34 años de legislación sancionadora contra Irán
EE UU prevé mitigar varias medidas pese al malestar del Congreso El castigo de la comunidad internacional no ha persuadido a Teherán de abandonar su programa nuclear
Desde la crisis de los rehenes en 1979, Estados Unidos ha ido aprobando diferentes paquetes de sanciones contra Irán cuyo rigor se ha endurecido en los últimos dos años y medio conforme el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas (OIEA) y el ...
Desde la crisis de los rehenes en 1979, Estados Unidos ha ido aprobando diferentes paquetes de sanciones contra Irán cuyo rigor se ha endurecido en los últimos dos años y medio conforme el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas (OIEA) y el Departamento de Defensa estadounidense alertaban de la expansión y las dimensiones del programa nuclear del país asiático. Las medidas de castigo de EE UU, sumadas a las resoluciones de la ONU, y a las adoptadas por la Unión Europea y otras naciones como Japón, Corea del Sur, Canadá o Australia, han contribuido a ahogar económicamente al Gobierno iraní, pero no han logrado el principal objetivo de disuadir al régimen de los ayatolás de continuar con su plan de enriquecimiento de uranio. Suavizar las sanciones a cambio de una suspensión temporal del programa nuclear iraní, es el eje en torno al que giran las conversaciones de Ginebra de esta semana y la Casa Blanca se ha mostrado receptiva a un acuerdo en esos términos, pese al creciente malestar de los miembros del Congreso por lo que se considera una oferta prematura y sin suficientes garantías por parte de Teherán.
Desde 1987, con la Administración Reagan, el Departamento del Tesoro ha ejecutado embargos y medidas contra Irán
EE UU ha liderado a la comunidad internacional en el endurecimiento de las sanciones a Irán para tratar de ahogar su sector financiero y energético -el petróleo es su principal fuente de ingresos-. Desde 1987, con la Administración Reagan, el Departamento del Tesoro ha ejecutado embargos y medidas, que incluyen desde la prohibición de la importación de bienes y servicios iraníes por valor de más de 100 dólares, la congelación de activos de empresas iraníes, hasta el veto de operaciones financieras y transacciones relacionadas con Irán, aunque su origen y destino estuviera en otro país, pasando por la imposición de sanciones a las empresas nacionales y extranjeras que vendieran gasolina a Irán o material para que pudiera refinar su petróleo.
El presidente Barack Obama aseguró al firmar la ley que contenía esta última medida en 2010, que la disposición iba a ser “una potente herramienta contra el desarrollo de armas químicas y el apoyo al terrorismo por parte de Irán”. China y Rusia se opusieron a esta norma al considerar que obstaculizaba la vía diplomática para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. Ese mismo año, Obama, como ya hiciera su predecesor George Bush, renovó una orden ejecutiva -que no requiere aprobación por parte del Congreso-, dictada por Bill Clinton que prohibía el comercio y las inversiones en Irán. En esa línea, el Gobierno incluyó en su lista negra las compañías petroquímicas.
Obama, como ya hiciera su predecesor George Bush, renovó una orden ejecutiva dictada por Bill Clinton que prohibía el comercio y las inversiones en Irán
En noviembre de 2011, EE UU aprobó uno de los mayores paquetes sancionadores contra Irán. El Congreso designó todo el sistema bancario y financiero iraní como potencial financiador de actividades terroristas. Ese mes el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva que impone importantes sanciones a las instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones con el banco central iraní, que el que controla la mayoría de los activos relacionados con el crudo en ese país, en un intento por limitar sus ingresos por petróleo. Esta medida obligó a terceros países a reducir sus importaciones de petróleo a Irán.
