Juicio a la gestión del PP en Madrid: al menos 245 millones en reclamaciones pendientes de los tribunales

Los tribunales han emitido en los últimos meses dos sentencias contra la Comunidad de Madrid que suman 52,7 millones de euros, y dirimirán próximamente otros seis pleitos en los que se le reclaman a la Administración 245,9 (para un total de 298,6), según documentación enviada a la Asamblea por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a la que accedió EL PAÍS. La concatenación de reclamaciones articula un juicio que afecta a múltiples aspectos de la gestión del PP, ...

Los tribunales han emitido en los últimos meses dos sentencias contra la Comunidad de Madrid que suman 52,7 millones de euros, y dirimirán próximamente otros seis pleitos en los que se le reclaman a la Administración 245,9 (para un total de 298,6), según documentación enviada a la Asamblea por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a la que accedió EL PAÍS. La concatenación de reclamaciones articula un juicio que afecta a múltiples aspectos de la gestión del PP, que gobierna la región desde hace más de un cuarto de siglo. Así, los litigios abarcan desde lo que cobran los concesionarios privados por gestionar y construir carreteras y hospitales de uso público, a la estrategia de vivienda de protección oficial o las decisiones adoptadas para afrontar la crisis sanitaria durante la pandemia del coronavirus. De esta manera, los tribunales radiografiarán algunas de las resoluciones más polémicas de los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, o Díaz Ayuso.

Pero hay más. Mucho más. El listado elaborado por la Comunidad para enviarlo a la Asamblea responde a una obligación legal que solo afecta a pleitos de más de 10 millones de euros de los que ha tenido conocimiento en los seis primeros meses de 2023. Es decir, los 300 millones que se juega en los tribunales de los que ha dado cuenta a la Cámara son solo la punta del iceberg.

220 millones por las viviendas que vendió Ignacio González. En 2013, un fondo de inversión vinculado a Goldman Sachs compró a la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio González, 2.935 viviendas públicas. ¿El precio? 201 millones. Quince años después, la Justicia obligó a la Administración a recuperar esos pisos para el patrimonio público, al considerar que no se había justificado suficientemente la enajenación. Como en medio el fondo vendió 1.200 viviendas, pues había acabado el periodo de protección, la reincorporación a la Agencia de Vivienda Social (AVS) se limitó a 1.721 pisos, 224 plazas de garaje y 34 locales. Por ellas pagó la Comunidad 107 millones. Una cifra insuficiente para el criterio del fondo, que desde 2022 reclama en los juzgados 220 millones como compensación por devolver 1.721 de las 2.935 viviendas que compró por 201.

“De prosperar el recurso indicado a favor del reclamante, se detraería del importe para satisfacer la demanda el correspondiente a la devolución de ingresos efectuada en 2022 por la Comunidad de Madrid a favor del mismo de 107.722.508,95 euros“, afirman en el Gobierno regional. En ese caso, el pago sería de 112,6 millones.

50 millones por la explotación de una autopista fantasma que nunca se ha usado. El 1 de marzo de 2022, la Comunidad de Madrid admitió en la Asamblea que el Ejecutivo de Díaz Ayuso había decidido pagar 73,3 millones de euros a la constructora de la MP-203, una autopista de peaje impulsada en época de Esperanza Aguirre, por la que nunca ha circulado ni un solo coche, y que ni siquiera se ha terminado. El plan original era impulsar una vía que iba a tener 12,5 kilómetros para conectar la M-203 y la A-2 (en el término de Torrejón de Ardoz) con la M-208 y la R-3, ya a la altura de Mejorada del Campo, para descongestionar la entrada a Madrid desde Alcalá de Henares. Sin embargo, no se resolvió la conexión con la R-3, y los trabajos se abandonaron cuando quedaban 300 metros del trazado por hacer, además de cubrir el firme ya instalado. Ahora “Autopista Alcalá O’donnell S. A.” reclama entorno a 50 millones de euros en los juzgados.

