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Hace ya mucho que se sabe que uno de los errores más graves del bipartidismo que marcó la vida política española durante décadas fue el llamado reparto de las instituciones. Los dos grandes partidos, PSOE y PP, se adjudicaron respectivas cuotas en los órganos de dirección de esas instituciones, desde el Tribunal Constitucional hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasando por el Tribunal de Cuentas, sin atender específicamente a la intachable trayectoria profesional de los candidatos, sino a sus intereses particulares. El resultado ha sido la pérdida de prestigio de esas instituc...

Hace ya mucho que se sabe que uno de los errores más graves del bipartidismo que marcó la vida política española durante décadas fue el llamado reparto de las instituciones. Los dos grandes partidos, PSOE y PP, se adjudicaron respectivas cuotas en los órganos de dirección de esas instituciones, desde el Tribunal Constitucional hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasando por el Tribunal de Cuentas, sin atender específicamente a la intachable trayectoria profesional de los candidatos, sino a sus intereses particulares. El resultado ha sido la pérdida de prestigio de esas instituciones, agravada en las últimas legislaturas hasta extremos insoportables por la brutal negativa del Partido Popular a aceptar que mientras gobierne el PSOE se produzca la renovación de los cargos cuyo mandato caduca.

El último y muy lamentable episodio de este estado de cosas ha ocurrido esta semana en el Tribunal Constitucional a cuenta de una sentencia que interpretaba los estados de excepción y de alarma, que ha desatado un malestar muy profundo en ámbitos jurídicos y ha puesto de manifiesto que algunos magistrados, al margen de su adscripción como conservadores o progresistas, tienen muy pobre opinión de los saberes de algunos de sus colegas. “Legos”, “juristas de poca monta” fueron los términos utilizados en la primera redacción de su voto particular por el magistrado Conde Pumpido, obligado a rectificar lastimosamente horas después al negarse los seis firmantes de la sentencia a acudir al pleno mientras no se retiraran términos tan “inaceptables”. (Por lo que se ve, estos magistrados pueden hacer huelga si se sienten ofendidos, pero no pueden dimitir cuando la ley les señala la puerta). Otro magistrado, de carácter menos inflamado, Andrés Ollero (adscrito al sector conservador, pero también autor de un voto contrario a la sentencia), se limitó a dejar constancia de haber oído “majaderías”, sin atribuirlas. Se refiera a quien se refiera, parece sensato suponer que el trabajo y la capacidad del ponente de la sentencia, Pedro González-Trevijano, han quedado bastante invalidados.

La alegría con la que los ministros de Justicia del año 2000 aceptaron los cupos fue un serio error, pero quedó durante algún tiempo difuminado por el propio freno que se ponía cada cual y la vergüenza que no estaban dispuestos a sufrir ni esos ministros ni los propios magistrados. Poco a poco, ese freno se fue soltando, hasta llegar a este momento en que los magistrados aceptan prolongar sine die su mandato con el argumento soberano de que a Pablo Casado le da la gana. Punto.

La sentencia objeto del escándalo actual trata de un elemento clave en la Constitución: el estado de excepción. Un durísimo artículo del catedrático emérito y uno de los primeros ministros de Justicia de la democracia, Tomás de la Quadra Salcedo (EL PAÍS, 22 de julio), la considera un “gravísimo error”, que “desdeña el consenso que hizo posible nuestro sistema constitucional”. De la Quadra Salcedo llama a todos los juristas a pronunciarse, con la esperanza de que se produzca en algún momento “overruling”, es decir, vías para no aplicar el precedente y para que el Constitucional modifique su propia doctrina. El expresidente del Tribunal Pedro Cruz Villalón, por su parte, planteaba, también en este periódico, su perplejidad por el sentido de la sentencia: “En este país sigue sin haber conciencia de hasta qué punto la Constitución se la juega en cada una de estas ocasiones”. Cruz Villalón pide a los presidentes del Congreso y el Senado (cámaras a las que corresponden los nuevos nombramientos) que “paren el juego” del bloqueo. Que no sigan con los brazos cruzados.

Vista la actitud del PP y de su asociado VOX, capaces de presentar recursos de inconstitucionalidad contra leyes por las que han votado a favor o que no han podido modificar en el Congreso, quizás sea posible hacer caso algún día a los ilustres autores que llevan años pidiendo que se elimine la posibilidad de que la minoría política haga semejante cosa, algo que no existe en la mayoría de los países democráticos o que, si existe, se utiliza con cuentagotas. Muchos especialistas creen que ese recurso debería reservarse a las comunidades autónomas, Gobierno, Defensor del Pueblo y, quizás, a las Cortes en pleno. Pero, de momento, lo urgente es recuperar la herencia de sabiduría de García Pelayo, Tomás y Valiente, Rubio Llorente y de quienes fueron sus seguidores. Rápido.

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