La Fiscalía de Madrid investiga por un posible delito de daños la tala de cedros en el Paisaje de la Luz

La apertura de diligencias se produce a raíz de una denuncia de Alianza Verde, que recuerda que todos los ejemplares con más de 10 años o 20 centímetros de tronco están protegidos y estos eran centenarios y tenían un diámetro mayor

Tala de árboles en los jardines de Jimena Quirós en Madrid, por las obras de ampliación de la línea 11 de metro, el pasado 22 de enero.Jaime Villanueva

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación por un posible delito de daños en la tala de cuatro árboles centenarios en el Paisaje de la Luz, a raíz de una denuncia del partido ecologista Alianza Verde. La organización ...

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación por un posible delito de daños en la tala de cuatro árboles centenarios en el Paisaje de la Luz, a raíz de una denuncia del partido ecologista Alianza Verde. La organización llevó ante la Fiscalía el pasado 26 de enero el “derribo de cuatro árboles de gran porte” los días 23 y 24 de enero de este año, en concreto cuatro ejemplares de cedro del Himalaya (Cedrus deodara) que se erguían en los jardines de Jimena Quirós, entre el paseo de la Infanta Isabel y la avenida Ciudad de Barcelona. Estas talas obedecen a las obras de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid acometidas por el Gobierno regional con el visto bueno del Ayuntamiento de la capital y suponen la eliminación de 162 árboles en Madrid Río y otros 434 en el resto del trazado, incluidos muchos pinos del parque del barrio de Comillas para crear un gigantesco solar donde ubicar la maquinaria y el material necesarios para cuatro años de obras.

En conversación telefónica con este diario, Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, se ha congratulado este jueves de que, aunque el daño ya esté hecho y los árboles, muertos, “por lo menos se abra una investigación y se haga justicia”. La organización espera que “este paso en la dirección en la que hay que avanzar” culmine en la depuración de responsabilidades “por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento, aunque será la Fiscalía quien determine de quién es la responsabilidad”. Además, confía en que, gracias esta acción, se puedan “evitar futuras talas” y frenar las que siguen en marcha en el marco de las obras de la línea 11.

“Estamos en contra de todas las talas, pero nos hemos centrado en estos cuatro árboles como símbolo, por ser los más valiosos desde el punto de vista ecológico, ornamental, paisajístico y hasta sentimental, y por ser los que tienen una mayor carga legal, al ser los que estaban más protegidos, pero a través de ellos lo que queremos denunciar son las talas en este punto en concreto como el conjunto de las actuaciones del Ayuntamiento y de la Comunidad”, explica el coordinador de Alianza Verde. “Ejemplificando, personalizando, esperamos lograr una mayor efectividad”, añade.

En el escrito registrado por López de Uralde en la Fiscalía, recuerda que el parque de Jimena Quirós “se encuentra en el Paisaje de la Luz, único espacio de Madrid declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, siendo el porte de sus árboles un motivo principal para esa declaración”. Estos cuatro ejemplares estaban catalogados, además, como árboles singulares por el Ayuntamiento de Madrid y tenían más de 20 metros de altura.

“Todos los ejemplares de cualquier especie arbórea con más de 10 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano se encuentran protegidos por la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid”, subraya la denuncia. Según la organización ecologista, los cuatro árboles talados superaban los cien años de vida, “tenían un diámetro de tronco considerable, muy superior a los 20 centímetros, y estaban en buen estado”. “Un árbol centenario en Atocha tiene un valor incalculable, no vale con que el Ayuntamiento se justifique diciendo que quita estos pero plantará otros”, subraya el líder del partido.

Ahora, en una diligencia fechada el 21 de febrero a la que ha tenido acceso este diario, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial ha comunicado a Alianza Verde “la incoación de diligencias de investigación preprocesal”, es decir, la apertura de una investigación, por unos “hechos que podrían ser constitutivos de un delito de daños”. “La Fiscalía no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento”, se ha limitado a replicar una portavoz municipal al ser preguntada por la apertura de esta investigación. La Consejería de Transportes, de momento, no ha contestado.

Por su parte, Alianza Verde seguirá denunciando el “arboricidio, la barbaridad que [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso y [el alcalde de la capital, José Luis Martínez] Almeida están llevando a cabo en Madrid, contra la naturaleza y contra la salud, pero también contra el sentido común que indica que, para hacer frente a la crisis climática, hace falta tener ciudades más verdesç”.

A finales de enero, el Ayuntamiento relevó a la jefa de servicio de Patrimonio Mundial y Difusión del Patrimonio, Carmen Rojas, en plena polémica por las talasç. “Ha sido un cese impuesto que como funcionaria tengo que aceptar. Me apartan del patrimonio que ha sido mi especialidad”, explicó Rojas sobre su salida, que el área Cultura justificó en una “reestructuración” del área. La decisión coincidió con las protestas de asociaciones vecinales y de la oposición contra las talas en Arganzuela, en los jardines de Jimena Quirós y en el paseo de la Infanta Isabel, donde las motosierras se han llevado también por delante varios ejemplares de plátanos de sombra con más de 40 años.

El Ministerio de Cultura, representante de los intereses de la Unesco en España, intervino para tratar de frenar las talas. El 9 de enero, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, envió una carta a Ayuso y a Almeida en la que les instaba a que detuvieran las talas que afectaban al patrimonio. En la carta, Urtasun explicaba que, según la normativa de la Unesco, la Comunidad y el Ayuntamiento deberían haber dado aviso, a través del ministerio, de cualquier obra que se produzca dentro de este espacio. Las directivas, recordó Cultura, también obligan a realizar un informe de impacto patrimonial previo al proyecto, que no consta que se haya realizado.

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