La victoria judicial de Beatriz Cano, que denunció a la Comunidad de Madrid por un menú sin lactosa

A Beatriz Cano le diagnosticaron intolerancia a la lactosa en marzo de 2011. “Yo ya sabía que la alimentación se iba a convertir en mi caballo de batalla”, reflexiona la mujer, de 72 años. Desde que se instaló en una residencia de ancianos del distrito madrileño de Usera el 19 de noviembre de 2010, la calidad de la comida le desagradó, pero cuando llegó el diagnóstico, el asunto se convirtió en una cuestión de salud. “No había manera de que me dieran el menú que exigía mi condición”, relata Cano, que acabó acudiend...

A Beatriz Cano le diagnosticaron intolerancia a la lactosa en marzo de 2011. “Yo ya sabía que la alimentación se iba a convertir en mi caballo de batalla”, reflexiona la mujer, de 72 años. Desde que se instaló en una residencia de ancianos del distrito madrileño de Usera el 19 de noviembre de 2010, la calidad de la comida le desagradó, pero cuando llegó el diagnóstico, el asunto se convirtió en una cuestión de salud. “No había manera de que me dieran el menú que exigía mi condición”, relata Cano, que acabó acudiendo a los tribunales en busca del respaldo de la justicia. Una sentencia le ha dado ahora la razón y ha obligado a la Comunidad de Madrid a “tomar las decisiones pertinentes” para dar a la residente la comida adaptada a su intolerancia.

“Es una sensación de victoria amarga, lo siento como un hito, pero también me queda la impresión de que no importamos a nadie, de que nadie se ha preocupado de que yo pudiera comer lo que necesito”, se lamenta Cano. La residente asegura que, durante estos 10 años que se prolonga la situación, ha conseguido algunos “logros” como que le permitieran disponer de una neverita en la que guardar algunos productos. También cuenta que ha mantenido un par de reuniones con la dirección del centro, pero que no “han servido de nada”. Su historia es confirmada por la sentencia judicial: “Pese haber insistido reiteradas veces y haber presentado por escrito varias quejas para requerir una dieta especial según la prescripción facultativa, se continuó dándole una dieta totalmente inadecuada”.

En este tiempo, tal y como recoge la sentencia y relata también la demandante, una inspección sociosanitaria dictaminó que su residencia, Domusvi-Usera, no disponía de “ciertos menús para alérgicos o intolerantes” o bien que los alimentos que no contenían lactosa de por sí, se cocinaban de tal manera que podían afectar a una persona con esta intolerancia o alergia. Según el fallo, se abrió un expediente administrativo por este motivo al centro, de titularidad pública pero gestionado por la empresa que le da nombre. Cano asegura que, en alguna ocasión, le hicieron ver que su plato era diferente del resto, “cuando no era así”, o le aseguraron que el menú era adecuado para ella. Según la demandante, llegó a tener efectos adversos fruto de su intolerancia, por los que tuvo que ser atendida por el equipo de salud del centro. “Una vez me salieron ronchas en el pecho y también pupas en el labio”, afirma.

Cano tiene una plaza asignada en esta residencia desde que cumplió 60 años por la dependencia que le provoca la polio. En este tiempo, relata, ha combinado los productos que guarda en su frigorífico con menús del día en restaurantes cercanos. Una merluza natural envasada, bebidas lácteas y yogures adaptados a intolerantes... “Por mi condición de salud, tengo que tener cuidado de tener una buena alimentación”, apunta.

Un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales y Familia explica que desconocen qué problema concreto ha existido en este caso para que no se diera a la residente la alimentación requerida, pero asegura que acatarán la sentencia, “como no puede ser de otra manera”, al tiempo que ha defendido que existen protocolos en las residencias públicas para tener todo tipo de menús. Sin embargo, la sentencia considera que la situación en la que ha vivido Cano es consecuencia de la “inactividad de la Administración” y que el trato al que se ha sometido a la demandante “no es el reglamentario”.

No es la primera vez que se hacen visibles y patentes las quejas por las condiciones de vida en las residencias públicas. En este caso, la denuncia cuenta además con el respaldo judicial. En octubre, este periódico recogió la denuncia de familiares y trabajadores de la residencia pública de Alcorcón porque la falta de personal dejaba en situación de “abandono” a los ancianos. “Como no nos da tiempo a ducharlos y asearlos, pues tienen que desayunar en las camas llenos de orines y de deposición”, relataba una trabajadora.

A mediados de septiembre, Mariano Turégano, de 82 años, intervino en el pleno de San Sebastián de los Reyes para reclamar condiciones “dignas”. Entre otras cuestiones, Turégano aseguró que la comida era “deleznable” y que pasaban horas sin ingerir nada. Cano se regocija ahora con su pequeña gran victoria y espera no tener que preocuparse de más “ronchas” y “pupas”. Cree que es una batalla que ha luchado sola, pero asegura estar acostumbrada a no quedarse callada y conformarse: “Soy una mujer combativa”.

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