El Gobierno de Madrid ocultó que el veto a Montero en un instituto era político

El Gómez Moreno recibió el mismo 8-M una carta en la que se esgrimían razones sanitarias para desautorizar el acto, pese a ser al aire libre, en 4.000 metros cuadrados y con no más de 20 personas

El instituto Gómez Moreno, en el barrio de San Blas de Madrid.JULIAN ROJAS (EL PAÍS)
Madrid -

La Comunidad ocultó que el veto a la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al Instituto Gómez Moreno tenía un carácter político. Que era un veto, en definitiva. La Administración regional alegó razones sanitarias, pero el acto estaba programado en un espacio abierto de 4.000 metros cuadrados y no iban a asistir más de 20 personas. Esa explicación es la que se trasladó a la ministra, que no acudió al ac...

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La Comunidad ocultó que el veto a la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al Instituto Gómez Moreno tenía un carácter político. Que era un veto, en definitiva. La Administración regional alegó razones sanitarias, pero el acto estaba programado en un espacio abierto de 4.000 metros cuadrados y no iban a asistir más de 20 personas. Esa explicación es la que se trasladó a la ministra, que no acudió al acto. Fue horas después cuando la Comunidad filtró a los medios que se trataba de una prohibición para evitar un acto de “adoctrinamiento”. Montero estudia organizar otro encuentro con las alumnas.

Todo nació de las menores. Este curso el centro cumple 50 años desde su inauguración y, a principio de curso, tanto ellas como los profesores pensaron en actividades para celebrarlo “poco a poco”, cumpliendo siempre las medidas de seguridad. La pandemia obligaba a pensar de otra manera y eso intentaron hacer.

Y pensaron a lo grande. “¿Por qué no invitar a la Ministra de Igualdad a una charla para que entienda cómo vivimos el feminismo en un barrio como San Blas?”, se preguntaron. Era complicado, claro. Cómo iba a ir una ministra “y encima el 8M, con todo lo que tendría que hacer”. Pero había que intentarlo.

La manera de proceder ante una idea semejante es la siguiente. La Comisión de Igualdad, que se trata de un grupo de alumnos y profesores donde tratan temas de igualdad y de diversidad (ya que en el centro hay matriculados chicos con alguna discapacidad), elevó la petición al centro. El centro delegó la decisión en el Consejo Escolar, como obliga la normativa, y una vez pasó ese trámite lanzó la moneda al aire.

Hace un mes le llegó la petición a Montero. Se trataba de ir y escuchar a las alumnas, que querían hacer un manifiesto sobre lo que significa para ellas la igualdad en su instituto y en un barrio como San Blas, conocido en las noticias por hechos lamentables como el del pasado octubre, cuando el barrio se incendió con peleas entre grupos de extrema derecha y los menores magrebíes que viven en pisos tutelados (los conocidos como Menas). Para sorpresa del centro, y de las menores, la ministra aceptó la invitación. Y se pusieron a trabajar.

Los miembros de la dirección organizaron el acto. El instituto cuenta con un espacio exterior de 4.000 metros cuadrados y habían dispuesto el lugar para que se cumplieran todas las medidas de seguridad. No asistirían más de 20 personas. El equipo directivo, cinco profesores, tres alumnas, la propia ministra y parte de su equipo. Ni prensa, ni actos multitudinarios. Nada.

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Las alumnas se pusieron a debatir ideas. A decidir qué le querían trasladar a la invitada. Y a montar el espacio con murales y carteles que hacían referencia al día de la mujer.

En la parte institucional, sin embargo, llegó el lío. Lo que iba a ser un encuentro propiciado por las menores, se convirtió en un asunto político.

El Ministerio de Igualdad asegura que activaron “el aviso institucional”, como una cortesía. Avisaron a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. De hecho, días antes del acto, la policía y miembros de seguridad de Montero visitaron el centro para comprobar cómo se iban a cumplir las medidas de seguridad. Nunca recibieron respuesta negativa por parte de la Comunidad.

