Montecarmelo desconfía del informe que prepara el Ayuntamiento sobre una posible fosa común
“Están elaborando un documento manipulado para enterrar las conclusiones de la empresa que contrataron”, aseguran los vecinos, mientras Almeida sostiene que no hay hallazgos en la parcela del cantón pero sí “en una adyacente”
Dos mensajes del Ayuntamiento de Madrid han sacudido el tablero de la lucha vecinal en el barrio de Montecarmelo, donde la administración municipal proyecta la construcción de un cantón de basuras y donde, además, se ha alertado de que podría haber debajo ...
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Dos mensajes del Ayuntamiento de Madrid han sacudido el tablero de la lucha vecinal en el barrio de Montecarmelo, donde la administración municipal proyecta la construcción de un cantón de basuras y donde, además, se ha alertado de que podría haber debajo una fosa común de la Guerra Civil. Por un lado, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que en la parcela donde se levantará la instalación de limpieza no hay indicios de que esté el enterramiento con los cuerpos de 451 brigadistas internacionales. “En la huella del solar donde está prevista la colocación del cantón no hay ningún tipo de evidencia sobre la que haya habido movimiento anómalo de tierras que indicara que pueda haber algún tipo de resto”, dijo Almeida el jueves en una rueda de prensa, en referencia a los resultados del estudio que había contratado el consistorio para verificar si hay algo, o no, bajo la tierra de la parcela. Luego, matizó que “en una parcela adyacente” sí se detectó “un movimiento anómalo de tierras” que, de momento, no se sabe a qué puede corresponder.
Este anuncio ha desconcertado a las asociaciones vecinales y se suma a otro que hizo José Antonio Martínez Páramo, titular del Área Delegada de Limpieza, durante el pleno del distrito de Fuencarral la tarde del miércoles. Martínez señaló que la empresa contratada, Gama Geofísica S.L., no había entregado un informe definitivo sino “datos en bruto” y que ahora, la Dirección de Limpieza está redactando, por su cuenta, el informe final. “En esta semana o la siguiente estará finalizado. Lo que ha entregado la contrata son los datos en bruto, eso tiene que luego elaborar las conclusiones la [Universidad] Complutense y la Dirección General de Limpieza”, aseguró Martínez durante el pleno.
Los pronunciamientos del alcalde y del director de Limpieza llegan después de dos semanas de silencio luego de que EL PAÍS publicara que el estudio del georradar contratado por Cibeles para verificar o descartar la presencia de dicha fosa común arrojara resultados “altamente compatibles” con un enterramiento que podía contener huesos humanos. Han roto el silencio, sin embargo, con una seguidilla de declaraciones contradictorias que hacen sospechar a la Asociación Vecinal de Montecarmelo y la Plataforma No Al Cantón de que algo no va bien en el proceso.
El 28 de mayo, cuando se publicó la noticia en EL PAÍS, el alcalde dijo “desconocer el contenido del informe” y si este era definitivo; al día siguiente, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, aseguró que habían hecho un estudio a través de georradar y que verían las conclusiones una vez “los servicios técnicos” analizaran los datos. Carabante prometió que el “informe de la empresa” se compartiría con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y con los vecinos.
Ahora, ambos mensajes han cambiado y hacen desconfiar al barrio. Para emepzar, el titular de Limpieza afirmó el 12 de junio que no hay un informe terminado y que solo hay datos en bruto de Gama Geofísica S.L. Sin embargo, fuentes conocedoras han asegurado a este diario que el informe no es un documento en bruto, sino un informe final, con conclusiones y hasta con la recomendación de un estudio arqueológico ―que implica cavar la tierra― para confirmar si lo que hay allí son huesos humanos. Horas después, en la rueda de prensa, el alcalde aseguró que sí habían recibido “el informe del georradar” y que se sabía que los “movimientos de tierra” se habían detectado en una “parcela adyacente”.
Gama Geofísica S.L. fue contratada, por un valor de 16.550 euros, para trabajar sobre la parcela 26.2b, la misma que, según documentación oficial del Área de Urbanismo, fue solicitada para construir el cantón y una base del Servicio de Limpieza Urgente (Selur). Además, fuentes cercanas han confirmado a EL PAÍS que la empresa contratada para pasar el georradar y el tomógrafo recibió unas coordenadas que marcaban dónde debía hacer el trabajo. Luego, un tomógrafo marcó puntos de color azul para señalar el perímetro. Después, el Salur desbrozó parte de la zona y, a su vez, se marcaron unas cuadrículas amarillas que corresponden con marcaciones arqueológicas. La empresa no se ha salido de las coordenadas facilitadas por el Ayuntamiento, resaltan estas fuentes.
Los trabajos, incluso, fueron vistos, fotografiados y grabados día a día por los vecinos. “Lo vimos con nuestros propios ojos entre los días 9 y 13 de abril. ¿Y ahora nos dice el alcalde que el georradar detectó algo donde no actuó?”, critican la Asociación Vecinal de Montecarmelo y la Plataforma No Al Cantón en una nota de prensa. Las organizaciones también han acusado al Ayuntamiento de “manipular” el informe. “Están elaborando un documento técnico, a la medida de sus intereses, manipulado, para enterrar las conclusiones del informe definitivo de la empresa que ellos mismos contrataron”, agrega.
Por otra parte, el alcalde ha anunciado que enviarán el informe al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática –que lo ha pedido en reiteradas ocasiones– y que podrán hacer los estudios que quieran, pero en la parcela adyacente. “Si el ministerio quiere entrar en esa parcela adyacente a comprobar si son restos humanos, podrá hacer las investigaciones que estime oportunas”, dijo Almeida este jueves.
La empresa Arqueoantro, contratada por el ministerio para hacer la búsqueda arqueológica, lleva desde 28 de febrero pidiendo el permiso de ocupación de terrenos al Ayuntamiento. Sin embargo, la posición municipal, hasta ahora, ha sido negar el permiso para hacer las exploraciones arqueológicas porque no había aportado toda la documentación. Cibeles se acogía al artículo 18 de la Ley de Memoria Democrática, que dice que el ministerio debe acordar un periodo de información pública para que, en caso de que haya descendientes directos de las víctimas que no quieran que los restos de sus familiares se trasladen, puedan oponerse. Son 451 familias de 20 nacionalidades diferentes 80 años después.
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