El Supremo de EE UU evalúa la polémica ley de inmigración de Arizona
La decisión del alto tribunal de Estados Unidos tendrá consecuencias importantes en las próximas elecciones presidenciales El Estado fronterizo apeló ante la máxima autoridad judicial el bloqueo de la ley impuesto por la Administración Obama
Los jueces del Tribunal Supremo escucharán este miércoles los argumentos del caso del Gobierno de Arizona contra Estados Unidos, en relación con la ley de inmigración del Estado de Arizona y que fue denunciada por la Administración Obama. La legislación, aprobada en 2010 por la gobernadora republicana Jan Brewer, fue copiada sucesivamente por varios Estados que han desafiado a la autoridad del Congreso para establecer la legislación federal en materia de inmigración.
La ley de inmigración de Arizona, ...
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Los jueces del Tribunal Supremo escucharán este miércoles los argumentos del caso del Gobierno de Arizona contra Estados Unidos, en relación con la ley de inmigración del Estado de Arizona y que fue denunciada por la Administración Obama. La legislación, aprobada en 2010 por la gobernadora republicana Jan Brewer, fue copiada sucesivamente por varios Estados que han desafiado a la autoridad del Congreso para establecer la legislación federal en materia de inmigración.
La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, exige a las autoridades locales arrestar a aquellas personas “sospechosas” de residir en el país de manera ilegal, una medida que ha despertado todo tipo de críticas por la posible discriminación contra hispanos. La normativa también convierte en un delito estatal la inmigración ilegal y penaliza a los indocumentados que tengan un empleo. Otros estados, como Alabama, Georgia, South Carolina e Indiana, han aprobado versiones similares de la legislación.
La sentencia del Tribunal Supremo llegará a finales del mes de junio, en un momento clave para las elecciones presidenciales del próximo otoño. Tanto el presidente Obama, candidato a la reeleción y opositor a la ley de Arizona, como el aspirante republicano pueden ver cómo sus posibilidades quedan afectadas por lo que determinen los nueve jueces.
El bloqueo de la ley puede provocar una avalancha de propuestas republicanas para endurecer las leyes de inmigración a nivel federal. Una decisión a favor de la constitucionalidad de la legislación, en cambio, podría impulsar mayores niveles de participación del electorado hispano, favoreciendo al Partido Demócrata.
El Gobierno de Obama denunció la ley de Arizona el verano de 2010, impidiendo la aplicación de cuatro apartados clave: la obligación de todos los ciudadanos del Estado de Arizona a llevar documentación en todo momento para demostrar que residen legalmente en el país; la nueva competencia de las autoridades para detener a cualquier persona “sospechosa” de ser inmigrante indocumentado e iniciar su proceso de deportación; convertir la inmigración ilegal en un delito a nivel estatal -contraria a la legislación federal-, y la criminalización de las relaciones contractuales entre empresarios e inmigrantes indocumentados.
La Administración argumentó entonces que la ley era inconstitucional porque interfiere con una materia que es competencia exclusiva del Gobierno, entra en conflicto con las leyes de inmigración existentes y porque su aplicación impondría un obstáculo para otras normativas federales. Los defensores de las leyes de inmigración más restrictivas afirman, por el contrario, que la falta de resolución del Gobierno en este ámbito les obliga a regularlo por su cuenta y que la SB1070 es en realidad un complemento a la ley federal.
“Los jueces deberán determinar qué poder corresponde a los gobiernos estatales para legislar en este aspecto o no”, explicó Lucas Guttentag, experto legal de la Universidad de Yale, durante una conferencia en Washington organizada por el Center for American Progress.
Guttentag recordó que la corte ha determinado anteriormente que la falta de legislación por parte del Congreso no da vía libre a los Estados para invadir sus competencias: “Si así ocurriera, Estados Unidos dejaría de hablar con una sola voz y la ley [de Arizona] habría legitimado la discriminación”.
La legislación federal estadounidense establece que no es un delito trabajar sin permiso ni estar en el país de manera ilegal, no penaliza la falta de documentación y tampoco permite la detención de una persona si no hay una orden judicial previa o no se ha cometido una falta de cualquier tipo. Además, las únicas autoridades que tienen competencias en este sentido son el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Inmigración.
"No podemos permitirnos seguir decidiendo quién puede vivir dónde"
“Tanto los agentes federales como la policía han levantado la voz en contra de las leyes porque destrozan las comunidades, es imposible crear planes de seguridad cuando la población ve a la policía como agentes de inmigración”, explicó Guttentag. “Es un tema de interés nacional, por eso debe ser deliberado en el Congreso”.
Stacey Abrams, legisladora demócrata en Georgia, con una ley de inmigración similar a la de Arizona, explicó que la legislación ha tenido consecuencias económicas mucho más graves, con pérdidas de hasta 300 millones de dólares (unos 220 millones de euros), después de quedarse sin mano de obra en la agricultura, el sector principal de la economía estatal.
“La ley no tenía nada que ver con la inmigración, todo está relacionado con el enorme cambio demográfico que ha tenido lugar en el sur y el oeste del país”, dijo Abrams. “Está políticamente motivada, mientras que el Partido Republicano ha perdido el apoyo de votantes afroamericanos, hispanos y asiáticos, su única manera de conservar el poder es deshacerse de aquellos que no votarían por sus candidatos”.
La legisladora se refería así al efecto de las leyes contra la inmigración ilegal y los recientes esfuerzos para dividir el voto hispano a través de procesos de rediseño de los distritos electorales en Estados como Tejas -con un importante electorado hispano- y que también están pendientes de una sentencia judicial. “Cuando te fijas en cada uno de ellos individualmente, parece que están malintencionados, pero de manera global todo cobra sentido”, comentó Abrams. “Estamos hablando de un cambio profundo en las políticas de los Estados del sur de país”.
“Se estaría creando un precedente para que los Estados puedan discriminar”, añadió la legisladora. “Cuando prohíbes la contratación de inmigrantes indocumentados, estás quebrantando todo un sector de la economía de manera que tiene consecuencias en otros estados. No podemos permitirnos seguir decidiendo quién puede vivir dónde”.