El auge conservacionista eleva el papel de los directores financieros
Tradicionalmente al margen de los aspectos no contables, deberán liderar desde ahora la transformación verde de sus empresas para cumplir con Europa
Unas por convicción y otras por obligación —ya sea a causa de las normativas medioambientales, las tendencias del mercado o las demandas de los stakeholders—, las empresas van asumiendo la exigencia de ser sostenibles. Algo que está provocando “un cambio de 180 grados en la interacción de la dirección financiera con los equipos de sostenibilidad en las organizaciones”, afirma Marisa Pérez, socia de Asesoramiento Contable y Reporting de KPMG en España.
Y es que, si hasta hace poco los chief financial officer (CFO) quedaban “prácticamente al margen de los aspectos no financieros”, ahora son los actores más relevantes, toda vez que los reguladores los sitúan como “interlocutores sobre el cumplimiento de la normativa”, añade, en referencia a la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Empresarial (CSDR), que obligará a las grandes empresas que operan en Europa —en torno a las 50.000— a reportar anualmente información sobre dicho ámbito, “incorporando el enfoque de materialidad financiera, es decir, los riesgos y oportunidades que pueden incidir en el aspecto económico de la organización”, matiza Pérez.
Ante este “escenario de amplitud de la información corporativa”, se presenta una posible “merma en la capacidad interpretativa de los usuarios de los estados financieros”, advierte Jorge Capeáns, secretario técnico de Economistas Contables del Consejo General de Economistas de España. En este sentido, el European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), órgano asesor de la Comisión Europea, audita la conectividad entre las áreas financiera y de sostenibilidad con vistas a ayudar a solventarlo —mediante un grupo de trabajo del que el propio Capeáns es miembro—, además de guiar en la aplicación de los estándares.
Según este experto, el papel de los CFO es “muy relevante en la coordinación de equipos multidisciplinares” con vistas a las tareas vinculadas con la sostenibilidad, “por su expertise en cuestiones como los procedimientos de elaboración y verificación de información corporativa”. No en vano, argumenta, las mayores instituciones que representan a los contables y a auditores a escala mundial, como la IFAC o la EFAA, están liderando esta adaptación.
Así, mientras que las áreas financieras de las compañías españolas están viviendo “un proceso acelerado de adopción de competencias en sostenibilidad”, con un recorrido muy diferente en función de su sector y exposición a los mercados, “la realidad es que la mayoría de los CFO no están preparados” para la CSRD, considera Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética. A su parecer, si bien tienen “sobradas competencias financiero-contables, las nuevas regulaciones exigen capacidades econométricas que van más allá de la proyección de variables estrictamente financieras”.
Asignatura pendiente
Y es que esa cuantificación del impacto de la sostenibilidad marcada por los nuevos estándares europeos es “la asignatura pendiente en cuanto a la implicación de las direcciones financieras”, continúa Silos. Un “nivel de evolución que supone integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio”. Los niveles en los que sí están liderando ya los CFO son los que se refieren a las obligaciones de reporte y la captación de financiación, como el desarrollo de equity stories o marcos de financiación verde, o la creación de capital a través de instrumentos de deuda sostenible.
La aplicación de la CSRD será progresiva, afectando primero a las Entidades de Interés Público (EIP), en 2025; seguidas de otras grandes empresas y de las pymes cotizadas. Y dicho proceso de adopción se está produciendo igualmente a varias velocidades. Así, mientras que las EIP están “prácticamente adaptadas al cumplimiento”, no sucede lo mismo con las demás, que “aún están intentando ver cómo hacerlo”, apunta Gloria Parellada, directora de Consultoría y Externalización de Procesos Financieros de Atisa.
De nuevo, una de las principales causas reside en “la falta de personal especializado en sostenibilidad”, señala Parellada, pero en el desembolso económico que supone, dado que hay que adaptar los procesos, invertir en herramientas, tiempo o personas. Y es que en las pequeñas y medianas empresas —el 94% del total en España—, la estructura organizativa no es lo suficientemente grande como para tener departamentos o incluso personas dedicadas exclusivamente a la sostenibilidad. En su caso, resulta imprescindible que “todos los miembros de los comités de dirección o key users participen”, añade, y esto incluye a los financieros como parte importante y significativa.
Otra barrera a superar, alerta Gloria Parellada, es que ni sus herramientas y metodologías en la contabilidad ni sus flujos de información se encuentran adaptados para obtener los datos que implica la directiva de una forma ágil y fácilmente medible para el análisis de sostenibilidad. Actualmente, los departamentos de este área extraen sus propios datos solicitando información a las diferentes secciones afectadas, pero no directamente de la contabilidad de las empresas. “Lo ideal sería llegar a un punto donde el mismo ERP contable incluya no solo los datos financieros, sino también los de sostenibilidad, de tal forma que estuviera todo integrado”, recomienda.
Valor añadido
El esfuerzo que deben realizar las empresas para integrar la sostenibilidad en las áreas financieras “es innegable”, afirma Sofía García, doctora en Sostenibilidad y profesora del Área de Estrategia en la Deusto Business School. Sin embargo, trasladar las herramientas tradicionalmente de reporting —como la matriz de materialidad o las consultas participativas con grupos de interés— a ámbitos y áreas de estrategia “facilitará la toma decisiones más informadas”, asegura. Además, les ayudará en su reto “para satisfacer a sus distintos stakeholders a largo plazo; aunque exigirá poner constantemente en la balanza distintas dimensiones y perspectivas, a veces enfrentadas”. A su favor, la experta destaca que la propia normativa ofrece “cierto margen para decidir sobre algunos aspectos de los que deben informar, así como flexibilidad en los plazos”.