Ayuso, ante las críticas de la oposición por el caso de su pareja: “Tenga cuidado con sus palabras”

El portavoz gubernamental exige a la izquierda que dimita en bloque por criticar a la líder por el caso de su novio, investigado por fraude fiscal y falsedad documental

El nuevo presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Joaquín Leguina, toma posesión de su cargo en presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en la Asamblea de Madrid. Foto: J. P. GANDUL (EFE) | Vídeo: EPV

Haber protagonizado mil veces la liturgia de los plenos de la Asamblea de Madrid no evita que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cometa un error. Le pasa este jueves, cuando quiere contestar a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en el Parlamento regional. Creyendo que le queda un turno para intervenir, la líder conservadora se guarda la traca final, la bala de plata, ese conjunto de frases que tiene preparadas para que ocupen l...

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Haber protagonizado mil veces la liturgia de los plenos de la Asamblea de Madrid no evita que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cometa un error. Le pasa este jueves, cuando quiere contestar a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en el Parlamento regional. Creyendo que le queda un turno para intervenir, la líder conservadora se guarda la traca final, la bala de plata, ese conjunto de frases que tiene preparadas para que ocupen los informativos. Su sorpresa es mayúscula cuando el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio (PP), le informa de que ha agotado ya los turnos disponibles. Toca reagruparse. Rediseñar la estrategia. En la siguiente pregunta, pregunta bandeja, porque la hace el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, Ayuso mete la morcilla que no pudo en la anterior, y defiende al ataque a su pareja, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil.

“Tenga cuidado con sus palabras y no hable de lo que no sepa”, le dice a Bergerot. “Y cuando sepa la verdad, la espero aquí para que me pida disculpas por mentir, y tanto”, ha añadido. Ayuso habla con esa contundencia porque está convencida de haber vivido un punto de inflexión en la polémica que afecta a su pareja. El miércoles, el Gobierno regional filtró que es Hacienda la que le va a devolver 552.000 euros al intermediario, al que a su vez acusa de haber defraudado 350.951 euros a través de su empresa, Maxwell Cremona.

“No mentí”, celebra la presidenta inmediatamente, en referencia a que ya dijo el 13 de marzo que era la Agencia Tributaria quien le debía 600.000 euros a González Amador. “Yo tenía razón”, insiste como preludio de una campaña lanzada en su favor por el PP en las redes sociales. “Todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo (...) se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el Gobierno?”.

Pero la realidad es bien distinta. Lo que ocurre es que la Agencia Tributaria devolverá 552.261,96 euros a González Amador como consecuencia de haber pagado de más en el impuesto de sociedades de 2022 para así intentar exonerarse de los dos delitos de fraude fiscal por los que finalmente ha sido denunciado por la Fiscalía. El reintegro de lo adeudado, anunciado por la Comunidad de Madrid sin aportar prueba documental alguna, fue “un intento de regularizar la situación”, según el secretario general del PP regional, Alfonso Serrano. Una estrategia que ya afearon al empresario los investigadores de Hacienda, que en un informe subrayaron: “No deja de sorprender a esta Inspección la forma en que el contribuyente ha pretendido regularizar la situación (...) a través del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2022, cuando se trata de un gasto deducido en la declaración de 2020 y otro en la de 2021″. Además, expertos consultados afirman que el reembolso no exime del presunto delito, ni garantiza que el saldo final sea positivo.

Sin embargo, el esfuerzo del PP y del Gobierno por cambiar la dinámica de la crisis política y reputacional que rodea a la presidenta es total. Y por eso el portavoz del Ejecutivo llega a reclamar la dimisión en bloque de toda la oposición. “Tendría que pedir perdón el portavoz aquí presente [por Juan Lobato], todo el PSOE y todos los que han utilizado los medios del Estado para atacar a un ciudadano, y aquellos que acusaron a la presidenta de mentir”, dice Miguel Ángel García Martín durante el pleno. “Todos ellos, si fueran coherentes, deberían estar haciendo cola en el registro de la Asamblea para entregar su acta de diputado”.

Nuevas medidas en vivienda

La oposición, claro, no hace caso. Más bien al contrario, sigue percutiendo una y otra vez con el asunto, en el que cree haber encontrado la escalera con la que intentar asaltar la mayoría absoluta que encumbró a Ayuso en las últimas elecciones autonómicas.

“Un gobierno no está para hablar de un particular y sus condicionantes, sus expedientes de Hacienda, ni un gobierno ni una presidenta de la Comunidad de Madrid”, señala Rocío Monasterio, de Vox, que tilda de “error” que se hayan “embarcado en la defensa de este particular”.

Esto le espeta a Ayuso Juan Lobato, el portavoz del PSOE: “Ha construido solo un 2% de las viviendas urgentes que prometió, y su piso ya no tiene 60 metros cuadrados, ahora tiene cientos de metros y un Maserati en el garaje. Usted ya no gobierna. Y mi responsabilidad es denunciarlo y hacer propuestas para que no perdamos más años en Madrid”.

Esto le dice Manuela Bergerot: “La obra de su piso es ilegal, pero seguro que no se la han entregado con esos desperfectos”.

Son dos referencias a las promesas incumplidas por Ayuso en materia de vivienda. La primera, adelantada por EL PAÍS, se refiere a que no entregó ni una de las 15.000 viviendas públicas que había prometido antes de las últimas elecciones. La segunda, a que los vecinos que han estrenado las que ahora se han hecho en Alcorcón las han encontrado mal acabados, a lo que se une que les cobran el IBI. Frente a esos hechos, nuevas promesas: Ayuso ha anunciado este jueves la adjudicación de 1.912 nuevas viviendas del Plan Vive de alquiler; una ley para convertir edificios de oficinas en vivienda asequible; y que se reducirán las cargas y los tiempos en los desarrollos de nuevos proyectos de vivienda pública eliminando los planes especiales de infraestructuras.

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