La Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dictado este miércoles una orden por la que prohíbe recoger firmas en favor de la huelga de médicos de atención primaria, fijar carteles en su apoyo, o repartir octavillas informativas entre los pacientes. La medida, según advierte la comunicación gubernamental, vendrá acompañada por inspecciones aleatorias: 50 desde este mismo momento. Además, se instruirá a los servicios de limpieza y mantenimiento para que retiren de los centros sanitarios cualquier material que no esté relacionado con el servicio asistencial. Todas esas decision...

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dictado este miércoles una orden por la que prohíbe recoger firmas en favor de la huelga de médicos de atención primaria, fijar carteles en su apoyo, o repartir octavillas informativas entre los pacientes. La medida, según advierte la comunicación gubernamental, vendrá acompañada por inspecciones aleatorias: 50 desde este mismo momento. Además, se instruirá a los servicios de limpieza y mantenimiento para que retiren de los centros sanitarios cualquier material que no esté relacionado con el servicio asistencial. Todas esas decisiones llegan tras fracasar el lunes la reunión para llegar un acuerdo que acabe con una huelga iniciada en noviembre, y después de la multitudinaria manifestación que recorrió Madrid el domingo en apoyo de la sanidad pública.

“Nos parece una huida hacia adelante de la Consejería de Sanidad”, ha adelantado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, justo antes de comenzar la manifestación de cada miércoles a la que asisten los médicos de familia y pediatría. “Nos parece la vieja técnica de tratar de parar el problema y matar al mensajero”, ha insistido. Y ha rematado: “No nos preocupamos porque hoy vamos a entregar 50.000 firmas y tendremos para las semanas venideras y la recogida de firmas continuará en otros sitios”.

La resolución se dicta “para garantizar un uso adecuado de los centros de salud”, según se lee en un comunicado enviado por la consejería que lidera Enrique Ruiz Escudero. Una medida que se toma “tras detectarse que durante el transcurso de la jornada laboral se están utilizando estos dispositivos para la recogida de firmas y otras actividades distintas a la atención sanitaria a raíz de la huelga de facultativos que se mantiene desde noviembre en este nivel asistencial”, argumenta el Gobierno.

Y añade: “De conformidad con la legalidad vigente, no está permitida la utilización de las instalaciones de Primaria para actuaciones distintas a la prestación del servicio sanitario en beneficio del paciente. Por ello, no se podrán realizar actividades como la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud”.

La decisión no es casual. La presidenta regional ya enseñó una foto de un centro de salud lleno de carteles de protesta durante el último pleno de control a su Ejecutivo, celebrado el pasado jueves en la Asamblea, y viene acusando a la oposición de querer convertir estas instalaciones en “sedes electorales de la izquierda”.

“Esta es su sanidad, no la mía”, dijo entonces la líder conservadora mientras enseñaba la fotografía. “Así quieren ustedes los centros de salud de toda la comunidad, llenos de pancartas, de octavillas, de pintadas, carteles mal pegados a propósito, para dar mala imagen, la imagen de decadencia que les gusta”, siguió. “Los centros de salud y los hospitales son de los ciudadanos, de los pacientes, y están haciendo ustedes labores sindicales dentro de las consultas y en horario de atención a los ciudadanos”, añadió. “Secuestran los servicios públicos y los privatizan para sus intereses políticos, quieren reventar el sistema y culparme a mí”.

Aquellas palabras ya fueron recibidas con temor y cierto hartazgo entre los médicos, que consideran que el Gobierno de Ayuso está optando por la censura y por impedir que puedan hablar con naturalidad del conflicto con los pacientes que se preocupan por él y entran en un centro de salud. “No creemos que la represión sea la respuesta, pero por desgracia es lo que nos vamos a encontrar”, ha insistido Hernández. “Ojalá algún día nos contéis”, ha dicho a los medios de comunicación, “que van a dar un giro y se van a ocupar de gestionar de verdad la atención primaria y que van a invertir y a posicionar presupuesto, que realmente es lo que necesitamos”.

