Los europeos ya pueden vivir en cualquier país de la UE sin necesidad de permiso de residencia
Por ahora sólo tres países han adaptado su legislación a esta directiva comunitaria y España está en vías de hacerlo
Los ciudadanos europeos ya pueden vivir en cualquier estado de la UE sin necesidad de obtener un permiso de residencia y tendrán más facilidades para reagrupar a su familia, gracias a la entrada en vigor de la nueva directiva sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Pese a que el pasado 30 de abril venció el plazo para adaptar la directiva a las legislaciones nacionales, de momento sólo Austria, Eslovenia y Eslovaquia lo han cumplido. Reino Unido, Dinamarca, España y Francia...
Los ciudadanos europeos ya pueden vivir en cualquier estado de la UE sin necesidad de obtener un permiso de residencia y tendrán más facilidades para reagrupar a su familia, gracias a la entrada en vigor de la nueva directiva sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Pese a que el pasado 30 de abril venció el plazo para adaptar la directiva a las legislaciones nacionales, de momento sólo Austria, Eslovenia y Eslovaquia lo han cumplido. Reino Unido, Dinamarca, España y Francia están en trámites, mientras que Bélgica, Italia, Finlandia y Luxemburgo ya han anunciado que no llegarán a tiempo, según ha informado el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini.
Sin embargo, ha precisado que la norma ya es obligatoria incluso para los Estados miembros que no la han transpuesto porque, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando una directiva es clara, transparente e incondicional se aplica no sólo a los Estados miembros sino también a las personas.
"Todos los Ayuntamientos y todas las regiones están obligadas a reconocer y garantizar estos derechos individuales, incluso aunque en ese Estado miembro la directiva no se haya transpuesto todavía", ha asegurado Frattini, quien ha hecho hincapié en que los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales nacionales en caso de incumplimiento.
Ventajas "reales"
Actualmente, son siete millones los europeos que habitan en otro Estado miembro de la UE, por lo que la directiva es un "hito" en el proceso de consolidación de la "ciudadanía europea". El vicepresidente ha subrayado que otorga ventajas "reales y concretas".
En primer lugar, la reducción de las formalidades burocráticas al establecerse en otro país: los ciudadanos europeos ya no estarán obligados a tener un permiso de residencia del Estado miembro de acogida. Bastará con un simple registro ante las autoridades competentes en los países que lo crean necesario.
No obstante, se mantiene la obligación de acreditar un trabajo, o recursos suficientes para sobrevivir, así como contar con un seguro médico completo para no convertirse en una carga para el sistema de seguridad social de destino. Esta obligación desaparece al cabo de cinco años de residencia ininterrumpida en el país de acogida, cuando los ciudadanos de la UE adquirirán un derecho de residencia permanente sin condiciones. Asimismo, la directiva da garantías contra expulsiones, que sólo serán posibles por motivos de orden y seguridad público.
Reagrupamiento familiar
Por otro lado, se extienden los derechos al reagrupamiento familiar de los ciudadanos de la Unión a la pareja registrada que proceda de un país tercero, a condición de que el Estado de acogida la considere equivalente al matrimonio.
En los casos de equivalencia, como por ejemplo, en las parejas homosexuales, Frattini ha explicado que el país en cuestión tiene la obligación de facilitar la entrada y la residencia. Por primera vez, los miembros de la familia tendrán derechos autónomos de residencia en caso de divorcio o muerte del ciudadano de la UE.
La nueva directiva reúne en un único instrumento legislativo las disposiciones de nueve directivas y un reglamento, así como la jurisprudencia en la materia, con lo que el derecho a la libertad de circulación y de residencia será más transparente y fácil de aplicar, tanto para los ciudadanos como para las administraciones. Además, se aplica a todas las categorías de trabajadores.