El desalojo de un campamento opositor resucita las protestas en Venezuela
La represión de la Policía y la Guardia Nacional al desmantelar cuatro acampadas de estudiantes reaviva la lucha en las calles de Venezuela, que había decaído en las últimas semanas
La consecuencia más inmediata del desalojo de la acampada opositora la madrugada del jueves en Caracas ha sido la reactivación de las protestas en la calle contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hasta esa redada, llevada a cabo por piquetes de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana, las manifestaciones parecían languidecer consumidas por el cansancio y el temor a la represión.
El jueves al final de la tarde el barrio de Los Palos Grandes fue escenario de nuevos comba...
La consecuencia más inmediata del desalojo de la acampada opositora la madrugada del jueves en Caracas ha sido la reactivación de las protestas en la calle contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hasta esa redada, llevada a cabo por piquetes de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana, las manifestaciones parecían languidecer consumidas por el cansancio y el temor a la represión.
El jueves al final de la tarde el barrio de Los Palos Grandes fue escenario de nuevos combates entre manifestantes y la policía, que culminaron con un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana asesinado, otros dos heridos de bala y el incendio de la sede del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi). Maduro condenó poco después la violencia en un discurso retransmitido por órdenes oficiales a través de la red de emisoras de radio y televisión del país.
En un intento de desmentir el invocado carácter pacífico de los campamentos de la oposición, el Ministerio Público, afín al chavismo, reveló este viernes los resultados de los exámenes toxicológicos aplicados a parte de los estudiantes detenidos el jueves. La fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo que 49 personas de 190 evaluadas dieron positivo en las pruebas antidroga. El día anterior el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, había mostrado en una rueda de prensa fajos de dólares estadounidenses y restos de droga como supuestas pruebas del carácter de la protesta opositora. “Da lástima comprobar cómo muchos jóvenes estaban sometidos a la degradación humana”, agregó el ministro durante el funeral del policía asesinado.
En las principales ciudades del país cientos de personas volvieron a las calles este viernes sin que se reportaran desórdenes como en la víspera. Los estudiantes, por ejemplo, protestaron en una de las puertas de la Universidad Central de Venezuela porque a los 243 estudiantes detenidos se les negaba el derecho a contratar a abogados. “Esto constituye una ilegalidad y una muestra de la política represiva contra quienes protestamos pacíficamente por nuestra libertad y la democracia. La defensa de nuestros compañeros estudiantes, que fueron detenidos arbitrariamente, humillados y golpeados por funcionarios policiales y militares, será asumida por defensores públicos, es decir, por un abogado pagado por el régimen”, expresaron en un comunicado.
El fin de semana habrá nuevas manifestaciones. Los universitarios anunciaron la convocatoria a una marcha este sábado con motivo del Día de la Madre, que se celebra el domingo en Venezuela, hasta la sede de la Nunciatura Apostólica. Y el lunes los opositores conmemorarán tres meses de los primeros caídos en las manifestaciones. Desde el 12 de febrero miles de venezolanos han salido a las calles para exigir el fin del Gobierno de Maduro, al que señalan como el culpable de la inflación, cercana al 60% anual, la escasez de bienes básicos y la delincuencia.
La ONU condenó la violencia en Venezuela y criticó la falta de información sobre el paradero de manifestantes detenidos. “Estamos preocupados por los reportes acerca del excesivo uso de la fuerza por las autoridades en respuesta a las protestas”, manifestó un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. A pesar de haber admitido algunos excesos policiales en la represión a las violentas protestas, el Gobierno ha negado rotundamente que en Venezuela se violen los derechos humanos.