Malestar en los Ayuntamientos por la propuesta del Gobierno regional de usar a su personal como rastreadores

La página 20 de la edición de este miércoles del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) se convirtió de manera sorpresiva en una de las más leídas durante toda la jornada entre alcaldes, concejales y personal adscrito a los Ayuntamientos. El Gobierno regional, de la mano de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, publicaba una orden en la que deja abierta la posibilidad de que sean los consistorios de la región los que destinen a sus trabajadores para que hagan funciones de rastreadores para el seguimiento de los enfermos de la covid-19. La medida sentó especial...

La página 20 de la edición de este miércoles del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) se convirtió de manera sorpresiva en una de las más leídas durante toda la jornada entre alcaldes, concejales y personal adscrito a los Ayuntamientos. El Gobierno regional, de la mano de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, publicaba una orden en la que deja abierta la posibilidad de que sean los consistorios de la región los que destinen a sus trabajadores para que hagan funciones de rastreadores para el seguimiento de los enfermos de la covid-19. La medida sentó especialmente mal en las corporaciones locales gobernadas por el PSOE, mientras que en las del PP lo vieron como una medida de arrimar el hombro para solucionar la pandemia.

La orden publicada este miércoles recoge entre “las medidas de refuerzo de las funciones de rastreo y seguimiento de contactos de casos positivos” que los Ayuntamientos podrán destinar a su personal de manera voluntaria a estos trabajos. El objetivo es “mejorar la eficacia de los sistemas de control y vigilancia” tanto de los casos positivos, probables o posibles de covid-19 detectados “en su ámbito territorial”. Eso sí, todo ello se haría “bajo la dirección, supervisión y dependencia funcional” de la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad. Las funciones atribuidas además se ajustarán “preferentemente a las del cuerpo, escala, clase de especialidad, categoría, subgrupo profesional o funciones que desempeñe el personal afectado”. Los empleados municipales recibirán sus sueldos íntegros, a los que se podrían sumar los pluses necesarios por sus funciones de rastreadores.

Sin respuesta

La noticia cayó por sorpresa en la mayoría de los Ayuntamientos, que desconocían que la medida iba a recaer sobre ellos. La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, que ya emprendió una batalla judicial contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por el abandono de las residencias de mayores de su municipio, calificó de “sinvergonzonería” la obligación aprobada este miércoles. “Hace 13 días que le mandé una carta al consejero de Sanidad para ver cuántos casos reales había en Alcorcón y los medios y los dispositivos con que contaban en caso de que hubiera un nuevo rebrote, además de fijar un protocolo de actuación y vías de comunicación. No he recibido ninguna respuesta y ahora se descuelgan con esto”, protestaba la regidora. De Andrés recordó que los Ayuntamientos tienen las plantillas muy ajustadas y que tampoco han definido el perfil del rastreador: “¿Qué buscan un conserje, un policía o un arquitecto?”.

Santiago Llorente, alcalde de Leganés y que también ha iniciado un recurso judicial por los geriátricos de su localidad, se enteró de la medida por los medios de comunicación y se mostró molesto por el exiguo número de rastreadores que hay en la región (142 el pasado viernes) y que ahora se eche la responsabilidad a los Ayuntamientos. “No se puede gobernar a golpe de boletín oficial. Alguien se debería sentar y establecer un protocolo porque nuestros trabajadores no están preparados para hacer de rastreadores. También hay que estudiar cómo se centraliza la información”, añadió Santiago Llorente.

En el vecino municipio de Móstoles, el segundo más poblado de la región, también reprocharon que no se consultara con carácter previo a los Ayuntamientos. Una portavoz municipal explicó que iban a estudiar el contenido de la orden antes de valorarla.

“Estrategia común”

Las protestas también le cayeron a Díaz Ayuso por parte del alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala. “Una vez más, la Comunidad de Madrid actúa desde la improvisación y sin una estrategia compartida con las Administraciones locales. No es novedad, llevamos cinco meses en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido ningún tipo de comunicación con los alcaldes y las alcaldesas. No cuenta con las Administraciones locales ni siquiera cuando necesitan a sus trabajadores y trabajadoras, por lo que exigimos una reunión urgente de la presidenta con los Ayuntamientos a través de la FMM para poner en marcha una estrategia común”, afirmó Ayala. “No es de recibo que el Gobierno regional tape su inacción y sus carencias a costa de los Ayuntamientos. Lo siguiente será culpar a las ciudades y los municipios de que no hay suficientes rastreadores”, apostilló.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios (PSOE), recordó que esta medida era especialmente gravosa para los municipios más pequeños, dado su exiguo número de trabajadores municipales. “Los Ayuntamientos siempre estamos para ayudar, pero por cada funcionario que pongamos nosotros que también ponga uno la Comunidad de Madrid. Además, en lugar de gastarse 50 millones en un hospital de pandemias, que abran las urgencias de atención primaria”, criticó Palacios.

En Torrejón de Ardoz, gobernado por Ignacio Vázquez Casavilla (PP), la noticia no cayó de nuevas. Un portavoz del equipo de gobierno informó de que sí conocían la propuesta de los rastreadores municipales y que desde este miércoles mismo estaban viendo cómo podían ponerla en marcha y con qué viabilidad. “La valoramos positivamente. Todo lo que sea que todas las Administraciones puedan aportar sus capacidades y sus posibilidades para salir de esta pandemia se verá de forma positiva”, añadió el portavoz municipal. Torrejón ha sido el único municipio de la región que ha recibido el visto bueno de la Comunidad de Madrid para hacer un test masivo a toda su población, pese a las solicitudes de otros Ayuntamientos.

Este periódico intentó recabar, sin éxito, la versión de otros Ayuntamientos como el de Pozuelo de Alarcón, gobernados por el PP.