Ayuso pacta con Vox sus primeros Presupuestos

Isabel Díaz Ayuso aprobará el 22 de diciembre los primeros Presupuestos desde que gobierna la Comunidad de Madrid (2019), tras alcanzar un acuerdo con Vox. Los 13 puntos del pacto para las cuentas de 2022 dejan un escueto resultado en el balance de la extrema derecha, porque afectan a menos de 100 millones de euros de los 23.000 que recoge el proyecto. De hecho, su contenido palidece en alcance y movilización d...

Isabel Díaz Ayuso aprobará el 22 de diciembre los primeros Presupuestos desde que gobierna la Comunidad de Madrid (2019), tras alcanzar un acuerdo con Vox. Los 13 puntos del pacto para las cuentas de 2022 dejan un escueto resultado en el balance de la extrema derecha, porque afectan a menos de 100 millones de euros de los 23.000 que recoge el proyecto. De hecho, su contenido palidece en alcance y movilización de dinero frente al preacuerdo trabajado por PP, Cs y Vox para 2021, que avanzó EL PAÍS en marzo y no se aprobó por el adelanto electoral que decidió Díaz Ayuso.

Así, Vox no logra la gratuidad total y universal de las etapas educativas no obligatorias que exigía (educación de 0 a 3 años, grado medio y superior de FP, y Bachillerato), puesto que se introduce un criterio de renta (35.000 euros) para que las familias logren o no la ayuda, que además deben solicitar. Y la mayoría de sus aportaciones tienen un contenido más simbólico (como una auditoría sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados) que práctico (muchas partidas refuerzan programas ya existentes).

“Vamos a tener un Presupuesto, que va a responder a las necesidades de las familias”, ha dicho Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, que se combinará con el PP para rechazar todas las enmiendas parciales de la izquierda al proyecto. “Les anuncio que hemos llegado a un acuerdo, que se recoge en 13 medidas, una por cada diputado que tiene Vox”, ha precisado. “Agradecemos la disposición de la Comunidad de Madrid. Este acuerdo no cumple todas nuestras expectativas, pero es satisfactorio porque da un impulso de prosperidad”, ha añadido.

No hubo foto conjunta de Díaz Ayuso y Monasterio, ni del PP con Vox, para presentar el acuerdo. Las intervenciones han sido por separado. Sin ceremonia ni púrpura. Por faltar, faltó hasta la firma de Díaz Ayuso en el documento, rubricado por Monasterio y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Señal de que las conversaciones fueron tensas, y tirantes, por mucho que las dos partes supieran desde el principio que el pacto era inevitable.

“No ha sido una negociación fácil, ha durado más de dos meses, pero hemos alcanzado un buen acuerdo”, ha descrito el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. “Por ambas partes ha habido cesiones. Este acuerdo es la plasmación presupuestaria del acuerdo de investidura”, ha añadido. “Es un acuerdo que le da tranquilidad a Madrid, horizonte, una base segura para seguir avanzando”.

El gran caballo de batalla de la negociación fue la gratuidad de la educación no obligatoria (educación de 0 a 3 años, grado medio y superior de FP, y Bachillerato). Vox la consideró como una línea roja, y calculó el coste de la medida en poco más de 300 millones. El PP, con Díaz Ayuso a la cabeza, tildó la idea de “utopía” y fijó en 700 millones su impacto presupuestario. Finalmente, el acuerdo alcanzado diluye la exigencia de Vox.

Apenas 18.090 familias más se beneficiarán de la medida el próximo curso, puesto que no se ha diseñado una política pública de aplicación a todas, sino una ayuda que hay que solicitar, que tiene un corte de entrada (la renta familiar per cápita de 35.000 euros) y un presupuesto finito (62,5 millones adicionales, porque la Comunidad ya tenía un cheque-guardería).

Además, la implantación del nuevo programa será gradual, y podrá extenderse hasta cuatro años, cuando ya beneficiaría a 70.000 familias, según los cálculos de Vox: como hay elecciones en 2023, su culminación dependerá del próximo Ejecutivo regional.

Pese a sus limitaciones, ese punto del acuerdo concentra la partida financiera más importante. Los otros 12 tienen un carácter más simbólico que práctico, con compromisos con mayor carga ideológica que presupuestaria.

• Lo simbólico. Vox cifró en 700 millones el gasto superfluo que recogen los Presupuestos, pero se conforma con una reducción de 10 millones en promoción de consejerías, o alquileres, dejando la puerta abierta a estudiar la fusión o supresión de organismos sin detallar. También logra ampliar el suelo disponible para construir viviendas en alquiler “a un precio asequible” en colaboración con el sector privado, sin especificar de dónde saldrá o cuándo debe estar disponible. O sendos compromisos para reducir los plazos de pago a proveedores (sin costes ni plazos cuantificables) y para que la Comunidad “estudie” su personación en casos relacionados con la seguridad de los madrileños (como ocupaciones de viviendas o agresiones de bandas organizadas).
• Lo ideológico. El planteamiento antiabortista de Vox aparece en el incremento de las ayudas a adolescentes embarazadas (1 millón), igual que su apuesta contra la ley de eutanasia se refleja en el aumento de los fondos para el plan de ayudas a cuidados paliativos (5 millones). La extrema derecha también logra 50.000 euros para una auditoría sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región y 200.000 para fiscalizar todas las subvenciones, lo que abre la puerta a eliminar ayudas concretas en el futuro. Y tras registrar una ley de igualdad en la que no aparece ni una sola vez la palabra “mujer”, consigue el compromiso de buscar “la igualdad en el fomento del empleo”, insinuando una discriminación al hombre en favor de la mujer.
• Lo práctico. Además del nuevo cheque educativo (62,5 millones), la extrema derecha ha logrado el incremento de la financiación prevista para el programa primera vivienda (9 millones de euros), o del presupuesto para apoyar a familias con niños con autismo (1 millón de euros).

Con PP y Vox de acuerdo en aprobar los Presupuestos, la rebaja del IRPF que patrocina el Gobierno, y su eliminación de las tasas propias de la región, queda por saber si el acuerdo alcanzado este martes tiene efectos colaterales: por ejemplo, se está negociando la modificación de las leyes LGTBI regionales para satisfacer a la extrema derecha, que pide su derogación.

Mientras tanto, Díaz Ayuso hace buena su victoria del 4-M; se asegura estabilidad para lo que queda de legislatura; y contrapone su capacidad para pactar con Vox con los desencuentros entre este partido y tres líderes del suyo: el capitalino, José Luis Martínez-Almeida, el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el nacional, Pablo Casado.

La presidenta no presentó el proyecto presupuestario ni participó de la comunicación del acuerdo con Vox. Dos decisiones que no restan importancia al pacto: tras dos años gobernando con presupuestos prorrogados, Díaz Ayuso ya ha encontrado el trampolín que buscaba de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

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