Los derechos laborales en tiempos de revolución

La Constitución Política del Ecuador reconoce que el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. La misma carta política señala que el Estado deberá garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Esta disposición, en concordancia con lo señalado en materia de seguridad social, ha transformado el marco laboral que rige las relaciones de trabajo en el país. Actualme...

La Constitución Política del Ecuador reconoce que el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. La misma carta política señala que el Estado deberá garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Esta disposición, en concordancia con lo señalado en materia de seguridad social, ha transformado el marco laboral que rige las relaciones de trabajo en el país. Actualmente, las personas jurídicas de derecho privado y las personas naturales que son empleadoras muestran un respeto altísimo por los derechos laborales y el cumplimiento de las normas legales vigentes en esta materia. Así, el número de empleadores en mora en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cada vez es menor, como menor es el número de trabajadores que no gozan de este derecho, quizás porque el estado empleó el derecho penal como medida coercitiva: de 3 a 7 días de cárcel es la sanción para el empleador por no afiliar al IESS.

La falta de estabilidad laboral y el temor de que los contratos no sean renovados es una constante entre los empleados públicos

La realidad es bastante distinta en el sector público, sin embargo. Existen números altísimos de empleados contratados bajo el modelo de “contrato por servicios ocasionales”, lo que mantiene a los mismos en zozobra permanente. La falta de estabilidad laboral y el temor casi semestral de que los contratos no sean renovados es una constante entre los empleados públicos. Una sensación de inseguridad que alcanza su peor momento durante el primer trimestre de cada año: el presupuesto general de cada institución no es acreditado de manera puntual lo que significa contratos vencidos, personal que ignora si será recontratado, no aportaciones al seguro social y pasar los días (o meses) creyendo en la promesa de que “apenas llegue el presupuesto se les hace firmar contrato”.

No es fácil decirle a alguien que se ahorre la incertidumbre buscando otro trabajo. No es una opción cuando el petróleo ha caído; la economía nacional está afectada; las nuevas leyes laborales generan más temor que alegría; y la experiencia en el área pública no siempre encuentra un espacio de desarrollo similar en el área privada. Ser empleado público es un reto y no precisamente por la responsabilidad del cargo.

Los empleadores privados muestran un gran respeto por los derechos laborales, ya que pueden afrontar de 3 a 7 años de cárcel

Lo más preocupante en estas situaciones son sus efectos en la seguridad social y el acceso a la salud. Ofrezco un ejemplo: Llega febrero y aún no has renovado el contrato prometido, que probablemente tenga duración de 6 meses, y al ser época invernal comienzas a presentar todos los síntomas de una enfermedad como el dengue o la chicunguya. No puedes diagnosticarla ni tratarla porque desde diciembre no has aportado al IESS y tampoco estas recibiendo sueldo, pero la promesa incluye que tu contrato nuevo será retroactivo y te pagarán el sueldo por estos meses, digamos que en abril.

En conclusión, no estás en capacidad para que un médico te atienda porque tienes trabajo pero sólo en discurso. La desesperación lleva a muchos a recurrir a préstamos, no siempre seguros, para acceder a tratamientos con médicos privados, cuyos costos son más elevados y afectan su ya débil economía familiar.

Es importante destacar que el empleado público en ningún momento deja de trabajar, sino que asume estos baches laborales como parte del riesgo de apostar por el Estado como empleador. Un empleador que se libra de la sanción penal porque está arriba, allá donde dicen que el país ya es de todos. La Revolución Ciudadana de Correa no parece haber llegado al ámbito del empleo público.

Karla Morales es abogada especializada en Derechos Humanos. Colabora como columnista de varios medios impresos y digitales en Ecuador y Estados Unidos. Twitter @karlamoralesr