Guerra jurídica por la devolución de las 3.000 viviendas públicas que Madrid le vendió a un fondo

La sentencia que revierte la venta de 2.935 viviendas públicas en 2013, cuando la Comunidad de Madrid ingresó 201 millones de euros por su traspaso al fondo Encasa Cibeles, ha provocado una guerra jurídica entre las dos partes. El Gobierno regional ha recurrido la decisión, al considerar que no afecta a las 32 promociones, sino únicamente al demandante original, Rachid Bouikou, que litigó por un aumento del alquiler que consideró abusivo. En el lado opuesto, Encasa Cibeles ha emplazado este jueves a ...

La sentencia que revierte la venta de 2.935 viviendas públicas en 2013, cuando la Comunidad de Madrid ingresó 201 millones de euros por su traspaso al fondo Encasa Cibeles, ha provocado una guerra jurídica entre las dos partes. El Gobierno regional ha recurrido la decisión, al considerar que no afecta a las 32 promociones, sino únicamente al demandante original, Rachid Bouikou, que litigó por un aumento del alquiler que consideró abusivo. En el lado opuesto, Encasa Cibeles ha emplazado este jueves a la Comunidad a que acuda el 29 de septiembre a un notario para hacerse cargo de 1.721 de los 2.935 apartamentos que todavía tiene en sus manos. En medio, las 1.214 familias que han comprado alguna de esas residencias en los últimos ocho años se han quedado en un limbo legal.

Todo empezó con Esperanza Aguirre, que impulsó la construcción de estas 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones y 11 municipios. Encasa Cibeles las compró en 2013 por 201 millones cuando ya Ignacio González era el presidente. Eran tiempos de crisis. El Gobierno buscaba ingresos desesperadamente. La operación supuso que la Comunidad dejara en manos de un privado suelo y viviendas que habían sido públicos. Pan para hoy y hambre para mañana: el PSOE calcula que lo que se vendió por 201 millones tenía un valor de mercado de 400. Ahora, nadie quiere las viviendas: una sentencia judicial ha obligado a revertir la venta al considerar que no se cumplió con el trámite de certificar que las residencias ya no eran necesarias para su fin social.

En una comunicación cursada por conducto notarial, Encasa Cibeles ha requerido a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) para que cumpla las distintas resoluciones judiciales que le obligan a recibir las viviendas, al tiempo que, subraya en un comunicado, ofrece su colaboración para “garantizar una transición ordenada de los inmuebles que salvaguarde los intereses de los inquilinos actuales” y “acabe con la actual situación de inseguridad jurídica”.

“La justicia ha dictaminado con claridad la nulidad total de la adjudicación, así como la obligación de la AVS de recibir las viviendas en bloque. Así lo determina, por ejemplo, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid de 21 de mayo de 2018, primera en devenir firme el 2 de marzo de 2020″, explica en una nota el fondo de inversión, al que el Supremo ha prohibido acometer más desahucios en esas promociones al considerar que ya no es su propietario. El juzgado número 29 de Madrid ha confirmado esta conclusión en un auto de 1 de febrero de 2021.

Recurso de la Comunidad de Madrid

Pero la Administración no se mueve ni un centímetro de su postura, que es radicalmente opuesta: ha recurrido ante los tribunales, al entender que la sentencia que revierte la venta solo afecta a quien inició la batalla judicial, y no al conjunto de viviendas.

“Es un litigio vivo”, apunta un portavoz de la consejería de vivienda sobre el recurso interpuesto. “Nosotros estamos cumpliendo la sentencia y ejecutando los pasos que se nos han señalado”, sigue. “A Rachid Bouikou, el demandante original, se le ha hecho un contrato nuevo con la AVS”, explica sobre el inquilino que inició el pulso judicial al ver cómo Encasa Cibeles le subía el alquiler de su vivienda de Navalcarnero: pagaba 49 euros mensuales de alquiler y otros 40 de comunidad tras quedarse sin trabajo, pero el fondo le reclamó 150. “Lo primero que hemos hecho es informar a los administradores de fincas de las 32 promociones para que estos a su vez le comuniquen a los propietarios de la reversión de la operación acorde a lo señalado por el juez”, sigue. Y remata: “La pregunta es qué pasa con las más de 1.200 personas que compraron de buena fe sus viviendas. Ahí el juzgado no ha dicho absolutamente nada”.

La mayoría de viviendas construidas por la Comunidad en esas 32 promociones tenían una opción de compra ejecutable entre el séptimo y el décimo año de alquiler. Como resultado, más de 650 de los inquilinos originales se han hecho con la propiedad de su vivienda, y más de 500 han sido vendidas en el mercado libre, según una fuente conocedora de la operativa del fondo.

Limbo jurídico

Ahora, esos compradores han quedado en un limbo jurídico y están a la espera de que se aclare cómo les afecta la ejecución de la sentencia. Todo un contraste con lo que se les prometió originalmente.

En los actos públicos de entrega de llaves de los años 2007 a 2011, Aguirre declaró a bombo y platillo que aquellas viviendas serían la garantía de estabilidad y hogar para familias humildes. De hecho, hizo la entrega en un acto público y prometió, entre foto y foto, que aquello contaba con una cláusula inalienable: era para toda la vida. Pero esa vida también estaba sujeta a interpretación. Llegó la crisis del ladrillo. Y el Gobierno regional argumentó que la venta a Encasa Cibeles era necesaria para no incurrir en déficit. Comenzó así una pesadilla para las personas que vivían dentro, que vieron cómo los alquileres de sus viviendas subían como la espuma. Llegaron las protestas, desahucios (una treintena) y manifestaciones. Algunos inquilinos acabaron claudicando y se fueron. Otros consiguieron ejecutar su alquiler con opción a compra y cambiaron el fondo por la hipoteca del banco. Y otros lucharon por lo que creían justo.

Hasta que el Tribunal Supremo anuló la venta, esgrimiendo que no se había justificado desprenderse de más del 10% del patrimonio público de viviendas sociales de la región. Desde entonces, Encasa Cibeles y el Gobierno regional siguen su particular tira y afloja por las viviendas.

“Las decisiones judiciales que anulan la adjudicación son firmes y la Comunidad de Madrid debe darles cumplimiento. Con ese objetivo, [Encasa Cibeles] ha enviado numerosas comunicaciones a la AVS (incluyendo doce cartas formales) pidiendo que cumpla con el mandato de las distintas sentencias, sin conseguir su objetivo”, explica la empresa en la nota.

Desde el primer momento, la polémica sobre la venta trascendió el ámbito de lo social para entrar de lleno en lo político. Nunca, sin embargo, estuvo más presente en la Asamblea. Mientras continúa la batalla jurídica, Alejandra Jacinto, abogada especializada en desahucios y representante de muchos de los inquilinos de Encasa Cibeles, se ha convertido en diputada de Unidas Podemos en el Parlamento regional.

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