“La Comunidad ya abonó a la empresa 73 millones de euros, y ahora el tema está judicializado y hay que esperar a que los tribunales resuelvan”, señala un portavoz gubernamental.

36 millones por las restricciones del Estado de Alarma. “Meliá Hotels International interpuso reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial del Estado frente a las distintas Comunidades donde tiene presencia hotelera en el Estado español, todo ello por razón de las medidas aprobadas en el contexto del segundo estado de alarma decretado en octubre de 2020 [que luego fue declarado inconstitucional], y una de estas comunidades es efectivamente la Comunidad de Madrid”, explica la empresa sobre los cierres decretados para contener la expansión del coronavirus. “El viernes pasado, 3 de noviembre, tuvo lugar la celebración de una vista ante el TSJ de Madrid y no esperamos una resolución de este Tribunal en el corto plazo”.

En la vía administrativa, las distintas ramas hoteleras de Melià reclamaron los 36 millones que pide ahora por la judicial. Sin embargo, un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid desestimó la indemnización sobre la que ahora se pronunciará un juez.

33,9 millones por un desarrollo inmobiliario fallido. “Gepi Desarrollo Inmobiliario S. L.” reclama esa cantidad por los presuntos daños derivados de no aprobar el plan parcial de ordenación urbana del sector Campo de la Plata del pueblo de Los Molinos, según explica un portavoz gubernamental.

30,3 millones para el gestor privado del hospital universitario Rey Juan Carlos. Una sentencia ya firme reconoce el derecho a esta indemnización al grupo Quirón, que gestiona cuatro de los hospitales públicos de gestión privada de la región (Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; y Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión), un modelo impulsado por Esperanza Aguirre en 2008. No es una excepción. De hecho, en 2022, el Gobierno decidió acabar de un plumazo con 1.390 millones de deuda que arrastraba desde 2015 con estos centros. También entonces el principal beneficiario fue el grupo Quirón, que obtuvo al menos 1.278 millones. Todos esos litigios se han centrado en la liquidación de la factura de la atención hospitalaria.

“Se trata de una sentencia en la que ha habido una serie de discrepancias en las liquidaciones correspondientes a este hospital del año 2014″, explica un portavoz gubernamental. “Los procesos de liquidación se ha han ido revisando y finalmente el juzgado ha determinado que el ajuste asciende a 30 millones”.

Además, en el área de Sanidad, la Comunidad también se enfrenta a una reclamación de 13,4 millones de euros por parte del “Hospital del norte sociedad concesionaria”. El Ejecutivo declina dar detalles con el argumento de que se trata de un proceso judicial en curso.

22,4 a los dueños de Gallina Blanca. Una sentencia ya firme condena a la Comunidad a pagarle al grupo que comercializa los productos de Gallina Blanca por una compra de terrenos infructuosa en Arganda del Rey. El Ejecutivo regional, a través de la desaparecida empresa pública Arpegio, gastó 5,5 millones de euros en adquirir casi tres millones de metros cuadrados a la matriz Airina, que tenía en ellos sus granjas avícolas. Además del pago económico, la compañía se comprometió a que la vendedora obtendría en el futuro el “26% de la edificabilidad lucrativa neta total, obtenida como resultado del proceso de recalificación urbanística que afecte a la totalidad de las fincas transmitidas”. Es decir, Airina pactó dos modelos de pago con la Comunidad de Madrid, cinco millones de euros de pago en efectivo y el resto en especie: parcelas urbanizadas por Arpegio en estos terrenos, que no se han llevado a cabo. Pero no se logró la recalificación pertinente, y la zona apenas se ha usado durante varias ediciones del festival Rock in Rio.

Ahora, la Comunidad tendrá que pagar 22.460.000 euros más los intereses legales devengados desde el 30 de noviembre de 2012.

“El asunto se remonta a 2012 porque no se entregaron a la empresa unas parcelas que tenían que haber estado urbanizadas en ese plazo y demandaron”, resume un portavoz gubernamental.

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