En mayo de 2013, Washington amplió su lista negra de compañías y servicios vetados por provenir o estar vinculados comercialmente con Irán, incluyendo la industria del motor, de la minería y de la construcción. Dos meses más tarde, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que contempla una agravación de las duras sanciones existentes. La disposición, aprobada por una abrumadora mayoría, prevé un aumento de los sectores de la economía iraní con los que mantener relaciones comerciales sería objeto de sanción, limita todavía más la capacidad de Irán para acceder a fondos en el extranjero y pone, de facto, en jaque la la capacidad exportadora de crudo por parte de Teherán al establecer una reducción las ventas mundiales de petróleo.
Suspicacia en el Congreso
La Casa Blanca ha logrado posponer el voto de esta legislación en el Senado para evitar que pueda entorpecer las negociaciones sobre el programa nuclear iraní de estos meses en Ginebra. El presidente tiene potestad, en virtud de las dispensas que se incluyen en las leyes que recogen sanciones a Irán, para mitigar su rigor, algo que ya ha puesto en práctica los últimos meses. A finales de mayo, atendiendo la petición de varios grupos de exiliados, relajó la prohibición de las empresas estadounidenses para vender aparatos y tecnología a particulares iraníes para garantizar “la libre circulación de información entre los ciudadanos israelíes”. A finales de julio, el Departamento del Tesoro levantó el veto a la comercialización de determinados tipos de medicamentos a Irán.
El presidente tiene potestad, en virtud de las dispensas que se incluyen en las leyes que recogen sanciones a Irán, para mitigar su rigor, algo que ya ha puesto en práctica los últimos meses
La posibilidad de que Obama pueda suavizar algunas de las sanciones de EE UU a Irán ha levantado las suspicacias de varios legisladores que ya se están movilizando para tratar de restringir la capacidad del presidente para reducir el rigor de las medidas de castigo que ya están en vigor. Esta semana, el líder de los republicanos en el comité de Asuntos Exteriores del Senado, Bob Corker, ha anunciado que va a presentar una enmienda que impida al presidente hacer uso de las citadas dispensas legales salvo que “Irán acceda de manera fehaciente a hacer concesiones importantes en sus programas nuclear y de misiles y se adhiera a las resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con los mismos”, señaló el senador.
Corker podría incluir esa enmienda en la Ley Nacional de Autorizaciones de Defensa, que va a comenzar a revisarle el 18 de noviembre y llegaría al Despacho Oval para ser ratificada a finales de año. El malestar de Corker es compartido por otros colegas, como el senador demócrata y presidente del comité de Asuntos Exteriores de la cámara Alta, Bob Menéndez, que aunque ha manifestado, en una carta firmada con otros colegas de ambos partidos, que no tendría inconveniente en suspender la aplicación de nuevas sanciones, se ha mostrado contrario a que la Casa Blanca revise y suspenda la aplicación de las que ya están en marcha.
El senador demócrata, Bob Menéndez, aunque ha manifestado que no tendría inconveniente en suspender la aplicación de nuevas sanciones, se ha mostrado contrario a que la Casa Blanca revise y suspenda la aplicación de las que ya están en marcha
Aunque durante una comparecencia en el Senado, el secretario de Estado, John Kerry, pidió al Congreso flexibilidad para permitir que la Administración pueda llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, sus miembros están decididos a seguir imponiendo medidas de castigo. La renovación de la Ley de No Proliferación en Irán, Corea del Norte e Irán, que Bush firmó en 2005 y que se encuentra pendiente de debate en el Capitolio, prevé la prohibición de arribar en territorio estadounidense a todos los barcos que que hayan atracado recientemente en las costas iraníes. El comité de Asuntos Financieros del Senado está preparando una legislación que contiene sanciones y el senador republicano Mark Kirk presentará otro paquete que contempla imponer una cuarentena el resto de los activos del gobierno iraní que aún no están sujetos a sanciones. La disposición de Kirk sí otorga la dispensa presidencial en el caso de que Teherán cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas.