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La reunión

Eso mismo lo confirma la Consejería de Educación. “No se avisó por escrito porque nunca hubo petición por escrito”, dice un portavoz. También dice que nadie les informó del carácter del acto: cuánta gente iba a ir, cómo se iba a realizar o en qué horario. Pero se reunieron con el propio instituto. Allí se personaron el pasado día 2 de marzo la Directora del Área territorial, Coral Báez, y la Viceconsejera de Educación, Nadia Álvarez, que tuvieron una reunión con la directora del centro, que no ha querido hablar en ningún momento con la prensa tras saltar la polémica. Le dijeron que no autorizaban el acto con la ministra por razones sanitarias y la directora explicó las medidas de seguridad que se habían tomado. Las representantes de la Administración insistieron y la directora, según fuentes internas, pidió que la decisión que tomaran, se la mandaran por escrito.

El tiempo pasó y el escrito no llegó. El ministerio no recibió ninguna negativa y siguió adelante con el plan. Las alumnas estaban nerviosas, se habían pasado una semana entera trabajando para el acto. De hecho, el día anterior se fueron a casa a las once de la noche.

Pero la desilusión llegó el mismo día de la mujer a las once la mañana, cuando llegó la carta. “La visita programada no está autorizada en horario lectivo, dadas las medidas sanitarias que se mantienen por la pandemia originada por el covid”, dice la misiva, firmada por la propia Báez. Fue varias horas después cuando la Comunidad alegó, por distintos canales, que la suspensión se debía a causas políticas, para evitar “un adoctrinamiento”, hecho que sorprendió al propio ministerio, que nunca recibió esa explicación.

Las alumnas expresaron el enfado y la frustración en un vídeo que decidieron colgar en Twitter. Explicaban que no querían ser utilizadas políticamente, pero que les parecía mal la decisión tomada. De hecho, no estaba previsto que Montero hablara, solo iba a escucharlas. Los retuits se multiplicaron, la gente a favor y en contra empezó a opinar y, efectivamente, se sintieron utilizadas por intereses políticos.

Este martes, con la resaca de la polémica, las alumnas que dieron la cara, de 16 y 17 años, no quisieron ni salir al recreo, abrumadas y agobiadas. Recibieron insultos y amenazas por grupos de extrema derecha. Silvia, la ex alumna que colgó el vídeo, denunció “infinitas cuentas y mensajes” porque les decían auténticas “barbaridades”.

Esteban Álvarez: "Se cantan villancicos y los centros son laicos"

Primero fueron razones sanitarias. Después que querían evitar cualquier “adoctrinamiento” y, finalmente, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, alegó que las normas eran igual para todos. Lo cierto es que tanto el presidente de la asociación de directores de Secundaria (Adimad), Esteban Álvarez, como los sindicatos denuncian que la decisión fue anticonstitucional. “Los centros públicos son lugares donde se enseña una educación democrática. Son espacios educativos de tolerancia y democracia donde se practican y se difunden valores como la libertad y el respeto a los demás”, explicó ayer Álvarez, que recordó también que a los centros acuden personas de diferente forma de pensar a hablar de temas que interesan a los chicos. “Son lugares donde se practica la libertad de elección y de pensamiento y se respetan todas las creencias y opiniones. También se cantan villancicos y los centros son laicos”, añadió.

Isabel Galvín, portavoz de CC OO, recordó que la igualdad entre hombres y mujeres está recogida en la Constitución española. “Si fuera el ministro astronauta el que fuera en el día de la ciencia a hablar, ¿también se montaría esto? Es muy grave porque se está hablando de que hablar de igualdad entre hombres y mujeres es adoctrinar”.

En la misma línea se expresa Teresa Jusdado, de UGT. "Las declaraciones de la Consejería de Educación manifiestan un doble rasero y ocultan su decisión de establecer de facto el pin parental en nuestra Comunidad", avisa.

La propia Comisión de Igualdad del instituto Gómez Moreno publicó ayer un comunicado en el que querían “denunciar que la desautorización del acto” les resultaba “injusta porque atenta contra la autonomía de los centros públicos y contra la libertad de expresión y de cátedra”. Además, concluía la nota, “nos duele profundamente la falsa acusación de adoctrinamiento, cuando estamos cumpliendo con orgullo y profesionalidad con nuestra labor docente y con la legislación vigente”.

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