El papel de los miembros de la casa real de los Países Bajos, a debate por el conflicto entre la princesa Laurentien y los funcionarios de Hacienda

La princesa Laurentien de Países Bajos, y su esposo, el príncipe Constantino, hermano del rey Guillermo de Orange, no reciben asignación oficial y su función es de apoyo a la pareja reinante. Sin embargo, el polémico papel de la cuñada del soberano en una operación gubernamental para compensar a las familias afectadas por un escándalo de subsidios que tumbó al Ejecutivo, en 2021, ha perjudicado la imagen de la casa real neerlandesa. A su dimisión de la fundación (Gelijk)waardig Herstel, que contribuye a calcular las indemnizaciones, se ha sumado la supuesta intervención del rey en su favor. Ambos sucesos han mostrado el riesgo de este tipo de nombramientos cuando el apoyo a la monarquía no ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia.

“Ha sido una mala idea poner a una princesa en un asunto de índole política como este”, dice, al teléfono, Paul Bovend’Eert, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la universidad de Radboud, de Nimega. “Hay que ser muy cuidadoso con los miembros de la casa real y que no se metan en este ambiente. Ha sido mal llevado”, asegura. El pasado septiembre, el informativo Nieuwsuur, de la televisión pública neerlandesa, desveló que en 2023 la hoy exsecretaria de Estado de Subsidios, Aukje de Vries, informó por carta al entonces primer ministro, Mark Rutte, del papel de la princesa cuando esta llevaba ya cuatro meses colaborando desde su fundación. Denominada (Gelijk)waardig Herstel (Para la Recuperación Igualitaria y Digna, en español), está abierta a los padres perjudicados. Rutte respaldó su labor, pero las normas de contratación no se respetaron en su caso, según informaciones del rotativo NRC. Este extremo fue reconocido por el Ministerio de Hacienda en septiembre de 2024, diciendo que “el Congreso pedía rapidez para no dejar a los padres en el limbo”.

“El primer ministro se ve cada mes con el monarca y con los miembros de la casa real para hablar de sus actividades. Rutte se equivocó al meter a Laurentien en este asunto tan político”, incide el experto. Bovend’Eert recuerda que el primer ministro es el responsable de lo que hacen los miembros de la familia real, pero admite que Dick Schoof, hoy al frente del Gobierno de los Países Bajos, ha hecho lo mismo que su antecesor. “Hace recaer la responsabilidad política sobre la tarea de la fundación de la princesa en la secretaría de Estado”.

El escándalo de los subsidios familiares es una herida que sigue abierta para la sociedad neerlandesa. En 2021, la coalición de centroderecha comandada por el liberal Rutte —hoy secretario general de la OTAN— dimitió en bloque. Miles de familias habían sido acusadas erróneamente de fraude en la percepción de unas ayudas sociales a las que tenían derecho. Un año después, el Gobierno reconoció que la Agencia Tributaria, encargada de examinar las peticiones de esos subsidios, ejerció “racismo institucional”. Discriminaron a los que no tenían un apellido considerado occidental, y los padres tuvieron que devolver decenas de miles de euros con gran quebranto económico y personal. En febrero de este año, la cifra de peticiones de compensación por parte de los agraviados ascendía a 68.376, según el Ministerio de Finanzas. Los que tienen derecho a un reembolso ascienden por ahora a 40.829. Pero los trabajos para confirmar quién y cuánto deben recibir son lentos. Y aquí entra en escena la princesa Laurentien, de 58 años.

Primero, se interesó como voluntaria centrándose en los niños de los perjudicados. En 2023, creó una fundación para escuchar a unos 300 padres en un programa piloto que podría ampliarse. Su cálculo fue de una media de 100.000 euros de indemnización por cada caso, muy por encima de los 30.000 euros estipulados por Hacienda. Se denomina “método Laurentien”, y ante tal disparidad el choque ha sido inevitable a pesar del buen ánimo del Congreso para avanzar en el caso. Si bien la fundación acelera el proceso de compensaciones, también genera recelos por la falta de evidencia suficiente en los relatos familiares. Este junio, el Gobierno atendió las peticiones del Congreso de imponer condiciones adicionales para demostrar el daño. Si no están de acuerdo, los afectados pueden apelar. “Se entiende que los funcionarios de Hacienda hayan pedido más pruebas. Es dinero público. La princesa quería cambiar la norma y compensar solo en base a la confianza hacia los padres”, indica el mismo experto.

Las tensiones latentes entre la fundación y el ministerio de Hacienda estallaron a principios de agosto de 2024, cuando el rotativo AD publicó que varios funcionarios se habían quejado anónimamente a sus superiores del trato recibido por parte de la princesa. Se había generado una suerte de “cultura del miedo”, dijeron, y el ministerio confirmó las quejas. La fundación, por su parte, negó los hechos calificándolos de “ataque personal” contra su directora en un contexto “intenso y a veces duro”. De todos modos, ella dimitió a finales de ese mismo mes. “Tienes la impresión de que la princesa no sabe comunicarse con los funcionarios y cerrar pactos, y que se enfrentan a una persona que tal vez sienta que está por encima [de ellos]”, señala el catedrático de Derecho Constitucional. En una entrevista a la cadena televisiva RTL, Laurentien explicó muy emocionada su marcha, aduciendo que “lo último que quiero es que esta labor se reduzca a mí”. “Quiero tranquilidad, hacer mi trabajo y ser feliz”, aseguró.

A su dimisión se ha sumado otro bache. De nuevo, según NRC, el rey Guillermo tuvo un papel en el nombramiento de su cuñada. Esta cabecera se basa en los documentos pedidos al Ministerio de Finanzas en virtud de la Ley de Gobierno Abierto, que faculta a cualquier ciudadano a reclamar información gubernamental. La Oficina del Rey —su enlace con los ministros— tuvo que subrayar que no hubo un “permiso específico por su parte” para la adjudicación del trabajo de la princesa. Sí indicaron que “facilitan y asesoran en la redacción de la correspondencia que implica responsabilidad ministerial”. Este 26 de febrero, el mismo medio señalaba que la fundación de Laurentien “amenazó el año pasado al Ministerio de Hacienda con una demanda judicial” al tiempo que las negociaciones para lograr un mayor papel en su labor “peligraban con estancarse”.

Todo esto sucede cuando el apoyo a la monarquía no es el mismo que antes de la pandemia. “Hay un debate sobre la posición de un miembro de la casa real, y por ende de la monarquía”, advierte Bovend´Eert. En 2024, el respaldo era del 57% (en 2020 llegó al 74%), mientras que la satisfacción con el rey era del 44% (un 77% en 2020). Los neerlandeses le ponen un 6,6 a Guillermo de Orange (un 7,7 en 2020) y un 7,3 a la reina consorte, Máxima de Holanda. La princesa heredera, Amalia, recibe un 7, según el sondeo elaborado por Ipsos en abril del año pasado. “La gente es más crítica que antes y los reyes no han recuperado la popularidad que disfrutaban desde que se fueron de vacaciones a Grecia [en octubre 2020] en plena pandemia”, asegura el experto. La pareja real pidió disculpas, pero “el Gobierno había requerido a todos quedarse en casa y ellos no han remontado desde entonces”, concluye.