El voto sobre Marruecos fuerza a la Comisión a atender a la Eurocámara

“El voto ha sido histórico. Es la primera vez que se produce y sienta un doble precedente: para futuros acuerdos que quiera establecer la Comisión con terceros países y para que se tenga en cuenta antes de firmar la opinión del Parlamento Europeo”. Así habla Raúl Romeva, eurodiputado español del grupo de los Verdes y punta de lanza de la oposición al acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y Marruecos, vigente desde 2007 y ...

“El voto ha sido histórico. Es la primera vez que se produce y sienta un doble precedente: para futuros acuerdos que quiera establecer la Comisión con terceros países y para que se tenga en cuenta antes de firmar la opinión del Parlamento Europeo”. Así habla Raúl Romeva, eurodiputado español del grupo de los Verdes y punta de lanza de la oposición al acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y Marruecos, vigente desde 2007 y cuya prórroga por un año acaba de ser suspendida casi al final de su vigencia. La comisaria de Pesca, María Damanaki, se propone emprender cuanto antes negociaciones con un Marruecos, que se siente vejado por el rechazo de la Eurocámara.

Romeva puede cantar victoria tras un rosario de batallas perdidas, que él atribuye en parte a la fuerza del lobby promarroquí en el Parlamento Europeo, bien sostenido por los Gobiernos de España y Francia. De hecho, los parlamentarios del PSOE y de PP que votaron el miércoles lo hicieron a favor de la prórroga, con alguna excepción que, en el caso de dos votos socialistas, fue rectificada con posterioridad para sumarse a la línea oficial.

Romeva atribuye el resultado de 326 eurodiputados en contra de prorrogar el protocolo, 296 a favor y 58 abstenciones a tres factores: “La situación jurídica internacional de explotación de las aguas: Marruecos negocia con unas aguas que no son suyas; la rentabilidad negativa del acuerdo, pues cada euro de la UE supone un retorno de entre 0,65 y 0,80 céntimos, y a la situación de los stocks en aquellas aguas, sometidos a una presión enorme y a una explotación que amenaza su existencia”.

Los parlamentarios del PSOE y de PP que votaron el miércoles lo hicieron a favor de la prórroga

No solo por el Derecho Internacional

El primer argumento, el de la violación del Derecho Internacional, “es importante, pero no suficiente”, como se ha demostrado en el pasado, al ser una y otra vez derrotada la petición de revisión basada en él en distintas votaciones y en diversas comisiones. Fueron los otros dos, aportados por la Comisión en una evaluación de cómo funcionaba el acuerdo desde su origen, los que consiguieron la masa crítica necesaria. “El argumento económico movió a los euroescépticos y a los liberales estrictos y el medioambiental a los sensibles a cuestiones ecológicas”, explica Romeva, elegido en España en la lista de Iniciativa per Catalunya Verds.

El Parlamento siente que la Comisión le ha toreado con este acuerdo

El Parlamento siente que la Comisión le ha estado toreando con este acuerdo, suscrito a sus espaldas y sobre el que dio información tarde y mal. La frustración llegó al punto de que en septiembre la Eurocámara se planteó llevar a la Comisión ante el Tribunal de la UE.

El acuerdo suponía entregar a Marruecos 36,1 millones de euros anuales que, en función de un par de parámetros, se traduce en que cada euro tiene un retorno de 0,83 o 0,65 céntimos, según los datos de la Comisión. La media de otros acuerdos supone que cada euro produce 1,4 de beneficio. Como Bruselas cuantifica en 780 los puestos de trabajo que genera el pacto, sus propios cálculos sacan la conclusión: “La UE subvenciona cada empleo con 45.000 euros”.

“Estamos tirando el dinero “, dice Romeva, sensible también a las razones de quienes en España protestan por motivos económicos. La prórroga rechazada ahora concluía en febrero, lo que supone que se han utilizado prácticamente el 85% de sus posibilidades. “Los caladeros están sobreexplotados y lo que se ha hecho es prolongar la agonía de las familias, haciéndoles creer que ahí tenían un futuro”, señala el eurodiputado. Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha anunciado en Bruselas que pedirá a la Comisión que compense a la flota española por las potenciales pérdidas.

Lo ocurrido va a tener “un impacto muy fuerte”, vaticina el eurodiputado. “La Comisión ya sabe que no vamos a aceptar lo que nos diga”. Tendrá efectos sobre otros acuerdos de pesca, pero también sobre acuerdos de libre comercio de productos agrícolas y pesqueros. Por ejemplo, Marruecos exporta a la UE sin especificar si los productos proceden o no del Sáhara. “Pedimos que se nos informara del origen, como se hace con productos de Gaza que pueden llegar a Europa, pese a que haya limitaciones para productos israelíes, y Marruecos siempre se negó a aceptar esa medida, con el asentimiento de la Comisión”, apunta Romeva.

La comisaria Damanaki, sorprendida por la votación, lo mismo que el Gobierno español y el sector pesquero que faenaba desde 2007 al amparo del acuerdo, se dice “comprometida a continuar el diálogo con Marruecos” y asegura haber tomado buena nota de la petición del Parlamento de que “emprenda negociaciones para un futuro protocolo”, también secundadas por la ministra Aguilar. La pelota está ahora en el tejado de Rabat, que, advierte Romeva, ha mostrado históricamente “una total falta de voluntad” de cooperar y atender a las objeciones que, hasta ahora sin éxito, planteaba la Eurocámara.

La salida de los barcos europeos, españoles en su mayoría, le supone a Marruecos la perdida de los 36,1 millones anuales, que “no han contribuido de forma efectiva al desarrollo del sector pesquero” marroquí, como reconoce el análisis de la Comisión, al referirse a uno de los objetivos del acuerdos. Flotas de terceros países (Rusia, Corea, Japón, y otros) podrán seguir faenando y, según Romeva, llevando al límite de la extinción la vida en aquellas aguas.