Pocos días después, el lunes, hubo un nuevo encontronazo. Juan Lobato, el líder del PSOE en la región, visitó un centro de salud en Guadarrama. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, avistó en el fondo de las fotografías de esa cita carteles que llamaban a una concentración convocada por los socialistas en defensa de la sanidad pública. Y se quejó: “¿Ahora el PSOE utiliza los centros de Salud para pegar propaganda?”. Horas después, según una fuente socialista, el centro de salud recibió una llamada del equipo de la consejería de Sanidad conminando a los trabajadores a retirar los anuncios.

El encontronazo refleja un problema de fondo para los intereses del PP. El jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, considera que la crisis sanitaria es la llama que puede prender el fuego que arrase con la mayoría de la líder, según explicó en un reportaje de EL PAÍS. En consecuencia, el PP de Madrid está volcado al completo en ahogar el oxígeno que pueda alimentar ese incendio, pasando incluso por encima de las dudas que empieza a levantar su estrategia de confrontación en el PP nacional. Primero, reduciendo la huelga a una treintena de médicos al día, según sus cálculos. Luego, estirando el conflicto laboral lo máximo posible al no llegar a un acuerdo con los convocantes. Y ahora, prohibiendo la recogida de firmas de apoyo en los centros de salud.

Críticas de la oposición

Para Hernández, secretaria general de Amyts, todo tiene que ver con la idea que el Gobierno ha lanzado de que el comité de huelga en realidad está inmerso en un conflicto político. Nada más lejos de la realidad, ha insistido. “Eso no puede más que entristecernos. Nosotros estamos haciendo todo lo posible [para llegar a un acuerdo]. Solo nos importa la asistencia y que un millón de madrileños no dispone de médico de familia asignado y 200.000 niños que no disponen de un pediatra”.

Más duras han sido las reacciones de la oposición de izquierdas al Gobierno de Ayuso. “Nos ha llegado la versión censora de la chapuza sanitaria”, ha lamentado Mónica García, la líder de Más Madrid. “Si el PP hiciera la mitad de esfuerzo por resolver su chapuza que por intentar taparla, Madrid no sería el epicentro del caos sanitario”, ha seguido. “Para Ayuso el problema son los carteles. Para nosotros, que no haya médicos en los centros de salud. La solución no pasa por quitar carteles. Pasa por contratar profesionales y cuidar nuestra sanidad pública”, ha cerrado la portavoz de Más Madrid.

Este partido, precisamente, ya denunció durante la pasada campaña electoral que en el hospital Isabel Zendal aparecieran carteles a favor de Ayuso. En aquella ocasión, al PP no le pareció criticable.

También en una línea muy crítica se ha manifestado Juan Lobato, el líder de los socialistas en Madrid. “No puede ser que la respuesta de Ayuso a la manifestación del pasado domingo sea actuar con soberbia, desprecio y prohibir que se pongan carteles”, ha dicho. “Si cualquier otro gobierno estuviera haciendo esto, Ayuso estaría hablando de estalinismo”, ha opinado. “En Madrid hace falta regeneración”, ha asegurado, en referencia a las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo.

“Estamos estupefactos”, ha dicho Vanesa Lillo, diputada de IU inscrita en el grupo parlamentario de Podemos. “Usar de manera inadecuada los centros de salud es tenerlos vacíos porque no contratan profesionales, tener las largas colas para tener una cita... y ahora esto pretende de nuevo perseguir a los profesionales”, ha añadido. “¿El problema es que se recogen firmas? ¿La huelga? ¿No es el problema que llevan años desmantelando la sanidad pública, y que se niegan a tomar medidas?”, se ha preguntado. “No podemos tolerar que el Gobierno pretenda cercenar derechos fundamentales”.

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