Naciones Unidas y la Unión Europea
Desde 2010, la Unión Europea (UE) también se ha sumado a las sanciones para poner fin al programa nuclear iraní. Ese año, se prohibió la transferencia y el envío de tecnología al sector petrolero, que amplió en 2011 a la industria del gas. Desde entonces, ha adoptado otras medidas para limitar los intercambios comerciales y prohibir las actividad de varios bancos iraníes. Bruselas también tiene su lista negra con individuos, empresas, bancos y organizaciones que operan o tienen relaciones con el país asiático y prohíbe su entrada a la Unión de aquellos relacionados con su programa nuclear. En 2012, congeló los activos del Banco Central de Irán y prohibió las operación de importación, exportación y transporte de crudo iraní y ha dejado de asegurar sus remesas de petróleo.
El desigual cumplimiento de las sanciones, unido a la reticencia de Rusia y China han mitigado el impacto y la extensión de las resoluciones de la ONU
Otras naciones como Canadá, Reino Unido, Corea del Sur, Japón y Australia también han endurecido desde 2011 de manera unilateral las sanciones contra Irán.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha debatido e impuesto sanciones a Irán desde 2006, emitiendo hasta un total de seis resoluciones requiriendo el fin de su programa de uranio enriquecido para fines militares. En diciembre de ese año, sus miembros aprobaron la primera de cuatro con medidas de castigo que incluían la prohibición de las exportaciones de material nuclear, misiles y tecnología de uso dual o la congelación de activos de determinadas compañías y bancos. La resolución incluía un llamamiento a la comunidad internacional para que suspendiera sus negocios con el país asiático y autorizara la inspección de los barcos fletados por Teherán.
En 2010, el Consejo de Seguridad emitió otra resolución que buscaba estrangular el poder comercial y económico de la Guardia Revolucionaria iraní y la industria naviera y el sector financiero del país. El desigual cumplimiento de las sanciones, unido a la reticencia de Rusia y China han mitigado el impacto y la extensión de las resoluciones de la ONU.
Ausencia de éxito
“Existe un consenso acerca de que ni las medidas de EE UU ni las de Naciones Unidas han logrado su objetivo de limitar el programa nuclear iraní únicamente a fines pacíficos”, señala Keneth Katzman, especialista en Oriente Próximo, en su informe sobre las sanciones a Irán para el Servicio de Investigación del Congreso (CSR). La acumulación de disposiciones de castigo, sin embargo han herido de muerte la economía del país asiático, y esa situación es la que, para muchos legisladores y analistas estadounidenses, valida su mantenimiento, ya que, sostienen, es el estado insostenible de las finanzas del país la que ha llevado al régimen de los ayatolás a sentarse a la mesa de negociaciones obligando a cambiar su discurso desafiante del pasado.
Los analistas estadounidenses, citados en el informe del CRS, sugieren que Irán podría ajustarse al efecto de las sanciones y mitigar sus efectos con mayor celeridad y facilidad de la que muchos vaticinan
El informe del CSR cifra en 1,25 millones de barriles menos, las exportaciones de crudo de Irán en este último año, la mitad de los 2,5 millones de barriles diarios que exportaba de media en 2011, gracias al embrago en las ventas de la UE y de la decisión de otros países importadores de crudo iraní de buscar otros proveedores ante el miedo a sufrir las sanciones de EE UU. La divisa iraní se ha devaluado como consecuencia de la pérdida de ingresos por la venta de petróleo y el aislamiento de su sistema financiero. La inflación se ha disparado por encima del 50%.
En febrero de 2013, Mahmoud Ahmadineyad reconoció que su presupuesto esta acorde con “el difícil año para la economía”. Su sucesor, Rohaní, reconoció que la situación del país estaba peor de lo que había reconocido la anterior Administración. Los analistas estadounidenses, citados en el informe del CRS, sugieren que Irán podría ajustarse al efecto de las sanciones y mitigar sus efectos con mayor celeridad y facilidad de la que muchos vaticinan.
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