El PP de Ayuso y Vox chocan en Madrid por la ley de memoria democrática y luego votan juntos pedir su derogación

El PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox han unido este jueves sus votos en la Asamblea de Madrid para apoyar una iniciativa del partido conservador que insta al ejecutivo regional a solicitar al nacional la derogación de la ley de memoria democrática, y a no participar en los actos que se organizan con motivo del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. A esa conclusión se ha llegado tras un encendido debate en el que José Antonio Fúster (Vox) ha provocado con su análisis a los populares (“Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no?”), les ha recordado que Mariano Rajoy no derogó la ley de...

El PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox han unido este jueves sus votos en la Asamblea de Madrid para apoyar una iniciativa del partido conservador que insta al ejecutivo regional a solicitar al nacional la derogación de la ley de memoria democrática, y a no participar en los actos que se organizan con motivo del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. A esa conclusión se ha llegado tras un encendido debate en el que José Antonio Fúster (Vox) ha provocado con su análisis a los populares (“Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no?”), les ha recordado que Mariano Rajoy no derogó la ley de memoria histórica de 2007 (en realidad, la dejó sin fondos), y ha subrayado la contradicción que a su juicio supone que otros gobiernos regionales conservadores no deroguen las normas autonómicas de memoria. Como contestación, Rafael Núñez Huesca, estratega de confianza de Ayuso e inventor de la marca Vox, ha acusado a la extrema derecha de hacer “la pinza” con Más Madrid en contra de los conservadores. Un choque que resume a la perfección las tensiones que enfrentan en estos momentos a PP y Vox a todos los niveles, pese a que luego han votado juntos.

Antes del debate, la iniciativa registrada por el PP fotografía el choque frontal entre el ejecutivo regional y el central alrededor de la dictadura y la Transición, que ha llevado a que Madrid haya recurrido ante el Tribunal Constitucional, como adelantó EL PAÍS, el proyecto de declarar la sede de la presidencia autonómica como lugar de memoria democrática, en recuerdo de las torturas y encarcelamientos que allí se produjeron cuando albergaba la dirección general de seguridad (DGS) del franquismo (1939-1979).

Así, Núñez (PP) ha criticado los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco, con el argumento de que el PSOE ha elegido “la única fecha que les permitía lanzar un espectro”. “El PSOE ha desaparecido”, ha llegado a decir, provocando las quejas de la bancada socialista por dar por finiquitado el proyecto que, ha dicho el representante del PP, encarnó Felipe González.

Por parte de Vox, el diputado José Antonio Fúster se ha unido al rechazo a la ley porque, ha argumentado, “niega la libertad ideológica y destruye la libertad de expresión”. Además, el también portavoz nacional de la extrema derecha ha aprovechado para reclamarle al PP que elimine las leyes autonómicas de memoria que siguen vigentes en aquellas comunidades en las que gobierna, como Extremadura, donde los conservadores votaron con la izquierda contra una iniciativa de ese corte de la extrema derecha.

“¿Por qué Rajoy estafó a millones de españoles a los que prometió derogar la ley de Zapatero?”, se ha preguntado Fúster, antes de justificar su voto a favor como una suerte de reconocimiento al diputado popular Pedro Corral, especializado en la Guerra Civil, al que ha definido como “un diamante en una mina de carbón” por la reciente publicación de la obra de ¡Detengan Paracuellos! Héroes humanitarios en el Madrid de 1936.

En Más Madrid ha tomado la palabra su portavoz, Manuela Bergerot, quien ha afeado a la derecha que hable “de dos bandos” al referirse a los “cuarenta años de miseria y violencia” del franquismo. Y ha sentenciado: “Si hay un pacto de 1978 que deja a nuestros muertos en la cuneta, es un pacto insuficiente para nuestro presente”.

Por último, la diputada socialista Marta Bernardo ha defendido la conveniencia de celebrar que, “desde que murió el dictador, en España hay libertad”, y ha acusado al PP de “blanquear la dictadura”.

Banda terrorista

El texto registrado por el PP y aprobado por la mayoría de la Cámara se emplea con la máxima dureza. “La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se aprueba al dictado de Bildu, herederos políticos de una banda terrorista que trató de destruir la democracia española desde el primer momento; como su antecedente, la de Memoria Histórica, se aprobó al dictado de Podemos y Zapatero”, se lee en la iniciativa, en el que se asegura que la norma busca “una alteración interesada de la verdad histórica” o “la deslegitimación de la Transición Española”, pues, se dice, “manipula la historia y siembra deliberadamente la discordia en la sociedad española, buscando resucitar el guerracivilismo”.

Sobre los actos organizados para conmemorar la muerte del dictador, los proponentes aseguran que “el Gobierno de Sánchez persigue dividir la sociedad en función de la adscripción política de padres o abuelos, reprobar a los partidos de la oposición, y lo que resulta aún más grave: comprometer a la Corona”.

Y remata: “Para colmo, el programa de actividades asume una presunta relación causa-efecto entre la muerte de Francisco Franco y el advenimiento de la democracia”, cuando, argumenta, “fue fruto de un admirable proceso de concordia entre todas las fuerzas políticas y de toda la sociedad española, cuya obra fue refrendada en referéndum por los españoles el 6 de diciembre de 1978″.

En ese contexto, los proponentes justifican la derogación de la ley con que “alienta el guerracivilismo como estrategia política, divide artificialmente a los españoles en dos bandos irreconciliables y convierte a los gobiernos de la UCD y del PSOE (hasta 1983) en cómplices necesarios del franquismo, al mismo tiempo que es un ejercicio de amnesia selectiva respecto a los crímenes del otro bando y del totalitarismo, que se ensayó en España, antes de estallar en la Segunda Guerra Mundial”. Una argumentación que la Asamblea ha dado por válida este jueves con los votos favorables de PP y Vox.