Inspección de Trabajo exige a Metro de Madrid que realice reconocimientos médicos a sus maquinistas por amianto
El organismo obliga al suburbano a que aplique a estos trabajadores la Vigilancia Sanitaria Específica del Amianto (VSEA) en un plazo máximo de dos meses
A finales de junio, Metro de Madrid indemnizó por primera vez a los familiares de un fallecido por amianto sustancia. Ahora, la Inspección de Trabajo obliga al suburbano madrileño a a realizar reconocimientos médicos a quienes son o han sido en algún momento de las últimas décadas maquinistas o instructores de maquinistas. Así lo ha anunciado este viernes el sindicato de estos profesionales a través de un comunicado.
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A finales de junio, Metro de Madrid indemnizó por primera vez a los familiares de un fallecido por amianto sustancia. Ahora, la Inspección de Trabajo obliga al suburbano madrileño a a realizar reconocimientos médicos a quienes son o han sido en algún momento de las últimas décadas maquinistas o instructores de maquinistas. Así lo ha anunciado este viernes el sindicato de estos profesionales a través de un comunicado.
Este organismo obliga al transporte público madrileño a informar en el plazo de un mes a aquellos que desarrollan o han desarrollado la labor de maquinistas que “están expuestos o son susceptibles de estar expuestos a fibras o polvo de amianto” y, en el plazo máximo de dos meses, a aplicarles los protocolos correspondientes a la Vigilancia Sanitaria Específica del Amianto (VSEA).
Metro de Madrid también tiene que elaborar en el plazo de dos meses “una lista con nombre y apellidos” de todas las personas que han trabajado en el pasado como Maquinista de Tracción Eléctrica o Instructor de Maquinistas y “remitirla a la Autoridad Sanitaria para que se les pueda realizar controles médicos preventivos a través del Sistema Nacional de Salud en los servicios especializados de neumología u otros relacionados con patologías por amianto, y que cuenten con los medios adecuados”.
“Por desgracia, queda mucho por hacer. Llevamos años intentando dialogar y buscar una solución, pero no es posible y todo este asunto lo tenemos que judicializar y resolver por la vía penal”, lamenta por teléfono Juan Carlos de la Cruz, secretario de Comisiones Obreras en Metro.
Desde al menos principios de los noventa, Metro sabe que hay amianto en su red y que esa sustancia es tóxica para sus empleados, pero la empresa pública habló por vez primera con ellos sobre el asunto en 2017. Desde entonces, una decena de trabajadores o extrabajadores de la compañía se ha visto afectados, aunque la cifra podría aumentar.
En esa primera indemnización que ha tenido que hacer frente la Comunidad de Madrid, se han abonado algo más de 190.000 euros (193.054,14 euros) a los familiares directos de Julián Martín, fallecido en 2018, debido a los daños que les produjo el ocultar durante décadas la presencia de amianto en su red. “No existen negociaciones con los representantes legales de los trabajadores para buscar una compensación conjunta, los responsables de Metro solo lo hacen en casos individuales, cuando se ven acorralados”, recuerda De la Cruz.
Una juez ha imputado a siete trabajadores de la empresa pública acusados de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia y delitos contra los derechos de los trabajadores. La instrucción arrancó el pasado diciembre, pero las comparecencias se suspendieron por la pandemia y se retomarán a finales de septiembre, según una providencia emitida en junio.
Inspección de Trabajo ya multó en 2018 a Metro de Madrid con 191.000 euros por no tomar medidas de seguridad con los trabajadores expuestos al amianto.