de 15,05.

Los motivos son variados, aunque responden mayoritariamente al control que pretenden ejercer diferentes grupos delictivos en la región. La fragmentación del cartel de los Beltrán Leyva hace unos años ha generado la irrupción, muchas veces violenta, de células locales con ansias de expansión. Hace apenas unas semanas, un grupo delictivo de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente, al noroeste del estado, exigía a las autoridades la aprehensión de Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pescado, jefe del cartel de La Familia en Arcelia, uno de los principales municipios de la zona. El fiscal de Guerreo, Xavier Olea, indicó que el cabecilla del grupo era El Tequilero y comentó además que esta banda podría ser una escisión de La Familia o de Guerreros Unidos. El Tequilero y su grupo concretaron su exigencia con el secuestro de 27 personas en Arcelia y el vecino pueblo de Ajuchitlán y el asesinato de otras tres. Esta misma semana han aparecido más ejecutados cerca de Arcelia.

La Familia es lo que queda de La Familia Michoacana, grupo formado en su día por Nazario Moreno y Jesús El Chango Méndez. Guerreros Unidos estuvieron implicados en la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala en septiembre de 2014.

El baile de nombres, pueblos y regiones de influencia se complica todavía más con la aparición de grupos civiles armados, que suelen denominarse autodefensas. A veces, su objetivo parece legítimo, parejo al que plantean las autoridades. Otras, no. A la vez que el grupo de El Tequilero secuestraba a los 27 en Arcelia y Ajuchitlán, la policía Tecampanera se levantaba en Teloloapan, entre Iguala y Arcelia, exigiendo a las autoridades que interrumpan la escalada de violencia y acusando concretamente a El Pescado de ser su causante. En un video divulgado antes de liberar a los secuestrados de Arcelia, la banda de El Tequilero se hacía llamar igualmente grupo de autodefensas.

En Acapulco, la cifra total de muertos superó en 2015 a cualquier otra ciudad de Guerrero, incluida su capital, Chilpancingo. Allí, el cartel independiente de Acapulco impone su ley. Hace unos días, la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz divulgaba que la ciudad costera alcanzaba el cuarto lugar en el listado de las ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 104,73 homicidios dolosos por cada 100000 habitantes. Aunque no existen cifras oficiales, la cuenta de la ONG permite inferir que Acapulco terminó 2015 con 750 homicidios aproximadamente.

Así como la Tierra Caliente parece el escenario de una batalla entre diferentes células, cuya lealtad a cualquier estructura mayor resulta cuanto menos cuestionable, Chilapa y Chilpancingo hacen de contraparte en la región centro del estado. Astudillo detalló en la puesta en marcha del operativo Chilapa, que la llegada masiva de elementos militares y policiales responde a la petición de las familias de los desaparecidos del pueblo. La mayoría de medios mexicanos han señalado, mencionando fuentes oficiales, que el operativo es además una ofensiva contra los grupos de Los Rojos y Los Ardillos. Los primeros son un grupúsculo nacido al calor de la implosión de los Beltrán Leyva y los segundos, una escisión de los Mata Zetas, escisión, a la vez, del cartel de Sinaloa

En mayo del año pasado, un grupo de policía comunitaria –así se hicieron llamar– ocupó Chilapa y alrededores. En aquellos días desaparecieron tres decenas de vecinos, lo que provocó el desembarco masivo de marinos, soldados, policías y gendarmes. Siete meses después, se produce de nuevo el desembarco, con más desaparecidos, 57, de acuerdo a la cuenta de la asociación de familiares “Siempre Vivos”.

Cuando asumió la gobernatura de Guerrero a finales del año pasado, Astudillo, apoyado por el Gobierno federal, en manos del PRI, anunció un plan de choque que mejoraría eventualmente la seguridad en la entidad. Junto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador adelantó la constitución de una unidad antisecuestros en Guerrero, la construcción de infraestructuras y la revisión periódica de las mejoras, acompañado del Gobierno federal. De momento, Astudillo dedica sus días a apagar fuegos, primero el de Arcelia, luego el de Chilapa, siempre el de Acapulco, cada día uno nuevo: hoy mismo han aparecido siete cadáveres en Chilpancingo.